Angela Giuffrida
The Guardian, en español, 29-6-2020
https://www.eldiario.es/theguardian/
Traducido de Emma Reverter
La cola en un comedor social del barrio de Trastevere en Roma avanza a un ritmo mucho más lento que antes del brote de coronavirus debido a las reglas de distanciamiento físico. Aunque también es mucho más larga.
«Hemos pasado de servir cerca de 300 comidas en un turno a 500», explica Lucia Lucchini, responsable del comedor social de la entidad benéfica católica Sant’Egidio. «Cuando empezó el confinamiento, tuvimos días muy complicados, con muchas personas sin hogar que acudían a nosotros y tenían miedo porque no entendían lo que estaba pasando, de hecho, a algunas incluso las multaron por estar en la calle. Entonces, también empezamos a ver a personas que nunca habían llamado a nuestra puerta, personas que habían perdido su modo de vida y que no tenían una familia que las pudiera ayudar», añade
Según estimaciones de Coldiretti, la asociación de agricultores más grande de Italia, estos nuevos rostros [de los servicios de beneficencia] se encuentran entre el millón de italianos que este año se verán empujados a la pobreza como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
«El fenómeno de la nueva pobreza se está gestando ante los ojos de todos», indica Lorenzo Bazzana, asesor económico de Coldiretti. «Familias que tal vez no tenían dificultades económicas antes de la pandemia, ahora están soportando una carga económica muy pesada y acuden a los bancos de alimentos en busca de ayuda».
No muy lejos del comedor social de Trastevere se encuentra el Casino del Bel Respiro, un palacio del siglo XVII donde el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, acogió este mes unas charlas sobre la recuperación económica del país. Conte afirmó que es probable que Italia supere el déficit previsto del 10% de la producción nacional y que las medidas para evitar los despidos y ayudar a los sectores en apuros, como el turismo, no podían esperar hasta septiembre, cuando el gobierno presentará un plan integral para relanzar la economía.
Lo cierto es que para las empresas y las personas que necesitan desesperadamente ayuda económica, las palabras de Conte no son más que una mera declaración de intenciones.
Como consecuencia de la lenta y farragosa burocracia italiana, solo el 30% de las empresas ha recibido la ayuda económica que se les prometió durante el confinamiento y muchos propietarios de empresas siguen esperando préstamos bancarios avalados por el Estado. Mientras tanto, miles de trabajadores aún no han recibido los pagos que se les deben como parte del plan de ERTE italiano.
«En lo relativo a los pagos a las empresas y a las personas, se ha producido un enorme retraso», indica Wolfango Piccoli, copresidente de la empresa de investigación Teneo, con sede en Londres. «Y mientras todo el mundo se centra en las grandes cifras, en realidad lo que realmente importa, especialmente para las personas más vulnerables de la sociedad, es la capacidad del estado para proporcionarles ayuda económica. Y en Italia esta capacidad está en entredicho».
Mientras los líderes del país debaten en torno a la situación económica, gran parte de la responsabilidad de ayudar a aquellos en apuros ha recaído en las entidades benéficas y los grupos comunitarios. En Roma, muchos supermercados han adoptado la iniciativa «spesa sospesa», en virtud de la cual los compradores pueden comprar alimentos que las entidades benéficas entregan a los pobres. La semana pasada, el Papa Francisco creó un fondo destinado a ayudar a las familias de la ciudad que tienen dificultades.
Los voluntarios de Nonna Roma, un grupo comunitario, están entregando de forma regular paquetes de comida a 7.500 familias, en comparación con las 300 que había antes de la pandemia.
«Son los nuevos pobres», señala Alberto Campailla, uno de los voluntarios. «En este nuevo grupo hay trabajadoras domésticas que perdieron sus empleos y personas que tenían trabajos precarios… pero también jóvenes profesionales que han visto cómo sus ingresos se han reducido considerablemente».
Campailla cree que el Gobierno debería ampliar el plan de ingresos básicos que puso en marcha el año pasado, y ayudar a la gente con los pagos del alquiler. «Existe un riesgo considerable de que muchas personas no puedan seguir pagando el alquiler y pierdan su hogar», ha señalado.
Si se aprueba el fondo de recuperación de la UE, el dinero no llegará a manos de los beneficiarios hasta el 1 de enero. A cambio, los Estados miembros deben asegurarse de que la financiación no se malgasta y deben comprometerse a impulsar reformas e invertir en proyectos que favorezcan el crecimiento económico.
Hasta entonces, la única financiación posible a la que Italia podría acceder desde Bruselas es a través del programa Sure, que proporciona dinero adicional para los planes de ERTE.
Lo cierto es que desde que se relajaron las medidas de confinamiento, muchas tiendas y negocios no han vuelto a abrir. Los que lo han hecho luchan para llegar a fin de mes.
«Nuestra actividad depende, en gran parte, de hoteles o eventos, como bodas, que han sido cancelados», explica Enzo Russo. Él y su mujer, Antonella, tienen una floristería en el barrio Esquilino de Roma. «Necesitamos que el Gobierno responda con contundencia, sería muy perjudicial que continuara así».
Gianpaolo Grilli, tiene un negocio familiar, una tienda de muebles, cerca de la floristería. Reconoce que no tiene «mucha fe» en el debate en curso. «En Italia abundan las pequeñas empresas que no sólo son la columna vertebral de la economía, sino que también garantizan la solidez social. Los políticos no han entendido esto. No queremos limosnas, queremos leyes que nos permitan planificar e invertir».
Aunque el impacto económico de la pandemia ya se ha dejado notar, Piccoli predice que el daño real no se podrá evaluar hasta el otoño. Este año, Italia perderá miles de millones procedentes del turismo. Se prevé que desaparezcan hasta el 40% de las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, en agosto el Gobierno levantará la prohibición de que las empresas puedan despedir a los trabajadores y se prevé una ola de despidos. Los ERTE también terminan en octubre.
«Con independencia de la cantidad de dinero que pueda llegar desde Bruselas, lo cierto es que el panorama es sombrío», concluye Piccoli: «Y no creo que este Gobierno tenga la capacidad de impulsar un plan integral, exhaustivo, creíble y efectivo».
