EL DESCONCIERTO
Por: Por Loreto Contreras Orellana / Investigadora asociada OLCA / Publicado: 17.07.2020
El conflicto entre la minera canadiense Andes Copper y la comunidad de Putaendo se inicia tras años de operaciones ilegales. En octubre de 2008 su proyecto “Prospección Minera Vizcachitas” fue calificado como desfavorable por la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, iniciando una historia de ilegalidad y lobby agresivo a manos de consultoras como Imaginacción y Azerta, caracterizado por la invisibilización de la comunidad de Putaendo en su derecho de incidir en las decisiones sobre su territorio.
Corría la segunda semana de iniciada la primavera de 2016 y la comunidad de Putaendo entraba en alerta. El 28 de marzo de dicho año, uno de los directores de la compañía minera Los Andes Copper, Eduardo Covarrubias Noé, había expuesto en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso para presentar dos proyectos en la provincia de San Felipe.
Desde la compañía tenían planificado instalar en la comuna de Putaendo una central hidroeléctrica de paso, de aproximadamente 28 megawatts, que se ubicaría en el río Rocín y cuya energía sería vendida al Sistema Interconectado Central; y una mina de cobre y molibdeno que ya estaba en fase exploratoria.
Sin embargo, el conflicto entre la minera canadiense y la comunidad de Putaendo se inicia antes, tras años de operaciones ilegales. El 20 de febrero de 2008, la empresa había ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto “Prospección Minera Vizcachitas” a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El proyecto fue rechazado en octubre del mismo año luego de que la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, resolviera calificar desfavorablemente el proyecto.
En julio de 2016 con la amenaza de la instalación de estos nuevos proyectos y las sospechas de habitantes de Putaendo, se empezaron a evidenciar las consecuencias de las acciones de la empresa, las que se ejecutaban sin el permiso ambiental necesario. El informe sobre el monitoreo de aguas del embalse Chacrillas, encargado al laboratorio Hidrolab, arrojaba la presencia de altas concentraciones, fuera de la norma, de metales pesados como aluminio, cobre, fierro y manganeso en las aguas.
Cabe señalar que, en agosto de 2015 las organizaciones locales y la Junta de Vigilancia del Río ingresaron la primera denuncia formal a la institucionalidad ambiental, acción que se repitió en noviembre de dicho año. A su vez, en abril del año siguiente– entre la presentación de los proyectos por Covarrubias y la publicación del informe de Hidrolab, se presentó otra denuncia, así como en julio y octubre. Además, el 16 de marzo de 2016 se inició un sumario sanitario contra Andes Copper “por severas deficiencias en el suministro de agua potable y alcantarillado, funcionamiento de un casino sin los permisos respectivos y manejo inadecuado de residuos peligrosos”.
La entonces seremi de Salud, María Graciela Astudillo, indicó que “la determinación se tomó luego de una fiscalización de un equipo de la oficina provincial de Aconcagua y previa petición de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo”. Seis meses después la Coordinadora Putaendo Resiste realizaba una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) debido a las faenas ilegales de la empresa que no contaban con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Luego, en noviembre, la Dirección General de Aguas (DGA) sancionaba a la Minera Vizcachitas por la “extracción de aguas superficiales” de la Quebrada Cortadera pese a no contar con derechos sobre las mismas.
Sin embargo, recién el 17 de abril del 2017 la SMA formula cargos contra Los Andes Copper por falta gravísima ante la realización de trabajos de exploración y prospecciones. Con eso se inicia un proceso de sanción que se suspende cuando, de forma expedita, se aprueba un Programa de Cumplimiento en diciembre de ese año. Ésto permitió que la empresa presentara medidas para modificar o regularizar su funcionamiento, que hasta esa fecha, y durante más de diez años, había construido al menos 89 plataformas de sondaje de manera irregular al no contar con una RCA[1].
El agresivo lobby de Los Andes Copper por Vizcachitas
Desde el 16 de junio de 2015 al 19 de junio de 2020 se han realizaron 80 audiencias, registradas en InfoLobby y catastradas en el informe El Agresivo Lobby de Minera Andes Copper por proyecto Vizcachitas en Putaendo, Región de Valparaíso realizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), donde se detallan las audiencias entre directivos de la Minera Vizcachitas, sus asesores lobistas y distintas autoridades de gobierno de carácter nacional, regional, provincial, municipal y parlamentario. Llama la atención también los niveles jerárquicos dentro del gobierno a los que apuntan: ministros, subsecretarios de distintas carteras ministeriales, directores de servicios a nivel nacional y regional, intendente y gobernador. Se incluyen, también, alcaldes, senadores y diputados de la Región de Valparaíso.
