«La intervención ilegal está apoyada por la Gobernación Provincial»
RADIO DEL MAR
Como un hecho gravísimo han calificado las organizaciones, las comunidades, los y las vecinas del Alto Huasco la inexplicable continuidad de la intervención social por parte de Barrick Gold en el territorio, a solo tres semanas de emitida la Sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Pascua Lama que estipula su clausura definitiva y, en consecuencia, el cese de su actuación en el Valle del Huasco.
Entre la última semana de septiembre y los primeros días de octubre, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto comenzó a recibir una serie de llamados de vecinos y vecinas, quienes alertaban atónitos de un hecho a todas luces fuera de toda lógica y comprensión: Barrick Gold estaba entregando cajas de mercadería en las localidades de la comuna de Alto del Carmen. «¿Pero cómo? ¿Acaso no se había cerrado?»-decían desde el otro lado del teléfono.
Una semana después, los mismos vecinos recibieron una carta que deja en clara la enorme gravedad del asunto (ver carta completa en link: https://drive.google.com/file/d/11LQiC3f5JevJRAHJFpk2sE6ub0AURyuf/view?usp=sharing) se trata de una acción coordinada con la Gobernación Provincial, lo que configura una grave ilegalidad pues vulnera el principio de probidad e imparcialidad.
Es necesario recordar que el proyecto Pascua Lama está definitivamente clausurado. Sin embargo, el 18 de septiembre la trasnacional –por medio de un comunicado público dónde da a conocer que acepta el fallo del Tribunal– confirmó su interés en la zona y en el país (ver declaración en: https://www.barrick.com/Spanish/noticias/news-details/2020/Barrick-acepta-el-fallo-del-Tribunal-Ambiental-y-continua-en-busca-de-nuevas-oportunidades-en-Chile/default.aspx). Estamos enterados como comunidad de que la empresa tiene algunos proyectos en etapa de exploración. Por lo tanto, de seguir su curso, en un futuro Barrick deberá ingresar dichos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuestión que requiere el pronunciamiento y la evaluación de todos los organismos del Estado, ministerios y municipios locales. Por consiguiente, cualquier convenio que, previo a ello, mantenga esta empresa con dichos organismos y autoridades conforma una ilegalidad que no puede continuar.
A modo de antecedente, hace dos meses las cajas de mercadería de emergencia entregadas por el Gobierno a los adultos mayores de la Comuna de Alto del Carmen fueron cambiadas por cajas entregadas directamente por Barrick. Y no hay claridad de si el mandato es solo por parte de la Gobernación o también proviene del propio Municipio de Alto del Carmen.
Esta situación de intervención post fallo genera impactos graves en la comunidad y se considera una verdadera provocación. En 20 años, la presencia de esta empresa provocó quiebres familiares, comunitarios, organizacionales y, en definitiva, rompió gravemente el tejido social, razón por lo cual ha sido sindicado como un verdadero «invasor», que solo aporta división y conflictos. «Barrick nos sigue faltando el respeto y nos trata de vecinos y vecinas; ¿qué más tiene que pasar para que dejen de reírse en nuestra cara? Nunca han sido nuestros vecinos, y ahora que nos contaminaron y destruyeron todos nuestros ecosistemas ¡con menor razón! Límpiense la boca antes de hablar de «nuestros» adultos mayores. Cuando arrojaron aguas contaminadas no pensaron en ellos, ni en los niños de entre 0 y 4 años, el rango de edad más afectado por los metales pesados que vertieron al agua», dicen con rabia desde la comunidad.
Su actuar también constituye una falta de respeto a la propia justicia del país, que acaba de emitir un fallo histórico y contundente que obliga al cierre definitivo de su proyecto Pascua Lama por grave daño ambiental. Por lo tanto, debe poner fin a su intervención en este territorio.
Las organizaciones comunican que han ingresado de forma urgente una denuncia ante la Contraloría General de la República. Apoyándose en una serie de dictámenes emitidas anteriormente por el organismo por cuestiones de naturaleza similar –entre ellas las donaciones de cajas de mercadería y otros de Andes Iron (Proyecto Dominga) a la Municipalidad de la Higuera durante la pandemia– exigen a la Contraloría actuar en consecuencia; es decir, que se ponga fin inmediato a cualquier convenio y que las autoridades u organismos gubernamentales dejen de aceptar recursos u aportes y se abstengan de hacerlo en el futuro, puesto que ello afecta la probidad e imparcialidad que estas entidades deben resguardar con celo.
Las comunidades requieren que cese esta situación y exigen a las autoridades el cumplimiento de un actuar con probidad. No es posible recibir donaciones de una empresa que provocó daños ambientales graves y probados en este territorio. Que la justicia sea real y no de papel.
Fuente: guascoaltocomunicaciones@gmail.com
21 de octubre de 2020
