Desde el 18 de octubre, se ha vuelto a presenciar la prisión política masiva: al menos 2.500 personas han estado en prisión preventiva por hechos vinculados a la revuelta. Pero, lo cierto es que este método de represión ha sido una constante para quienes han participado en procesos de movilización social y no acabó con la Dictadura.
Constanza Vargas
– 25 de mayo de 2020
A partir del 18 de octubre del 2019, Chile comenzó el periodo de movilización más importante desde el término de la Dictadura, las cacerolas junto a las cucharas de palo, los cortes de tránsito, las marchas masivas, las asambleas territoriales, se tomaron la agenda pública y volvieron a levantar las consignas por la reivindicación de los derechos básicos, que se silenciaron y se plantearon como secundarios por tanto tiempo.
Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, 5.558 personas denunciaron haber sido víctimas de violaciones a Derechos Humanos; 4.170 de las denuncias fueron contra Carabineros; 31 personas fallecieron en contexto de manifestación, cuatro de estos casos son atribuibles a agentes del Estado, 38 de esos funcionarios han sido formalizados por algún delito [1].
Los números les han sido incómodos al gobierno de Sebastián Piñera, a Carabineros y militares, quienes hasta la fecha no han asumido responsabilidad en casos que conmocionaron al País, como el de Gustavo Gatica, el joven que perdió ambos ojos por perdigones disparados por la policía; mucho menos han pensado en la reparación de las miles de víctimas de la violencia estatal, corroborada por al menos cuatro instituciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
Actualmente, alrededor de 2500 personas han estado en prisión preventiva por hechos vinculados a la revuelta, aunque no existe un número exacto [2], la Fiscalía Nacional publicó, el 31 de enero de este año, que entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre se dictó prisión preventiva para 4.032 personas. Muchas de ellas víctimas de detenciones ilegales, seguimiento de parte de funcionarios policiales, golpizas, etc.
Según el balance del Poder Judicial, publicado el 30 de abril de este año [3], de los 88.997 imputados que pasaron a Audiencia de Control de Detención, entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de enero de este año, se declaró ilegal la detención de 1.956 de ellos. El pasado 20 de febrero, la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich [4], comunicó que las detenciones ilegales entre octubre y enero, subieron 77,7% comparado al mismo periodo del año 2018; así consignó el medio El Mostrador.
Miles de personas están enfrentando procesos judiciales por verse vinculadas a la protesta, que –a través de espacios de organización como la Coordinadora por la Libertad de las y los Presos Políticos 18 de Octubre o la Agrupación de Familiares y Amigos de las y los Presos Políticos Guacolda– han ayudado a refrescar la memoria: la prisión política no acabó con la Dictadura.
Prisión preventiva como prisión política
El 21 de octubre de 2019, tres días después del comienzo de la revuelta, los cacerolazos ya eran parte del cotidiano, en los puntos de encuentro de cada territorio se juntaban vecinos y vecinas con cucharas y ollas a protestar. Ese día, en la población Boca Sur, en Concepción, les tocó escapar de las lacrimógenas y los perdigones de Fuerzas Especiales. Ignacio Matus (23) había tenido una operación de rodilla un poco antes de que comenzara la revuelta y se quedó atrás: «Me golpearon, me amenazaron sin justificación; todo pasó tan rápido, de un momento a otro me vi esposado, con la cara toda desfigurada camino a la cárcel… después de ese día, estuve seis meses preso», cuenta Matus.
Ignacio fue acusado por porte de munición bajo la Ley de Control de Armas y recién al tercer mes de prisión preventiva tuvo la primera audiencia, para revisar la medida cautelar. El procedimiento policial arrojó que no tenía residuos de disparo en sus manos y tampoco presentaron imágenes que lo vincularan a algún hecho.
Él, su familia y vecinos acusan montaje de parte de Carabineros de la 6ta comisaría de San Pedro de la Paz. Desde el 1 de abril, se encuentra con arresto domiciliario total, pero aún no tiene claro cuándo ni cómo terminará su proceso judicial: «Al principio, me tocó un mal abogado, él quería que yo asumiera la culpa para que las penas que arriesgo fueran menores. Yo lo encontraba absurdo, porque no hice nada; todo es un montaje, todo el mundo sabe que es un montaje… ellos, para justificar como me desfiguraron el rostro y las condiciones en las que me dejaron, me cargaron con dos cartuchos y me mandaron preso, así de vulnerables estamos», explica Ignacio.
