La desigual batalla de la campesina Francisca Ramírez, frente al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha trascendido hasta el punto que desde el corazón político de Europa se aboga por su seguridad y sus derechos.
José Adán Silva
Inter Press Service (IPS), Managua, 23-2-2017
¿Quién es ella y por qué el Parlamento Europeo demandó a Nicaragua el 16 de febrero que proteja su vida y sus derechos junto a los de miles de campesinos de comunidades rurales del centro-sur de este país centroamericano?
Ramírez es una agricultora de ascendencia indígena, de 40 años, que ha vivido toda su vida en las entrañas del municipio agrícola de Nueva Guinea, en la Región Autónoma del Caribe Sur, a unos 280 kilómetros de la capital.
Ella narró a IPS en una entrevista que su familia ha vivido siempre en esa localidad rural, escenario de cruentos combates en la guerra civil de los años 80.
A los 8 años su padre los abandonó y su madre debió emplearse como jornalera, mientras Ramírez se hacía cargo de sus cinco hermanos menores.
Tras sobrevivir a la guerra impulsada desde Estados Unidos contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990), Ramírez aprendió las labores agrícolas, se casó a los 18 años, tuvo cinco años, y con el esfuerzo de todos, la familia adquirió algunas tierras y mejoró sus condiciones de vida.
Ortega, quien gobernó el país en ese periodo, tras el derrocamiento de la dictadura dinástica de Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y en enero inició un tercer mandato consecutivo, tras ganar unos cuestionados comicios, donde la oposición fue excluida, apoyado en una alianza cívico-militar que controla todos los poderes.
Ramírez era feliz con su vida hasta 2013. “Nos avisan por la radio que se va construir un canal y a mí me pareció bien importante porque decían que todos íbamos a dejar de ser pobres”, relató.
Luego, poco a poco, las noticias fueron cambiando su percepción sobre el proyecto de construir el interoceánico Gran Canal de Nicaragua, entregado en concesión al grupo chino HKND en 2014, y comenzó a hacer preguntas que nadie le respondía.
Un día, la mala suerte tocó su puerta: delegaciones de funcionarios públicos que nunca habían visto en su comunidad, junto a policías y militares, acompañaban a delegaciones de chinos que hacían mediciones y cálculos sobre las propiedades campesinas.
“La ruta del canal pasa por su propiedad y todos ustedes van a ser trasladados a una ciudadela (asentamiento)”, le dijeron.
La Ley 840, que en 2013 dio vida al megaproyecto de más de 50.000 millones de dólares y que ella apenas logró entender con sus escasos tres años de escolaridad, no dejaba dudas: le pagarían por sus tierras un precio que el Estado considerara “adecuado”.
Y comenzó la resistencia. “Al inicio era alegría aquí, todos decíamos que al fin llegaría el progreso, pero cuando empezaron a venir los soldados y los policías prepotentes custodiando a los chinos, toda la comunidad se resistió a dejarlos pasar a sus casas y empezamos a protestar”, dijo.
Desde entonces, aseguró que la respuesta oficial fue la misma: represión, acoso, hostigamiento y amenazas a los campesinos que se oponen a entregar sus tierras.
Ramírez cuenta que se enlistó como activista en el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, una iniciativa de la sociedad civil para organizar el movimiento campesino en defensa de sus tierras y derechos.
Una de las muchas marchas de campesinos que han llegado en Managua desde la costa caribeña del sur de Nicaragua, contra la construcción del canal interoceánico, que desplazaría a miles de familias rurales y ocasionaría graves daños ambientales. Crédito: Carlos Herrera/IPS
Luego esos líderes fueron siendo apresados, amenazados, intimidados y reprimidos por las fuerzas policiales y militares del gobierno, y Ramírez se vio de improviso al frente de las protestas en 2014.
Su liderazgo llamó la atención de los medios de comunicación y de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacionales e internacionales.
