24-agosto-14- septiembre 2020
Santiago de Chile, Vía Zoom
JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON
Dr. en Ciencias Sociales y Política
Director de CIPPSAL
PRESENTACIÓN
La revuelta popular y ciudadana de octubre 2019 en la sociedad chilena abrió una gran grieta en la estructura política-jurídica del Estado neoliberal: la posibilidad de cambiar la Constitución Política del Estado establecida por la dictadura cívico-militar en 1980. Por tanto, la posibilidad de realizar por primera vez, en Chile un cambio constitucional a través de una instancia democrática, participativa, plural, paritaria, incluyente, es un hecho histórico relevante y expectante. Aunque este proceso se encuentra en pausa como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Se ha programado para octubre (al año de la rebelión) próximo la realización de un plebiscito de entrada que conduciría a la realización de una Convención Constitucional. Órgano encargado de redactar una nueva constitución política de aprobarse, por cierto, en el plebiscito la opción “Apruebo”.
La historia política constitucional chilena nos señala que, desde la conformación del Estado nacional en el siglo XIX, tres constituciones han regido su devenir, todas ellas de larga duración, la Constitución de 1833, duro 92 años; la Constitución de 1925, 48 años y la Constitución de 1980, ya tiene 40 años de funcionamiento. Comparativamente, Chile posee una sorprendente estabilidad constitucional a diferencia de otros países de la región. Ninguna de la tres CPs fueron elaboradas y redactadas con la participación activa y directa de las y los ciudadanos nacionales. Por lo general, estas fueron escritas, producidas, por comisiones nombradas por el poder ejecutivo. A pesar que todas ellas tuvieron una génesis autoritaria y carecieron al principio de legitimación política terminaron imponiéndose y siendo reconocidas por todos los actores políticos y sociales. Y, paradojalmente, muchos analistas e historiadores constitucionalistas, reconocen que ellas posibilitaron la conformación de un régimen democrático.
En efecto, las constituciones políticas en Chile, desde 1833 hasta la actualidad, han configurado regímenes políticos democráticos defectuosos, limitados, excluyentes, en donde la combinación de instituciones (reglas y normas) políticas de carácter autoritarias y/o antidemocráticas con las democráticas ha sido lo habitual. En el siglo XIX, durante la vigencia de la CP1833, el régimen político predominante fueron los autoritarismos semi-competitivos, que algunos denominan democracias oligárquicas. En el siglo XX, la CP1925; posibilito la conformación de cuatro regímenes políticos: la democracia electoral excluyente, 1932-1948; el autoritarismo electoral, 1948-1958; la democracia semiplena, 1958-1967; y la democracia plena, 1967-1973. Mientras que la CP80 ha regido a la democracia electoral protegida, 1990-2020. De manera que en Chile la democracia plena ha tenido una vigencia de apenas seis años y, en 1973 fue destruida por el golpe de Estado de septiembre que derroco al gobierno de Salvador Allende, instalando una terrorífica dictadura cívico-militar durante de 17 años. Dicha dictadura fue la que promulgo e impuso a la sociedad chilena la CP80 y la democracia protegida. Un particular régimen autoritario electoral. Que fue institucionalizado y consolidado por los gobiernos de elección popular desde 1990 hasta la fecha. Chile se constituyó el único país de la región latinoamericana que “salió” de régimen autoritario sin cambio constitucional.
Las transiciones políticas a la democracia en los años 80 permitieron establecer en América Latina y en el Caribe diversos regímenes políticos democráticos. Para la década de los años 90 del siglo pasado, la mayoría de los países de la región contaban con algún tipo de régimen democrático. Con excepción de Perú, dónde desde 1992, se había instalado el régimen autoritario de Alberto Fujimori. Sin embargo, las democracias noventeras arrastraban un conjunto de problemas que la hacían “malas democracias” y varias de ellas entraron en crisis política institucional, destacándose, la crisis de las democracias viejas de la región: Colombia, México, Venezuela y Ecuador, hacía finales de la década, se sumaron las crisis políticas de las democracias pactadas de Argentina (2001), Bolivia (2000) y Perú (2000). También presentaban problemas las democracias transitivas de Paraguay, Uruguay, Brasil, y, por cierto, las democracias recientes de Centro América. En otras palabras, la democracia latinoamericana, a los inicios del siglo XXI, atravesaban por serias dificultades e inconvenientes que requerían urgentes soluciones.
Que las democracias tuvieran dificultades no constituía una novedad. Lo que si constituyó una novedad fue el camino o la vía utilizada por algunas sociedades para salir de esas crisis. La vía fue político institucional: exigir la realización el cambio constitucional a través del poder constituyente derivado u originario.
Diversos procesos constituyentes se pusieron en marcha ya sea en la última década del siglo XX como en la primera del siglo XXI, los cuales han influido decisivamente en la historia política reciente de Sudamérica. Estos procesos fueron el colombiano de 1990-1991, el venezolano de 1998; el boliviano de 2006 y el ecuatoriano 2007-2008. Pero, también se realizaron cambios constitucionales en Argentina, 1993-1994; Paraguay, 1991, y Perú, 1992-1993. Brasil, había realizado un congreso constituyente entre 1987-1988. En todos los países nombrados se inauguraron nuevos ordenamientos constitucionales. El único país que no realizo un cambio constitucional que modificara radicalmente el ordenamiento institucional heredado del régimen autoritario, fue Chile.
Sin lugar a dudas, los procesos constitucionales más atractivos e influyentes en la sociedad chilena fueron aquellos que se realizaron por la acción del poder constituyente directo u originario a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como fueron los casos de Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En estos tres últimos países, los procesos constituyentes fueron la expresión de un cambio político en perspectiva revolucionaria: la revolución bolivariana (Venezuela), la revolución social-cultural (Bolivia) y la revolución ciudadana (Ecuador).