Tanto las organizaciones de familiares y amigos de los prisioneros políticos, como abogados dedicados al área de Derechos Humanos, han denunciado la utilización de la prisión preventiva de manera desproporcionada para quienes han sido detenidos por razones vinculadas a la protesta. En casos que en otro contexto serían una falta, para la que no aplicaría prisión preventiva (la medida cautelar más dura del sistema procesal chileno), se ha decidido aplicar.
El 30 de octubre de 2019 fueron detenidos Rubén Rivas, Esteban Bustos y Gilberto Mendoza, cada uno en distintos puntos, los tres militantes del Movimiento Juvenil Lautaro. Efectivos de la 51 Comisaría de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda (misma comisaría que hizo noticia por violencia sexual hacia un joven) junto a personal del OS9 (Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales) de Carabineros los acusaron de prender una barricada en las vías del tren que atraviesa la Comuna: «Nos dicen que ellos sabían que nosotros éramos del grupo juvenil Lautaro y que íbamos a hacer cana; nos dicen el artículo por el cual nos iban a procesar, incluso», cuenta Rubén Rivas.
A los tres detenidos, la Fiscalía los acusa de obstaculizar la línea férrea, provocando peligro de descarrilamiento, bajo la Ley de Ferrocarriles; además, el Ministerio del Interior se querelló por Ley Interior del Estado. Rubén cuenta que no existen pruebas fotográficas, ni videos que los vinculen al hecho del cual se les acusa; sin embargo, fueron enviados a cumplir prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad: «Nos llevaron a máxima seguridad, porque pertenecemos a grupos antisistémicos y podíamos provocar motines», dice.
Cumplieron casi seis meses de prisión preventiva, en régimen de alta seguridad, con 21 horas de encierro al día y sin visitas conyugales. Tuvieron tres cambios de medida cautelar a arresto domiciliario, en los que la Corte de Apelaciones revocó la medida y volvieron a prisión. El 9 de abril, les dieron arresto domiciliario nuevamente y el 15 la Corte de Apelaciones ratificó la decisión.
La criminalización de quienes protestan es una constante en la historia chilena, de manera más visible desde el 18 de octubre en adelante, pero siempre ha existido. Con la revuelta aparece la prisión preventiva como un instrumento de control social de poblaciones, así lo explica el analista político Rafael Agacino: «En particular de la gente joven, de sectores más bien populares que han salido a manifestarse de manera pública, ocupando mecanismos de autodefensa frente a las fuerzas policiales, reclamando por las injusticias sociales», y agrega: «Lamentablemente se habla de prisión política como aquel caso circunscrito a la Dictadura; por lo tanto, en democracia no habrían presos políticos, dejando fuera a los presos mapuche o de la revuelta; pero eso es, evidentemente, prisión política».
La herencia de la prisión política
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en Chile, dio paso a uno de los peores regímenes dictatoriales de Latinoamérica, encabezado por los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. En 1974, se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), posteriormente transformada en la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos que cumplieron roles cruciales en la represión de la época.
Durante 17 años, todas y todos quienes se opusieron al Régimen y/o habían sido afines a la Unidad Popular u organizaciones de izquierda, fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados, incluso desaparecidos. Existe, hasta el día de hoy, un debate respecto a las cantidades de víctimas, pero el Estado reconoce más de 3.000 asesinadas, 1.169 detenidas desaparecidas y casi 200 mil exiliadas. Según información recopilada por la Comisión Valech (Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura) 28.459 personas fueron víctimas de prisión política y torturas, aunque se sabe que no todos quienes pasaron por esas experiencias prestaron declaración ante la Comisión; por ello, se estima que esta cifra es aún mayor. Es importante destacar que la Comisión Valech delimitó la población que calificaba para ser parte de la cifra, dejando fuera las detenciones masivas durante las protestas que se iniciaron en 1983.
Era el 7 de diciembre de 1981, en la Galería Número 2 de la Cárcel Pública estaban los presos políticos junto a otros presos vigilados por Gendarmería. Ahí estaba Guillermo Rodríguez, junto otros tres presos políticos y cuatro presos comunes, con vómitos, diarrea, pérdida de visión, mareos. Al principio todos pensaron gastritis; podía ser, las condiciones sanitarias de la cárcel lo justificaban.
Tres días después, se confirmó que estaban sufriendo intoxicación botulínica, pasaron todos por distintos hospitales, Gendarmería los separó, porque plantearon que podía tratarse de un plan de fuga. Estuvieron conectados a respiradores mecánicos en espera del tratamiento adecuado para revertir la toxina, porque este no estaba disponible en Chile. La prensa se demoró casi un mes en mencionar que se trataba de intoxicación botulínica y se le atribuyó a tomates en conserva.