Además se puede correlacionar los periodos en que la empresa enfrenta procesos de sanción ante la SMA y la tramitación de sus proyectos en el SEIA – una DIA de “regularización” y otra DIA con la ampliación de sondajes-, y la intensidad de reuniones con autoridades políticas del gobierno y altos directivos de los Servicios Públicos involucrados en la evaluación.
En mayo de 2018 la Minera Vizcachitas Holding ingresa la DIA “Regularización de plataformas de sondajes mineros, sector Las Tejas” con el fin de modificar el proyecto original de prospección minera desarrollado entre 2005 y 2007, y a la vez regularizar – de manera retroactiva- las faenas de sondajes realizadas entre 2015 a 2017, que se llevaron a cabo de forma ilegal ya que no fueron sometidos a evaluación ambiental. Un mes después el municipio de Putaendo denuncia a la empresa por construcción ilegal de campamento minero ante el Juzgado de Policía Local.
Paralelamente en las sombras de la institucionalidad, de acuerdo al mencionado informe del OLCA, desde mayo a julio de 2018, los gestores y lobistas sostienen 16 reuniones. Durante este breve periodo en la historia de abusos Los Andes Copper son recibidos por Javier Puiggros Vogel militante de Evópoli y quien fue seremi de Economía, el actual gobernador de la Provincia de San Felipe, Claudio Rodríguez Cataldo; también con los diputados por el Distrito Nº6 Luis Pardo Sáinz y Pablo Kast Sommerhoff, y en dos ocasiones se reúnen con Leopoldo Valenzuela Berton, seremi de Minería. Asimismo con Juan Ladrón De Guevara, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Corfo, Mario Méndez Allendes, jefe de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud, Humberto Lepe Tarragó, seremi de Agricultura, el ministro de Minería Baldo Prokurica, María Victoria Gazmuri Munita, seremi de Medio Ambiente, Pablo Mira Gazmuri quien fue director regional de la Conaf en Valparaíso, María Violeta Silva Cajas, seremi de Trabajo y Previsión Social, Valentina Stagno Gray, seremi de la Mujer y la Equidad de Género; también con el Director Ejecutivo del SEA Hernán Brücher, y finalmente con el CORE Percy Marín Vera.
Llama la atención que en varias reuniones aparezca personal de destacadas consultoras de Lobby como Imaginacción del ex Ministro y dirigente político Enrique Correa, también la presencia de María Cristina Bitar de Azerta, dueños de dos de las empresas de gestión de intereses más “destacadas” de la plaza en la actualidad. Una mención especial merece la oficina de abogados Moreno, Sáez & Avilés Abogados, donde uno de los socios del estudio jurídico, Sebastián Avilés Bezanilla está a cargo de la actual asesoría legal a Vizcachitas. Se trata de un abogado con trayectoria en otros estudios especializados en minería y que también ejerció en altos cargos dentro del SEA y de la SMA. Una situación similar se da con la asociada de esa oficina, la abogada Magdalena Prieto Pradenas.
En marzo de 2014 El Mostrador publicó el reportaje Tironi, Correa y los otros: la mano de los consultores en el freno a la agitación social, radiografía del mundo del lobby y sus nuevas narrativas tras sus derrotadas gestiones en Aysén y Freirina. El creador de la franja del NO, tras dejar la dirección de Comunicaciones del Gobierno de Aylwin crea en 1994 a Tironi y Asociados, y entre sus clientes destacan Endesa; Minera Los Pelambres del grupo Luksic; Arauco de Angelini, y Codelco. Gestión Social, que es su otra firma fundada en 2004 y presidida por él, ha asesorado a HidroAysén, Colbún, Esval y Essbio.
