Esta semana, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, llamó al Estado colombiano a detener «la horrenda violencia» a manos de grupos armados y el abandono que padecen amplios sectores de ese país. El organismo denuncia la ejecución sistemática de masacres y el asesinato de centenares de líderes sociales. La siguiente historia refleja la situación que se vive en las zonas rurales colombianas
Bibiana Ramírez
Brecha, 18-12-202
En redes sociales circuló un video con la imagen de un niño llorando y gritando, desesperado, golpeando pisos y paredes. A su lado yacía su madre, asesinada minutos antes tras un ataque sicarial. Los hechos sucedieron el 21 de junio de 2019, en Tierralta, Córdoba. La mujer asesinada es María del Pilar Hurtado, quien estaba liderando la toma de un predio de 14 hectáreas contiguo a la zona de invasión más grande del municipio, conocida como Nueve de Agosto, donde ella residía, junto a su esposo y sus cuatro hijos.
Todo empezó el 25 de mayo del año pasado, cuando una vecina le dijo a María del Pilar, quien salía a trabajar en la mañana con Manuel Berrío, su esposo, que estaban invadiendo un lote de tierra. «Ella me dijo: “Papi, yo me voy, váyase usted a reciclar, yo me voy por el lote”. Cuando pasé por la tarde vi ese poco de gente. Allá la pusieron como líder, hablaba duro, todos alrededor de ella», recuerda Manuel.
Es un terreno plano que, a simple vista, se dimensiona de gran tamaño, donde cabrían las 250 familias que querían invadirlo y sobraría espacio. Esta propiedad es vecina a una zona marginal donde la mayoría de las casas son de madera, algunas cubiertas con lonas o plásticos, los pisos de tierra y no hay alcantarillado óptimo, razón por la cual pululan los malos olores y las enfermedades.
Pasaron varios días y la gente empezó a demarcar sus pequeños lotes en la propiedad que pertenece a Fabio Otero Paternina, padre de Fabio Otero Avilez, alcalde de Tierralta para el período 2016-2019. Con la ayuda de María del Pilar y otros líderes del municipio, se organizaron para que la tierra fuera distribuida equitativamente. El que sería su lote estaba justo frente a su casa, tan sólo era cruzar la calle.
Orden de desalojo
El 30 de mayo, el alcalde Otero convocó un consejo de seguridad y dio instrucción a la Policía para que desalojara a las personas de ese y otros tres lotes, todos privados, que estaban siendo invadidos por campesinos, personas desplazadas de algunas zonas cordobesas agobiadas por la guerra y algunos migrantes de nacionalidad venezolana.
Ese mismo día, circuló un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que tienen pleno dominio criminal en la región, con el que amenazaban a Albeiro Begambre, secretario técnico del Consejo de Paz de Tierralta, y a otros líderes defensores de los derechos humanos, a quienes acusaron de «financiar las invasiones»; también incluyeron a quienes lideraban a las familias. A todos les dieron un plazo de 24 horas para que desocuparan esos terrenos. «Nosotros no estamos con rodeos, nosotros vamos es matando [sic] y recuperando el control, y si buscan que el pueblo se caliente, pues que se caliente esta mierda. Después de esta hora, a quien encontremos en estas invasiones lo declaramos objetivo militar. Por culpa de ustedes tenemos a la Policía, el Ejército y inteligencia [sic] en el pueblo detrás de nosotros», se leía en el panfleto.
El 2 de junio se hizo realidad la orden del alcalde. Llegó un piquete del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional con la tarea de desalojar a los ocupantes del lote de su padre. Algunos invasores respondieron con piedras. La trifulca dejó heridos de lado y lado, además de cuatro personas capturadas. Ese mismo día, hombres armados asesinaron a uno de los ocupantes de otro lote privado que también estaba siendo invadido cerca del Nueve de Agosto. Los dueños de ese predio son miembros de la familia Rueda Salas, quienes se pronunciaron en redes sociales pidiendo el desalojo voluntario o, de lo contrario, lo harían por la fuerza, tal cual sucedió. Al día siguiente, asesinaron en el Nueve de Agosto a otro hombre que estaba ocupando el predio de Otero Paternina.