La realidad fue otra: Guillermo había sido víctima de la prueba de un arma química producida por la CNI. Junto a él, otros siete presos fueron afectados y dos de ellos murieron. El resto quedó con secuelas, hasta hoy.
Guillermo Rodríguez (68), comenzó a militar en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el liceo; cuando entró a la universidad, en 1970, le tocó asumir tareas de seguridad para el presidente Salvador Allende, así que dejó de estudiar. Cuando ocurrió el golpe de Estado, resistió con armas; ahí, fue su primer encuentro con la prisión política.
Fue encarcelado dos veces durante la Dictadura, torturado y sometido a Consejo de Guerra en 1974 y, nuevamente, en 1981. En total, estuvo 13 años privado de libertad, en la Cárcel Pública En 1992, Guillermo salió en libertad de la misma cárcel en la que trataron de matarlo.
Han pasado 39 años y las condiciones político-sociales no son las mismas, pero: «La represión actual es nada más que la continuidad de la represión de otros momentos, con nuevas técnicas, aprendizajes, mecanismos. Los aparatos represivos de la Dictadura nunca terminaron, sólo sufrieron algunos acomodos, dados los cambios políticos; pero, en esencia, son herencia y superación de los aparatos y formas de ayer», cuenta Guillermo, desde su experiencia.
La prisión ha sido un recurso permanente, como método de control de los procesos de movilización relevantes, incluso desde antes de la Dictadura; sin embargo, es esta la que deja como legado el encubrimiento de la violencia de parte del Estado; así lo explica el historiador Mario Garcés: «En dictadura comienza la negación, el encubrimiento y la desaparición de los medios democráticos. Esa tendencia no se modifica de manera importante, en la transición se estructura una red de medios muy afines al Estado».
María Cecilia Marchant (69), tenía 21 años cuando fue el golpe de Estado, era estudiante de Pedagogía en Química en la Universidad de Chile, en La Serena; también, era militante del MIR. Le llegaban periódicamente ejemplares del diario El Rebelde, a su casa, para que ella pudiera distribuirlos; piensa que así pudieron localizarla, para arrestarla: «Me llevaron al regimiento y tengo como una semana perdida en mi cabeza, no sé qué pudo haber pasado ahí», cuenta Cecilia.
Llegó al Buen Pastor, un centro de detención de mujeres en La Serena; no era, exactamente, un centro de tortura física, pero sí psicológica; estuvo cuatro meses ahí, uno de ellos completamente incomunicada: «Lo que se sabe de esa época nos tocó a todos igual, tal vez unos más otros menos, pero el sufrimiento, la tortura en mayor o menor grado, todos la sufrimos», explica.
Era el Regimiento Arica donde las llevaban para torturarlas, amenazarlas, interrogarlas. Los relatos de la época cuentan que los presos y presas que pisaban ese lugar eran incomunicados, privados de alimentos, agua y sueño, en celdas de un metro cuadrado; colgamientos, quemaduras, ingesta de excrementos, simulacros de fusilamiento, fracturas de dedos, por mencionar algunas técnicas de tortura que ocupaban los militares, para amedrentar a los y las opositoras.
Cecilia cuenta que la resistencia en el Buen Pastor se basaba, principalmente, en apoyarse y contenerse mutuamente, para lograr cuidar su salud física y mental, antes y después de pisar el Regimiento Arica: «El cuento era que a nosotras nos llevaban al Regimiento y volvíamos mal, de alguna manera teníamos que hacer lo posible por estar bien colectivamente […] cantábamos canciones que en ese momento eran peligrosas, cantábamos hasta el Venceremos», cuenta Marchant.
En dictadura, también, se implementaron las operaciones masivas de allanamiento en poblaciones, donde se detuvo a todo quien pareciera opositor y marcaron profundamente el periodo, una violación al territorio popular. Se llenaron estadios e instalaciones militares de personas que podrían ser un peligro para el Régimen: «Yo tengo la estimación de que la detención en allanamientos comprometió a varios miles en Santiago. Hay informes del año 83-84 que plantean que la cifra de detenidos es sobre 30 mil», indica el historiador Mario Garcés.
Las detenciones masivas, también, marcaron la revuelta, de manera distinta, pero lo hicieron. Según información entregada por el Ministerio del Interior, 27.386 personas fueron detenidas entre el 19 de octubre de 2019 y el 19 de marzo del 2020.
Otra de las características del proceso generado después del 18 de octubre son las detenciones selectivas, en ese sentido, Garcés nos comenta: «El Estado eligió un camino complementario a la prisión directa, que son los seguimientos de inteligencia, aprovechando los nuevos avances tecnológicos, el uso de celulares, cámaras escondidas. Las pruebas que se introducen a Fiscalía tienen que ver con estos registros de la policía o sus agentes», comenta el historiador.