Todos tenían también como objetivo central y primordial superar tanto la forma de Estado como las formas democráticas prexistentes. Colombia, superar la democracia del Frente Nacional y el estado fallido; Venezuela, la crisis del régimen democrático del “pacto punto-fijo”; Bolivia de la democracia pactada de 1982 y Ecuador la democracia pactada de 1979.
Estos cuatro procesos han tenido disimiles resultados. Ha habido éxito y fracasos. Al cabo de casi tres décadas, la Constitución Política de 1991 de Colombia, no ha logrado, a pesar de todo, dar estabilidad política y, sobre todo, paz, a la sociedad colombiana. Actualmente, la revolución bolivariana, ciudadana y social-cultural, atraviesan por profundas crisis políticas.
Nos interesa indagar en el presente Seminario ¿cuáles son las razones políticas qué explican las actuales crisis institucionales o constitucionales en estos cuatro países? Nuestra pregunta a punta a dilucidar si esas razones están relacionadas con las formas adoptadas por el cambio constitucional realizado. Queremos explorar cuales son los límites de ese cambio en la perspectiva de una cambio político e histórico de carácter revolucionario anti-capitalista, por ejemplo. Nos interesa saber cuáles fueron los éxitos de dichos procesos constituyentes.
Este conjunto de preguntas las queremos revisar con el objeto de saber cuáles serían las lecciones políticas que dichos procesos podrían entregar a los diversos sectores políticos y sociales chilenos interesados en realizar el cambio constitucional a través por ejemplo de una Asamblea Constituyente.
En razón de ello hemos organizado este seminario con la participación de destacados analistas políticos latinoamericanos y nacionales.
Programa:
| Sesiones | Fecha | Tema | Profesor |
| 1 | 24-8 | Introducción General al Seminario | Dr. Juan Carlos Gómez Leyton |
| 2 | 26-8 | Aspectos teóricos-políticos | Dr. Juan Carlos Gómez LeytonMg. Héctor Testa Ferreira |
| 3 | 28-8 | Colombia: 1991 | Dr. Juan Montaña |
| 4 | 31-8 | Venezuela: 1998 | Mg. Luis Salas |
| 5 | 02-9 | Ecuador: 2007 | Dr. Marco Navas Alvear |
| 6 | 04-9 | Bolivia 2006 | Mg. Héctor Testa |
| 7 | 07-9 | Sistematización de las Experiencias para Chile | Dr. Juan Carlos Gómez Leyton |
| 8 | 09-9 | Chile: la problemática constitucional | Mg. Héctor Testa Ferreira |
| 9 | 11-9 | Foro Lecciones para Chile | Invitados a definir |
| 10 | 14-9 | Conclusiones | Dr. Juan Carlos Gómez LeytonHéctor Testa Ferreira |
Las sesiones serán realizadas Vía Zoom, los días lunes, martes y viernes, entre 18.00-20.00 horas. Con una exposición de más menos 60 minutos y preguntas y diálogos entre los expositores y los asistentes.
Se otorgará Certificado 27 HP, 4 TSC
Para matriculas e información escribir a perezbrown@gmail.com.
CUERPO DOCENTE
JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON, cientista social latinoamericano, nacido en Chile, posdoctorado en Estudios Latinoamericanos FCPyC-UNAM y Dr. en Ciencias Sociales y Políticas por FLACSO-México. Especialista en temas y problemáticas de la historia reciente de América Latina y Chile. Director del Centro de Investigaciones en procesos políticos y sociales de América Latina (CIPPSAL). Con diversas publicaciones nacionales e internacionales entre las que destacan: Bolivia Hoy ¿Una democracia poscolonial o anti-colonial? Ed. Escaparate/CLACSO, 2017.
HECTOR TESTA FERREIRA, chileno, abogado y magister en Derecho Público, Universidad de Chile. Investigador en temas de Nuestra América, Derecho Constitucional, e Historia y Teoría Política. Procesos Constituyentes, e historia y actualidad de América Latina. Analista y autor de artículos de política nacional e internacional.
JUAN MONTAÑA PINTO, colombiano, abogado y especialista en derecho público, Universidad de Externado de Colombia; especialista en derecho constitucional y ciencia política, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid; diplomado de estudios avanzados en derechos fundamentales, Universidad Autónoma de Madrid; máster en historia del derecho, Universidad Messina; Doctor en derecho constitucional, Universidad de Alicante. Profesor en Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Con diversas publicaciones nacionales e internacionales.
LUIS SALAS RODRIGUEZ profesor universitario y político venezolano. Fue Vicepresidente de Economía Productiva de la República Bolivariana de Venezuela. Se graduó como sociólogo en la Universidad Central de Venezuela. Magíster en Sociología del Desarrollo en América Latina, mención Cambio Social y Análisis Político Universidad de las Artes y Ciencias Sociales. Es el director y fundador del Centro de Estudios de la Economía Política de la UBV. En 2010 recibió el 1° Premio en el II Concurso Internacional de Trabajos de Investigación sobre Economía Política y Derechos Humanos de la Universidad Popular de las Madres de la Plaza de Mayo, Argentina.
MARCO NAVAS ALVEAR, ecuatoriano, jurista y politólogo. Doctor en Ciencias Políticas FU Berlín. Profesor titular de derecho constitucional de la universidad andina Simón Bolívar sede Ecuador y coordinador de los programas de posgrado en derecho constitucional en esta casa de estudios. Ejercido la abogacía en los sectores público y privado. Ha sido consejero de estado miembro del Consejo de educación superior del Ecuador. Con diversas publicaciones.