Amenaza cumplida
Ante esos hechos, los que buscaban un pedazo de tierra perdieron la esperanza de tener un espacio para vivienda, aunque algunos intentaron volver a entrar en los días siguientes. «Después de esas muertes, María del Pilar recomendó parar un poco porque esto estaba peligroso. Como a los 15 días fue que la mataron. Ahí sí dejamos la cosa quieta, todo el mundo se asustó. Yo también me llené de miedo y no dormía en la noche, pensando en que también me iban a matar», recuerda una de las vecinas.
Ese 21 de junio está muy presente en la vida de Manuel, a tal punto que aún llora cuando recuerda lo sucedido. «Eran las 6.40 de la mañana cuando se me arrimó un amigo y me dijo: “Acabaron de matar a su mujer”. No puede ser, ¡ay, Dios mío! A mí se me cayó todo, se me fueron las luces. Corrimos. Me volvieron a decir, “acabaron de matar a su mujer”. Llegué y estaban los niños llorando. Un gemelito se tiraba al piso, gritaba. Ella era el motor mío, el apoyo para mí.»
Dos hombres llegaron en una moto, le propinaron cuatro tiros y huyeron. La gente, asustada, no supo qué hacer. Manuel llamó a una sobrina para que se llevara los niños. El cuerpo de María del Pilar fue trasladado a Puerto Tejada, donde su madre, en medio del dolor, enterró a su tercer hijo. Los gemelos, que presenciaron la muerte de su mamá, tenían 12 años de edad. Uno de ellos se quedó sin habla por varios meses. Así de profundo fue el impacto.
Guardar silencio
Días después del asesinato, nadie quería salir de su casa. Algunos afirman que seguían pasando hombres en moto, como dando ronda. Darío, el líder que también habita en el barrio Nueve de Agosto, vio con preocupación este hecho: «Por las tomas de esas tierras fueron asesinadas tres personas, ahí no hubo negociación o una persona doliente que fuera a dialogar con la gente y buscara una salida».
Manuel se quedó en el municipio, aunque se fue a vivir a la casa de su hermana, con la esperanza de mejorar su casa y cumplir el sueño de María del Pilar: tener un lugar para su familia. Intentó buscar información para identificar a los que habían matado a su esposa, un desafío donde las AGC imponen sus condiciones. «Yo preguntaba por ahí qué sabían. Un día yo iba en una moto para donde mi hermana y nos alcanzó otra moto con dos personas. El de atrás me dijo que era mejor que dejara eso, que si seguía averiguando, no respondía. El que manejaba la moto, donde yo iba, le dijo que por qué, si estamos en un país libre. El otro dijo: “Lo único que le digo es eso”, y se fueron», recuerda Manuel. Días después abandonó Tierralta, dolorido por tanto silencio.
Sometidos por los fusiles
Durante las negociaciones que desembocaron en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC, líderes y lideresas del sur de Córdoba recuerdan haber experimentado un ambiente de calma, pero no una paz plena, debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales, que limitan la labor de los voceros de las comunidades y de las organizaciones sociales, y les generan graves riesgos. La confrontación en los últimos años entre grupos herederos del paramilitarismo, guerrillas, disidencias de las extintas FARC y la Fuerza Pública ha sido particularmente grave para las comunidades y sus voceros en regiones como la de San Jorge, poblada por campesinos e indígenas.
El coronel Jairo Alfonso Baquero, comandante de Policía de Córdoba, sostiene que las agresiones contra líderes y lideresas estarían relacionadas con el control territorial sobre zonas integradas a rutas de producción y comercialización de cocaína, y precisa que la mayoría de los hechos violentos han tenido lugar en áreas rurales de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta.
Sin embargo, el narcotráfico es apenas una de las piezas del cuadro de violencia cordobesa. Oposición a proyectos mineros, implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, representación en juntas de acción comunal y la constante defensa de los derechos humanos también incomodan a los que ejercen el poder ilegal, quienes recurren a amenazas, estigmatizaciones, atentados, asesinatos y desplazamientos forzados para afectar a las comunidades y a sus voceros. La organización Somos Defensores, que documenta la situación de riesgo de líderes y lideresas sociales desde 2002, asevera que, de los 16 asesinatos de líderes sociales en el departamento desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, hasta el pasado 30 de junio, por lo menos 13 han ocurrido en el sur de Córdoba.
(Tomado de los artículos «María del Pilar Hurtado, un liderazgo espontáneo que le costó la vida» y «Liderazgos sometidos por los fusiles», publicados originalmente en Verdad Abierta. Brecha reproduce fragmentos. Titulación propia.)