Prisión política en democracia: la lucha del pueblo Mapuche
A fines de los noventa y principio de los dos mil se intensificó la lucha acérrima del pueblo mapuche por la restitución de su territorio sagrado, que se les arrebató y luego ocupó para extracción de materias primas con fines comerciales, como lo han hecho ya durante d s las celulosas y forestales.
Existieron, en los primeros años de la vuelta a la democracia, promesas de reconocimiento constitucional de autonomía para el pueblo mapuche y sus tierras ancestrales de parte de la casta política, pero ninguna se concretó realmente y el conflicto en la zona se tornó más duro, año tras año, obligando a la nación mapuche a enfrentarse al poder económico y político por la defensa de sus costumbres, creencias y territorio.
En este marco, el pueblo mapuche en resistencia ha sido blanco de represión de parte del Estado, siendo la cárcel un ejemplo; pero, también, el asesinato por parte de efectivos policiales: Alex Lemun, Matías Catrileo, Agustina Huenupe, Rodrigo Melinao, son algunas de las víctimas de la represión del Estado, en los últimos años.
Héctor Llaitul (52) es vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización por la defensa y restitución de los derechos fundamentales de la nación mapuche. Ha sido criminalizado, catalogado como terrorista, perseguido y por supuesto objeto de prisión política, en más de una ocasión: «No recuerdo bien la cantidad de procesos que me ha tocado asumir… en suma, he estado nueve años en prisión. La vez anterior, fueron como seis años, enmarcado en la lucha de reivindicación territorial y la última vez fue por el Caso Huracán», cuenta Llaitul.
En septiembre de 2017, ocho comuneros mapuche fueron detenidos por Carabineros, por supuesta asociación ilícita; entre ellos, estaba Héctor Llaitul. La Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en la Araucanía, que fue levantada por quien en ese entonces era director general de la institución, Bruno Villalobos, y liderada por Gonzalo Blu, presentó mensajes de WhatsApp que, supuestamente vinculaban a los detenidos con ataques incendiarios en el sur. La Fiscalía Regional de la Araucanía descubrió inconsistencias en los informes de Carabineros y los celulares incautados de los detenidos, lo que llevó a la conclusión de que los aparatos habían sido intervenidos.
Así quedó en la Historia la Operación Huracán, se dejó en libertad a los comuneros mapuche detenidos y se abrió un proceso de investigación a Carabineros, por intervenciones ilegales y montaje: «Retrata una posición oficial del Estado chileno, aquí hubo responsabilidades políticas como la de Blu, que salvaguarda los intereses de los poderosos», dice el vocero de la CAM. Respecto a la reparación posterior del montaje, Héctor explica que no hubo: «Nosotros nos la bancamos. Hay un escenario de beligerancia que lo pone el Estado, prácticamente de guerra. Nos tratan a nosotros de terroristas y delincuentes tergiversando nuestra lucha y su trasfondo».
Hay hitos que marcaron la historia de la prisión política mapuche, como la huelga de hambre del 2010-2011 contra la Ley Antiterrorista, que duró casi 90 días o el caso de Lorenza Cayuhan, que, en 2016, mientras cumplía condena por un supuesto robo vinculado a la Forestal Arauco, fue obligada a parir engrillada. La violencia en el Wallmapu no ha cesado, bien lo sabe la familia de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche asesinado a fines de 2018 por el Comando Jungla, quienes –además– ocultaron la evidencia que les inculpaba.
Hoy, sigue existiendo la represión contra el pueblo mapuche que se opone al Estado; en la Cárcel de Angol y Temuco los prisioneros políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre por condiciones sanitarias de los recintos, entre los huelguistas se encuentra el machi Celestino Córdova, en su quinta huelga de hambre. Una de las voceras de Córdova, Giovanna Tabilo, comunicó –el pasado 12 de mayo– que se encuentra en un estado de salud severamente deteriorado tras la huelga de hambre, exigen que gendarmería se haga cargo de su estado de salud y que se le permita cumplir condena en su territorio [5].
Llaitul cuenta: «Estamos claros que por las vías institucionales o políticas no vamos a restituir nuestros derechos, recuperar el territorio y la libertad para autogobernarnos como nos heredaron nuestros antiguos; el desarrollo de nuestras fuerzas va por fuera de la institucionalidad que nos oprime».
¿Cómo se resiste a la prisión política?