Según las indagaciones del periodista Nicolás Sepúlveda, en una segunda posición de mercado, a partir de los comentarios de miembros del mundo del lobby, está Enrique Correa con Imaginacción Consultores que ha trabajado con el proyecto de termoeléctrica Castilla, del brasilero Eike Batista, la termoeléctrica Octopus, de Australis Power, y la central de paso Alto Maipo de AES Gener, entre otros. “Si bien las asesorías de Correa se centran en el lobby y en el respaldo comunicacional, también tiene una pata en los llamados “asuntos públicos”, que se relacionan con los conflictos territoriales que enfrentan los proyectos. Ahí uno de los nombres que resalta es el de Juan Carvajal, ex director de la misma Secom en el primer Gobierno de Bachelet, quien figura como consultor asociado” precisa Sepúlveda en su investigación en 2014.
Uno de los directivos de una consultora, que pidió resguardo de su identidad, señaló que “Al final, la intervención en las comunidades es puro hacer política. Es política pura y dura. Se trata de convencer, de ganar discusiones y de intervenir la realidad. Por eso ya no sirven tanto las niñitas rubias de la Universidad Católica que llegan en tacos a los poblados. Ahora se requiere de gente que tenga calle, y que sepa meter las patas en el barro. Porque, en definitiva, los vecinos de las comunidades son un actor que se disputan las empresas interesadas en aprobar un proyecto, y los grupos de activistas que se oponen, muchas veces por razones ideológicas, a estas iniciativas” contaba por ese entonces el directivo, además de mencionar que lo que pagan las grandes empresas a las consultoras por su asesoría depende de la experiencia que estas luzcan, y de los contactos que puedan desplegar en el aparato público. Por eso destacan Tironi y Correa, que trabajan con ex funcionarios del Estado y personas con experiencia política.
Camaleónicos en lo público/privado
María Cristina Bitar Maluk
El 13 de abril de 2020, en plena crisis social y sanitaria a causa de la Covid-19, se realiza la audiencia entre la lobista María Cristina Bitar Maluk de Azerta y el gestor de Vizcachitas Holding, Sebastián Avilés Bezanilla con Oscar Cristi Marfil, Director General de Aguas, evidenciando que al igual que las actividades extractivas, las gestiones pro minería tampoco han cesado durante este periodo especial. El motivo de la reunión: Status Proyecto Vizcachitas.
Según precisa la descripción de Cristina Bitar en el sitio web de Azerta, consultora de la que es socia, es economista de la Universidad de Dartmouth, MBA de la Universidad de Chile y Tulane University. Además directora de AFP Provida, columnista del diario La Segunda, consejera de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo; fundadora y consejera de Comunidad Mujer y desde 2008 forma parte del grupo de Young Global Leaders del World Economic Forum.
También ocupó el cargo directora ejecutiva de Hill & Knowlton Captiva, agencia que fundó con Pablo Zalaquett, posteriormente formalizado por el Caso Penta. De 2004 a 2008 fue miembro del Círculo de Marketing de Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) y en 2005 se desempeñó como jefa de campaña del candidato presidencial Joaquín Lavín (UDI), primo de su esposo Juan Pablo Solís de Ovando Lavín. Tras la derrota ante Ricardo Lagos lideró la campaña senatorial del miembro supernumerario del Opus Dei en 2009 que no logró ocupar el escaño por VI circunscripción.
Entre 2007 y 2009 presidió el movimiento político Independientes en Red, fue directora del departamento APEC de la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1994 y 1996, bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, y asesora del ministro de Hacienda entre 1992 y 1994 durante el gobierno de Aylwin. También ha sido directora de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio – AmCham Chile, de TECHO y Econssa Chile. Por último la descripción señala que integró el Comité Asesor Bicentenario nombrada por el ex Presidente Ricardo Lagos.
Pero Cristina Bitar Maluk, sobrina del ex ministro Sergio Bitar (PPD), no sólo ha destacado por su “exitosa y nutrida” influencia en asuntos públicos y privados. En enero de 2015 reconoció haber recibido dinero para campaña senatorial de Joaquín Lavín, acusando desconocimiento de su procedencia, apuntando a Ernesto Silva Bafalluy – ya fallecido-como el encargado del financiamiento.
“Nunca hasta ahora había visto ese cheque o al menos no tengo recuerdo de haberlo visto. Desde el comando deben haber avisado que estaba listo el cheque por la plata que me debía (…) No recuerdo qué gastos me fueron reembolsados”, precisó. Bitar Maluk agregó que si bien no conocía a María Carolina de la Cerda –emisora del cheque-, “sí conocí a su hermana, con quien compartí en instancias sociales por ser la señora de Pablo Wagner” (ex subsecretario del primer Gobierno de Sebastián Piñera), a quien conoció durante el periodo de campaña presidencial de Lavín”.