Pronto las marchas campesinas anticanal se convirtieron en símbolo de resistencia y sumaron más personas, transformando a ese movimiento en la fuerza social de resistencia más importante que enfrentó Ortega en sus 10 años de poder.
El movimiento campesino contra el canal “es la organización social más fuerte que existe actualmente en Nicaragua. Al interior de cada movimiento surge un liderazgo auténtico y genuino, eso es lo que representa la señora Ramírez. Es la oposición social más importante del país”, valoró a IPS el sociólogo Oscar René Vargas.
El presidente “tiene conciencia que es la fuerza social más importante que enfrenta su gobierno”, aseguró.
La admiración que despierta Ramírez, por su capacidad de organizar y encabezar más de 90 marchas en el país, ha desatado la irritación del poder.
Más de 200 campesinos han sido arrestados, unos 100 fueron golpeados y heridos de bala y el gobierno ha convertido la zona en estado de sitio militar, sin financiar proyectos sociales, según datos del movimiento.
Retenes policiales en toda la ruta a Nueva Guinea y cercos militares en sus alrededores, dan la impresión de que se está en una zona de guerra.
Ramírez no ha escapado de la violencia y el hostigamiento: su casa ha sido allanada sin órdenes judiciales, sus hijos y parientes perseguidos y amenazados por agentes de inteligencia y policías en uniforme; sus bienes y objetos de comercio, como alimentos e insumos, han sido incautados y dañados y ella ha sido acusada hasta de actividades terroristas.
El penúltimo episodio ocurrió en diciembre, durante una visita a Nicaragua del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para dialogar con Ortega sobre las denuncias de atropello a la democracia.
Ramírez quiso reunirse con Almagro y para evitar convoyes policiales sitiaron la comunidad y reprimieron a miembros del movimiento, narró la lideresa campesina.
Además, semidestruyeron el puente principal para salir de la zona, mientras retenes militares retenían a cualquier presunto integrante del Consejo.
Los propios vehículos de trabajo de Ramírez fueron confiscados, usados para movilizar tropas y luego dañados, según aseguró Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos.
“El gobierno de Ortega ha tratado con saña a Francisca Ramírez y los campesinos que la siguen. A ella le han violado todos sus derechos, desde el derecho a la protesta hasta el derecho a la movilización y nosotros tememos que le violen el derecho más sagrado que tiene: la vida”, dijo Carrión a IPS.
En la oscuridad, por trochas y a pie, Ramírez cruzó un río profundo, donde casi se ahoga, para escapar del cerco y viajar disfrazada y oculta en un camión hasta Managua, donde logró reunirse el 1 de diciembre con Almagro y narrarle los atropellos de que ella y otros han sido víctimas por rechazar entregar sus tierras.
El 16 de febrero, el Parlamento Europeo emitió su resolución de condena por la falta de protección de los defensores de los derechos humanos en Nicaragua, haciendo especial referencia al caso de Ramírez y lamentando el deterioro del Estado de derecho y la democracia en el país.
Los eurodiputados instaron al gobierno a “abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, la coordinadora del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía”.
“Ramírez fue detenida e intimidada tras presentar una queja formal por las agresiones perpetradas en la región de Nueva Guinea en diciembre de 2016, y también su familia ha sido objeto de ataques violentos como represalia”, denunció el Parlamento Europeo.
Mientras el gobierno guardó silencio sobre este pronunciamiento, para la activista social Mónica López, el hecho fue una victoria del movimiento campesino.
“Sin dudas algunas, el pronunciamiento es una victoria social y política para el movimiento campesino anticanal, una condena a Nicaragua y una alerta mundial sobre lo que ocurre contra los movimientos indígenas y campesinos en Nicaragua”, dijo López a IPS.
El gobierno reitera que el proyecto del canal sigue adelante, aunque lleva un año sin avances visibles, y defiende que está destinado a acabar con la pobreza que afecta a más de 40 por ciento de los 6,2 millones de habitantes de este país centroamericano.