En julio de 1975, la DINA intentó ocultar la detención y desaparición de 119 personas, opositoras al régimen de Augusto Pinochet [6], afirmando que habían muerto producto de pugnas internas y enfrentamientos con fuerzas policiales en otros países (de aquí nació el famoso titular de La Segunda: «Exterminados como ratas»). En esa ocasión, casi 100 prisioneros del Campo de Detenidos Melinka, de Puchuncaví, dieron inicio a la primera huelga de hambre en dictadura, con el fin de denunciar que se trataba de un montaje y dar testimonio del paso de esos detenidos por los recintos de la DINA.
Las formas de resistencia en la prisión política no son iguales en todos los recintos de detención y, sin duda, se han modificado a lo largo de los años; pero, siempre han existido, a veces es organización, huelga de hambre, métodos clandestinos; sin embargo, otras veces es un abrazo o canción, compañía, silencio: «La fortaleza ideológica y el carácter de cada uno pueden convertir la cárcel política también en una trinchera de lucha, en espacios para crecer con el arte, la ciencia, la actividad deportiva o física. Evitar la arrogancia, el egoísmo, el sálvate solo, el respeto, la humildad, el valor, son elementos que ayudan mucho», explica Guillermo Rodríguez.
Para Héctor Llaitul, la resistencia es no perder el horizonte, confiar en la razón: «Así lo entendemos nosotros, los weichafe, cuando luchamos de frente, porque se trata de reestablecer formas de vivir que son absolutamente legítimas. Eso nos da un aliciente que, en el mundo mapuche, se conoce como el newen y un término más profundo es lo que nosotros entendemos como el feyentun mapuche: creer y tener la convicción de soportar cualquier costo que debamos pagar», dice.
Hay quienes plantean que en democracia no existe la prisión política, como lo mencionaba antes Rafael Agacino, asociándose esta sólo a la Dictadura; judicialmente no se habla de prisión política, no se reconoce, pero desde el 18 de octubre en adelante, con los encarcelamientos masivos se ha vuelto a reactivar esta discusión, con más fuerza.
Las organizaciones de amigos y familiares de los presos políticos han jugado roles fundamentales de articulación y organización para buscar justicia en el caso de los alrededor de 2.500 presos y presas de la revuelta. Rubén Rivas cuenta que la Agrupación Guacoldas, que jugó un papel crucial en los noventa para la liberación de los presos políticos, se rearticuló por su caso y el de sus compañeros.
Además, nació la Coordinadora por la Liberación de los Presos Políticos 18 de Octubre, en un comienzo para juntar a las y los familiares y amigos de las y los presos, para lograr conocerse, contenerse, visibilizar y buscar mejores estrategias para conseguir justicia. Hoy son una organización que exige la liberación de todos los y las presas políticas, no sólo los y las del 18 de octubre en adelante.
Rubén y sus compañeros lautarinos llevaron a cabo una huelga de hambre, desde el 10 de diciembre del año pasado, Día Internacional de los Derechos Humanos, en forma de manifestación por la libertad y cese de violación de los derechos. Duró 16 días.
Por su lado, Ignacio Matus tuvo la sensación de que la prensa no lo estaba contando todo y junto a su compañero, Carlos Peyrín, sacaron el fanzine Capuche, desde la Cárcel de Concepción, para contar, en primera persona, la realidad de la prisión política: «Los medios de comunicación son totalmente parciales, muestran lo que les dejan mostrar no más, no van a mostrar que Juanito Pérez está preso injustamente, esas son las cosas que nosotros como pueblo debemos resaltar», dice Ignacio.
Cecilia Marchant, presa política durante la Dictadura, respecto al no reconocimiento de las y los presos políticos en democracia, sentencia: «Ellos caen porque están pidiendo algo mejor, un cambio para las condiciones que tenemos en este país. Desde los noventa en adelante, caen estudiantes, trabajadores, ellos son presos políticos, porque ese cabro andaba protestando o pidiendo justicia, no andaba delinquiendo. Y si tiraba una piedra, bueno, ¿cuántas piedras nos han tirado a nosotros?»
| Se detectaron 1.549 causas de delitos relacionados a violaciones de Derechos Humanos entre el 18 de octubre del 2019 y el 17 de enero de este año, 1.000% más que en el mismo periodo del año anterior. 93% de los culpables fueron Carabineros y las locaciones más recurrentes fueron manifestaciones o marchas, seguidas por las comisarías. La represión, persecución y encarcelamiento de quienes se manifiestan por reivindicaciones sociales o se oponen al Estado, sigue siendo una práctica vigente. |
[1] http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17285
[2] http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?id=17287
[6] https://www.londres38.cl/1937/w3-article-82278.html