En una investigación del periodista Nicolás Sepúlveda publicada en agosto de 2016 en Ciper, se devela que Asesorías e Inversiones Lima, propiedad de Cristina Bitar, fue la cuarta sociedad en recibir los pagos más altos de la Sociedad Química y Minera de Chile: $185 millones. En abril de 2015, tres meses después de que la gestora declarara ante el fiscal Carlos Gajardo Pinto, SQM hizo una rectificación tributaria que sacó a la luz sus millonarios aportes a personas de todo el espectro político, en la que también figuraba la sociedad de Bitar Maluk. En enero de 2016 la Fiscalía, a través de Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), solicitó a Cristina Bitar la entrega voluntaria de la documentación contable de la sociedad entre 2009 y 2014. En febrero los detectives fueron hasta su domicilio en Vitacura para solicitarle los documentos, ya que ella era la representante legal de la sociedad, no hubo respuesta así como tampoco la primera vez en 2015 cuando la PDI llegó a su casa para citarla a declarar. Tampoco hizo llegar la información contable al Departamento de Delitos Tributarios que realizó la investigación en el SII, y en abril de 2015 simplemente no llegó a declarar ante la citación de la Fiscalía. Así es como Bitar Maluk eludió a la justicia, y posteriormente en la querella del SII, por facilitación de boletas o facturas falsas a SQM, se excluyó a la sociedad Inversiones y Asesorías Lima ya que no se logró acreditar satisfactoriamente la efectiva prestación de los servicios porque no aportó antecedente alguno.
El 28 de abril de 2018 Carlos Gajardo publicó en su twitter: “Cada día puede ser peor. Para la @FiscaliadeChile condenar por soborno en el Caso Penta era “intransable”. Así lo declaraba el Fiscal Regional Manuel Guerra en @CNNChile. Nada ha cambiado desde entonces. Que triste ver como transformaron la Fiscalía en una liquidadora”. Ésto tras conocer el acuerdo entre los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y el Ministerio Público para evitar ir a prisión por evasión de impuesto y financiamiento ilegal de campañas políticas, principalmente de la UDI, donde la Fiscalía se comprometió a renunciar al cargo por cohecho y pidió la SII calcular la multa que deberán pagar por la evasión de impuestos.
Además se hace necesario mencionar que tras la paralización del proyecto Pascua Lama en 2013, dictado por Corte de Apelaciones de Copiapó tras acoger un recurso de protección interpuesto por comunidades locales, fue Azerta quien reemplazó a Extend, de María de la Luz, María del Pilar y Ana María Velasco, hijas de Belisario Velasco el ex ministro del Interior de Bachelet y subsecretario de la misma cartera tanto de Frei Ruiz Tagle como de Patricio Aylwin. La orden de compra del contrato por la asesoría comunicacional estratégica detallaba los servicios entre 2013 y 2014, incluía una extensión hasta 2015, y tuvo un costo de 428 millones de pesos aproximadamente, por servicios de media trainings, estudio de percepción de empresas responsables del medioambiente y seguimiento legislativo año 2013.
A principios de julio de este año las comunidades del Valle del Huasco exigieron la prohibición para que la Compañía Minera Nevada SpA, a la que pertenece Pascua Lama, no realice otro cambio de turno en la localidad de Chollay o en cualquier otro lugar de la Comuna de Alto del Carmen, debido al rol propagador de la covid-19 que ha tenido la minería.
Actualmente Azerta además de asesorar a Vizcachitas Holding tiene entre a sus clientes a la Asociación AFP Chile, Coca Cola Chile, Facebook, MasterCard, Turner, Chilevisión, CNN Chile, Ultranav, Ultramar, Tata Consultancy Services, Codelco, Transelec, Tianqi Lithium, Compañía General de Electricidad (CGE), Metrogas, Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor), Cencosud, Masisa, Aguas Antofagasta, Eletrans, Pfizer, Copsa, Alto Maipo, entre varios otros.
