Movimiento Ecosocialista, Colombia
18 de mayo 2021
“El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.” Boaventura Dos Santos.
El 28 de Abril de 2021 marcó una nueva etapa en la historia de la movilización y el ejercicio de la protesta social en Colombia. El paro nacional convocado por las centrales obreras terminó convirtiéndose en un gran levantamiento popular. Ese mismo día las ciudades capitales presenciaron movilizaciones de trabajadores, de informales, estudiantes, organizaciones barriales, de mujeres, comunidades indígenas y afros; una expresión social diversa y plural de un pueblo desesperado y acorralado por la implementación durante décadas de las políticas neoliberales y que durante la pandemia fue abandonado a su propia suerte. Este levantamiento popular tiene una línea de continuidad con las movilizaciones urbanas del 21 de Noviembre del 2019, pero, en esta ocasión, se sumaron las ciudades intermedias y las zonas rurales. Hubo protestas callejeras en 600 municipios y el número de manifestantes alcanzó aproximadamente los cinco millones de personas.
Esta protesta masiva ya ha logrado resultados. La caída de la reforma tributaria, la salida del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y de su equipo económico, el abandono del cargo de la Canciller Claudia Blum, el empantanamiento de las reformas de la salud, pensiones y laboral en el Congreso que hacen parte del “Paquetazo” del gobierno de Duque exigido por las calificadoras de riesgo y el FMI.
Estos resultados han sido obtenidos a pesar del despliegue policial y militar sin precedentes en el país autorizado por el gobierno en contra de la movilización social. Los 50 asesinatos, 400 desaparecidos, los centenares de heridos y decenas de mujeres abusadas sexualmente que en el caso de Alisson Meléndez de 17 años de edad, violentada en una Unidad de Respuesta Inmediata-URI- en Popayán, que la llevó a la decisión trágica de suicidarse, han sido la consecuencia de un tratamiento de guerra civil que el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la policía, el ejército y civiles armados le han dado a la protesta ciudadana. En el caso de Cali la represión incluyó la utilización de armas largas, granadas y gases sobre los cuerpos de los manifestantes y los barrios o unidades residenciales circunvecinas e incluso ametrallamiento desde helicópteros militares como ocurrió en Siloé. En las afueras de Buga, en la carretera Panamericana, también fueron utilizadas unidades militares aéreo transportadas y los barrios cercanos aún se encuentran rodeados por el ESMAD y atacados con gases y armas explosivas. En Popayán la respuesta militarista al levantamiento de indignación popular causado por los abusos de la policía ya han costado un estudiante muerto, desaparecidos y heridos. En Yumbo ha ocurrido algo similar. Estos “teatros de operaciones” militares fueron autorizados de manera personal y directa por el Presidente Iván Duque , el comandante general de las Fuerzas armadas Eduardo Zapateiro, el director general de la policía Jorge Luis Vargas a lo que debe sumarse la responsabilidad por omisión de los alcaldes locales quienes entregaron el control del “orden público” de las ciudades sin siquiera discutirlo. Todos ellos son responsables de genocidio, de terrorismo en contra de los pueblos y deben ser juzgados como tales ante la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales creados para el efecto.
Esta barbarie militarista confirma que estamos asistiendo al colapso del llamado “Estado de Derecho” y confirma que existe una separación abismal entre las instituciones de una democracia representativa precaria y las exigencias sociales de la mayoría de los colombianos.
La aplicación sistemática y programada del terrorismo de Estado evidencia igualmente la crisis del capitalismo periférico en el país asociada con la peor crisis económica en la historia del capitalismo, agravada por la pandemia del Covid-19.Hemos llegado al punto del callejón sin salida de un Estado y unas elites incapaces de resolver las necesidades más elementales de la población, ahora, en el mediano y en el largo plazo.
El estallido social desbordó las formas clásicas de la movilización popular, posibilitó expresiones de solidaridad como en el caso de la presencia de la “Minga” indígena en Cali y puso al bloqueo en las ciudades y su defensa (las barricadas) como puntos claves de un verdadero paro nacional.
Quienes han liderado los bloqueos, la llamada “primera línea” está constituida por jóvenes marginados por el neoliberalismo, carentes de salud, educación y trabajo que llegan a la protesta por indignación, unidos por la desesperanza. No creen en las instituciones convencionales, tampoco en los partidos políticos, bien sean de izquierda o de derecha. Se organizan “desde abajo” en procesos lentos de coordinación dadaslas exigencias de la resistencia callejera auto convocándose; rechazan los liderazgos personales, proclaman la “horizontalidad” en la toma de decisiones y han ganado una gran legitimidad social en los barrios en dónde operan y facilitan la realización de asambleas populares. Estos bloqueos urbanos tal y como lo afirmó en declaraciones públicas el arzobispo de Cali Darío Monsalve “constituyen casi la única manera que tienen los activistas del paro de hacerse oír…” y surgieron adicionalmente como respuesta al asedio de las Fuerzas Armadas sobre las ciudades.
El hecho de que desde el inicio de las jornadas de protesta ya contabilizamos más de dos semanas y que los bloqueos vienen siendo utilizados por el gobierno, los empresarios y comerciantes locales para presentarlos ante la población como los responsables de la carestía de artículos de primera necesidad y de combustibles, a pesar de que han sido habilitados “corredores humanitarios” por parte de los manifestantes, ha abierto,la discusión sobre la oportunidad de mantenerlos. Al respecto, consideramos que cualquier decisión sobre este asunto debe estar precedida de garantías de no judicialización, ni de criminalización para la totalidad de quienes lideran los bloqueos, supervisadas por organismos de derechos humanos y en lo posible con veeduría internacional y con compromisos explícitos del gobierno nacional y los mandatarios locales sobre sus demandas. Lo que ha venido ocurriendo en Cali después del fracaso de la mesa negociadora que se intentó con la alcaldía es contrario a lo que requerimos para encontrar salidas a la actual situación. Los líderes barriales que asistieron a la convocatoria fueron detectados y actualmente son detenidos por la policía en sus casas para judicializarlos.
