Lucía Sepúlveda Ruiz | Miércoles 13 de mayo 2020 16:57 hrs.
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) puso el 1 de abril en “consulta pública” -en plena pandemia, estado de emergencia y cuarentena- un decreto hecho a la medida de Pioneer, Bayer/Monsanto y sus socios. El decreto conoce ya en Francia, desde donde nos alertaron. La norma regula el “acondicionamiento, permanencia y liberación al ambiente” de semillas transgénicas importadas, y también de las desarrolladas en Chile. La consulta sólo se difundió en un tuit publicado por @SAGChile el 2 de abril, no replicado por nadie. Remite a contenidos en el interior de la web del SAG. El remedo de consulta “pública” concluye el 1 de junio.
La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile y la Red de Acción en Plaguicidas Chile alertan a las organizaciones defensoras de la soberanía alimentaria y la semilla, a reaccionar frente a esta nueva maniobra del Gobierno. Es necesario desarrollar un análisis interseccional de sus implicancias, en momentos que a nivel nacional y global la alimentación sana, segura y accesible es una prioridad para los pueblos.
La entidad estatal que encabeza Horacio Bórquez se apresta a derogar el decreto 1.523, del año 2001, remplazándolo por un nuevo decreto exento. La norma actual no contempla transgénicos hechos en Chile, ni el quehacer de las semilleras. Empresarios agrupados en ANPROS (Asociación Nacional de Productores de Semillas) y FEDEFRUT, así como sus socios (INIA y CORFO), que aportan fondos públicos para proyectos de innovación, junto a la Universidad Católica, de Chile, la del Maule y la U de Concepción, hicieron lobby para la liberación comercial de los resultados de sus investigaciones: limón transgénico, maíz transgénico, lechuga, uva, manzanas, cerezos y árboles transgénicos, entre otros.
En el mercado global, Chile cumple un rol de multiplicador de semillas transgénicas con monocultivos de exportación. Las semilleras sacan enormes ganancias del extractivismo agrario. Pero el costo en salud, pérdida de biodiversidad y autonomía alimentaria, lo pagan en altos índices de cáncer y devastación, los habitantes de los territorios del Maule y O´Higgins, donde se ubican mayoritariamente esos monocultivos que reemplazaron los cultivos tradicionales, y usan el cancerígeno herbicida glifosato.
Economías locales y corona virus
La dependencia alimentaria de Chile en materia de granos y carnes fue reconocida oficialmente en la crisis sanitaria y hay voces alertas sobre alzas de precios en el futuro. Por su parte, las asambleas territoriales surgidas del estallido social, comenzaron a desarrollar iniciativas tendientes a asegurar su abastecimiento y apoyar las economías locales con experiencias como la red “Pueblo a Pueblo” de la zona oriente de Santiago, que se abastece de verduras y hortalizas directamente con campesinos, y los Comprando Juntos barriales, que acortan esos circuitos en distintas comunas, recuperando experiencias de tiempos de dictadura.
Ya antes de la revuelta popular, proyectos como el TPP 11, y leyes abortadas por la movilización social, la “Ley Monsanto” de Bachelet y la Ley de Bioseguridad de Piñera (en su primer período), habían evidenciado que importantes sectores sociales, entre los que destacan las mujeres y los jóvenes, apuestan por la agroecología, el rescate de la semilla tradicional y el fin del extractivismo.
Ecofeminismo de los pueblos
Eso hoy forma parte de la propuesta del ecofeminismo de los pueblos, que incluye soberanía alimentaria y sanitaria, y la desprivatización del agua y la semilla. Por eso, la propuesta rechaza los cultivos transgénicos usados con herbicidas que dañan la biodiversidad y la salud de las personas, en especial de campesinas y comunidades rurales pero también de las y los consumidores. No es extraño entonces que Sebastián Piñera y su ministro de agricultura, Antonio Walker, dueño de importantes derechos de agua y ex dirigente del gremio de exportadores de frutas, usaran la cuarentena como una inmejorable oportunidad para imponer cambios por decreto en materia de transgénicos.
Hacer este urgente debate, obviamente no está en el interés del SAG y del gobierno de Sebastián Piñera, que en materia ambiental avanza ignorando a las comunidades y sus intereses, y aprobando virtualmente proyectos en los cuales ha negado toda participación ciudadana, como fue recientemente en Putaendo. En su gobierno anterior, Piñera fracasó en su intento de sacar adelante una ley de bioseguridad que introducía los transgénicos al mercado interno. Ahora, a través del TPP 11 busca generar condiciones para lo mismo.
Semillas antiguas en peligro
A primera vista la nueva legislación es peor que la anterior y abre la puerta a usos futuros más allá de la exportación (producir para el mercado interno, un objetivo de las semilleras). Lo deja para ser resuelto por el SAG u otra instancia. Uno de los peligros más graves de los cultivos transgénicos es que estos contaminen especies sexualmente compatibles y/o que sean especies de origen, como el maíz, o el poroto. En la norma anterior, si un empresario, después de la primera autorización, solicitaba que se modificaran las medidas de bioseguridad, eso era denegado en el caso que su transgénico fuera derivado de una especie de la que Chile es centro de origen, por ejemplo la papa. Pero la nueva norma sólo dice que eso debe ser “considerado”; no lo excluye. Además, desaparece como concepto la Evaluación de Riesgo, contemplando sólo el Análisis de Riesgo, que se limitará a describir los posibles peligros. No obliga a describir el tratamiento agronómico del cultivo ni los metabolitos en que se transforma el Ingrediente Activo del plaguicida de las plantas modificadas con resistencia a herbicidas e insectos (como el maíz, soya, canola y otros), y no hay procedimientos a cumplir ante peligros de escape.
Imprecisiones
SAG justifica así la norma: “actualización necesaria debido a los avances de la biotecnología”. Pero no hay referencia específica a los organismos modificados genéticamente mediante la edición de genes (la técnica CRISPRR), por tanto no queda claro si quedan comprendidos en esta regulación o si el Estado de Chile adhiere a la controvertida tesis de que este tipo de modificación sólo sería mutación y no transgenia. En tal caso la norma los dejaría excluidos de análisis de riesgo tal y como acordaron en 2019 los ministros de Agricultura de Argentina, Paraguay y Chile. La Unión Europea -uno de los principales receptores de las exportaciones de Chile, el tercero en importancia- tiene el criterio contrario. La comisión Europea, su órgano ejecutivo, reiteró recientemente que en el caso de la edición de genes, para su evaluación de riesgo y eventual aprobación, aplica exactamente los mismos criterios que para los transgénicos.