Flavio Candia Gallardo
Tras la renuncia de Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior en mayo de 2015, cuestionado por la entrega de boletas por $4 millones a la empresa Asesorías y Negocios SpA de Giorgio Martelli, entre otros, Candia, miembro de su “círculo de hierro” también abandona el Estado dejando de ser el encargado de la Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio del Interior.
Antes de integrarse al equipo de Imaginacción en marzo de 2018, apareció como investigador de Flacso y junto a Peñailillo, cuya amistad se remonta a su periodo universitario, publicaron Descentralización : impactos y desafíos en la competitividad nacional y regional.
En su descripción corporativa en el sitio web de la consultora de Enrique Correa, mencionan que es “Ingeniero Civil Industrial con un grado de MBA. Se ha desempeñado como gerente para Latinoamérica en empresas internacionales ligadas al sector farmacéutico y agroindustrial. Además, trabajó en área de conflictos para el Ministerio del Interior”.
Actualmente es parte del equipo de Imaginacción que representa a la Compañía Minera Vizcachitas Holding con un registro de 13 audiencias, principalmente en el periodo que la empresa ingresa la DIA para Regularización plataformas de sondajes mineros, sector Las Tejas que se realizaron fuera de la legalidad.
Natalio Dorfman Liberman
Es abogado y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, ex asesor de la Secretaría General de la Presidencia cuando José Antonio Viera Gallo (PS) era ministro. Dorfman era uno de los gestores y lobistas más activos de Imaginacción por más de 10 años, hasta que en diciembre de 2019 deja la consultora. La descripción que había en el sitio web detallaba que Dorfman asesoraba “a empresas del sector transporte, telecomunicaciones, televisivo, energético, minero, eléctrico, portuario, alimenticio y de servicios”.
En InfoLobby existe registro de 97 audiencias, 23 relacionadas con Vizcachitas Holding. Desde hace un año y cuatro meses figura como socio director de Dorfman&Gattas, cuya reseña de la consultora menciona que: “Promovemos un estilo de trabajo sobrio, donde contamos con un equipo altamente profesional e integrado por una primera línea de consultores seniors de gran capacidad analítica, vasta experiencia en la industria y un profundo conocimiento del aparato público y también del mundo de la empresa”.
En la descripción de Dorfman del sitio web señalan que “Cuenta con una extensa experiencia en materia de regulación administrativa. Ha sido abogado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, Jefe de la Unidad Legal de la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana y asesor de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En esta última trabajó en la elaboración y tramitación de diversos proyectos de ley, especialmente en áreas de trabajo y previsión social, obras públicas, transportes, telecomunicaciones, relaciones exteriores y político electoral”.
En este sentido, cabe dejar registro que otras lobistas de Imaginacción han tenido un rol permanente en las audiencias de Vizcachitas Holding. Con 19 reuniones a cuestas como lobista y 1 como gestora encontramos a Natalia Labbé Tetzner, así como con 11 audiencias a María Soledad Carlini Catalán. En representación de la empresa suelen participar Antony John Amberg con 22 audiencias como gestor y Eduardo Covarrubias Noé con 32.
Vínculos de Los Andes Copper con paraísos fiscales
En 2016 la filtración de más de 11 millones de registros secretos del bufete Mossack Fonseca, conocida como Panama Papers, reveló cerca de 200 sociedades offshore vinculadas a Chile. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que participó Ciper, destacan las pertenecientes a Agustín Edwards, Alfredo Ovalle (ex presidente de la CPC), Hernán Büchi, Iván Zamorano y los controladores de Ripley y el BCI. También aparece el entonces presidente de Chile Transparente Gonzalo Delaveau Sweet, quien tras el escándalo renunció a su cargo, y que además es director de la minera Los Andes Copper.
Mossack Fonseca figuraba como agente de al menos cinco sociedades offshore con domicilio en Bahamas vinculadas a Los Andes Copper en las que Delaveau fue directamente relacionado por su rol de director o secretario. Algunas de ellas: Turnbrook Corporation,; DK Corporation, Heatlhey International Inc., Turnbrook Mining Ltd., que en 2014 adquirió los derechos de agua no consuntivos sobre una sección del río Rocín con el fin de construir una central hidroeléctrica de paso; y Vizcachitas Ltd.