En lo que se refiere a la decisión política de terminar con los bloqueos consideramos que ésta debe corresponder a quienes han venido organizándolos como forma de resistencia legítima, es decir, a los miembros de las primeras líneas y de apoyo logístico cercano. Quienes han liderado los enfrentamientos callejeros y han colocado los muertos, los heridos y los desaparecidos son los que tienen la autoridad moral para tomar esta decisión. Lo mismo debe decirse sobre los bloqueos a carreteras impulsados por transportadores y campesinos.
Las gigantescas marchas que hemos presenciado en Ibagué, Neiva y Bogotá en los últimos días y las organizaciones sociales que se han sumado como los transportadores en todo el país y los campesinos cocaleros en suroccidente confirman que este levantamiento popular se encuentra en ascenso, razón por la cual consideramos que el factor decisivo es la apertura de alternativas políticas “desde abajo” a la crisis del capitalismo periférico en el país. Está mostrando que la auto organización y la democracia directa que se expresa en múltiples formas de resistencia caminan hacia la consolidación de una “institucionalidad paralela” que desborda los estrechos límites de la democracia representativa. Este levantamiento superó la representatividad tradicional de las organizaciones sindicales y el Comando Nacional de Paro, confirmando que su estrecho accionar reivindicativo las deja por fuera de las exigencias del amplio espectro popular. El 1 de Mayo lo evidenció de manera dramática. Mientras en las refriegas callejeras la brutalidad policial ya contabilizaba muertos y desaparecidos las centrales sindicales convocaron a una celebración del día de los trabajadores con “desfile virtual”. La desconfianza de los líderes barriales y populares con las negociaciones que intenta desarrollar el comité de paro parten de esta realidad.
El levantamiento popular demuestra igualmente la incapacidad de un congreso y unos partidos políticos atrapados por la corrupción y los compromisos con los negocios de los grandes capitalistas, al igual que unos organismos de control y unas altas cortes que han jugado el papel de cómplices ante la barbarie militarista que actualmente presenciamos. Por ello, ha abierto una crisis institucional que puede terminar en la renuncia del Presidente Duque. El desarrollo de los acontecimientos y las correlaciones de fuerza que se establezcan en el futuro inmediato determinarán si es posible concretar esa posibilidad que implica un golpe certero al Régimen Político neoliberal y militarista. Estamos de acuerdo en que es necesario plantearla desde ya tal y como lo vienen proponiendo, cada vez con más fuerza, organizaciones políticas y sociales. Desconocer esa posibilidad argumentando que produciría un “vacío institucional”, que en secuencia estaríamos ante el arribo al Palacio de Nariño de la vicepresidenta o del Presidente del Congreso que supuestamente son peores que Duque, o que una vez producida la renuncia se abriría el camino del golpe militar, razones por las cuales es necesario “defender a Duque del uribismo” que lo colocó en el poder no sólo lo exime de responsabilidades políticas, frente al asesinato colectivo contra el pueblo inerme, como jefe de las fuerzas armadas, sino que, parte del criterio equivocado de que la profundización de la crisis institucional que abriría el derrocamiento popular de un gobierno reaccionario como el de Duque, algo inédito en la historia del país, sólo podría resolverse en el marco de la misma institucionalidad que se desploma.
Por el contrario, consideramos que un triunfo popular de esas características abriría grandes posibilidades al accionar político autónomo de la población y el camino a la convocatoria de una Asamblea Constituyente y Popular. Sería la mejor manera de aislar y derrotar a la reacción política y a los golpistas, en momentos en que se cuenta con una inmensa solidaridad popular a nivel internacional.
Los líderes sociales y populares también han enfatizado en las siguientes reivindicaciones económicas y sociales que acompañamos y que pueden conformar una plataforma mínima y de urgencia ante el empobrecimiento al que han sido sometidos millones de colombiano(a)s a causa de las políticas neoliberales que continúan imponiéndose por el Gobierno de Duque:
-Judicialización y sanción a los responsables de los asesinatos y las desapariciones ocurridas durante la militarización de la protesta social. Castigo a los responsables de violaciones sexuales a mujeres. Desmonte del ESMAD y transformación de la policía en un organismo de carácter civil dependiente del Ministerio de Gobierno. Detener el asesinato y las masacres de líderes sociales. Propiciar un acuerdo humanitario desde ya con todos los grupos armados en la perspectiva de encontrar una salida al conflicto que debe concluir en mesas de negociación diferenciadas conforme a las características de cada grupo.
– Básica de Emergencia para informales y desempleados. Para conseguir este objetivo es necesario suspender el pago de la deuda pública que en la actualidad representa el 63% del Producto Interno Bruto y realizar una reforma tributaria democrática y redistributiva que establezca un impuesto al patrimonio a los ricos y super ricos, no descontable del impuesto a la renta; impuesto a los dividendos empresariales y a las herencias, así como la eliminación de las exenciones tributarias a las grandes empresas y al sector financiero.
-Cumplimiento de los acuerdos de paz particularmente en lo referente a la sustitución voluntaria de cultivos y en la implementación de proyectos colectivos que mejoren el nivel de vida de las comunidades campesinas y étnicas, basados en la soberanía alimentaria.
-Programa de generación de empleo para jóvenes, ampliación de la cobertura y financiación de la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas.
¡Fuera el gobierno genocida de Iván Duque!
¡Por una salida alternativa a la actual crisis … Asamblea Constituyente y Popular!