Al ser cuestionado por Ciper, Delaveau y Covarrubias Noé -también director de la minera-contestaron que no eran los beneficiarios de esas sociedades, sino que solo participaban en calidad de directores de algunas de ellas. Es más, Delaveau señaló que solo era director en Turnbrook Mining, y que su relación con las otras sociedades era “por temas profesionales en mi calidad de abogado o secretario de las mismas”.
Pero en 2010 se anunció el inicio de la adquisición accionaria de Los Andes Copper por parte de Turnbrook Corporation (Turnbrook Mining Ltd.), con domicilio en Bahamas, que luego llegaría a poseer el 52% de la empresa. Además en 2013, Los Andes Copper declaró tener propiedad exclusiva cinco filiales: Vizcachitas Ltd registrada en Mareva House, 4 George Street, Nassau, Bahamas, que en 1998 pasó a constituir la sociedad Compañía Minera Vizcachitas Holding, Sociedad Legal Minera San José Uno de lo Vicuña; El Tártaro y Piguchen de Putaendo en Chile; además de Gemma Properties Group Limited en las Islas Vírgenes Británicas.
Acciones más allá del lobby
En agosto de 2019 se reunieron los directores de la Compañía Minera Vizcachitas Manuel Matta y Eduardo Covarrubias Noé; el director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, José Tomás Letelier; y el gerente de Relacionamiento Comunitario, Alejandro Cassi con organizaciones de Putaendo, donde se abordó la DIA, que a esa fecha se encontraba en trámite en el SEA, y también se expusieron los repetidos compromisos de sustentabilidad por parte de la empresa y que son inviables debido a la afectación ambiental e impactos propios de la minería.
Pero lo que llamó la atención de las organizaciones socioambientales que se oponen al Gestión Social proyecto, fue la participación del seremi de Minería, Leopoldo Valenzuela Berton en una actividad organizada por la minera, evidenciando la falta de probidad del funcionario público. Valenzuela Berton ha recibido en audiencias de lobby en 3 oportunidades a los lobistas y gestores de la Minera Vizcachitas en mayo, junio y noviembre de 2018.
Otro hecho que alertó a la comunidad fue que a través de la cuenta de twitter del Ministerio de Minería se enteraron que el 15 de noviembre de 2018 el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas visitó Putaendo, específicamente el campamento Las Tejas. El ex Alcalde Guillermo Reyes señaló que fue una falta de consideración hacia Putaendo y acusó sesgo por parte de Terrazas al excluir de su itinerario a las autoridades comunales.
La coordinadora Putaendo Resiste lamentó que el subsecretario omitiera las sanciones que Los Andes Copper han recibido por parte de la SMA y la DGA, ésto a pocos días de que el Juzgado de Policía Local multara a Vizcachitas Holding y ordenara la demolición del campamento minero, posteriormente fue confirmado por la Corte de Apelaciones. Además desde la coordinadora recalcaron que el hecho evidenciaba una vez más que las instituciones del Estado está al servicio del empresariado.
Últimos hechos
Pese a las movilizaciones y denuncias para el retiro del proyecto, las más de 2000 solicitudes de participación ciudadana al SEA y la petición de suspensión de la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso ante la pandemia, que fue convocada con 1 día hábil de anticipación; el 20 de abril se aprueba unánimemente en modalidad online el proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”. La Comisión de Evaluación Ambiental está conformada por el Intendente Regional de Valparaíso Jorge Martínez Durán y los seremis, entre ellos Leopoldo Valenzuela Berton.
Además, el 8 de julio las organizaciones opositoras al proyecto minero Vizcachitas denunciaron una extraña representación legal no solicitada por las comunidades. “Desmentimos tajantemente la información que está circulando por algunas redes sociales sobre la representación de abogados del estudio jurídico Barros Silva Varela & Vigil a compañeros de Putaendo Resiste”, señala en una declaración esta organización.
En la publicación explicitan que “Putaendo Resiste sólo reconoce a Álvaro Toro y Javiera Tapia como sus legítimos representantes, en quienes depositamos nuestra confianza por su intachable trayectoria. Además consideran que se trataría de maniobras para dividir a las comunidades que se oponen al proyecto minero de la empresa canadiense Los Andes Copper.
[1] Resolución Exenta Nº11 / ROL D-012-2017, emitida en Santiago el 28 de agosto de 2017. En virtud del art. 35, letra b de la Ley 20.417.
