Entre la barbarie y la vergüenza amaneció 2017 en Brasil. El mismo 1 de enero a las tres de la tarde una rebelión de presos en el Complejo Penitenciario Anísio Jobin (COMPAJ), dio inicio a 17 horas de violencia continua. El resultado fueron 56 presos muertos, más de la mitad degollados y descuartizados. Cuatro días después sucedía lo mismo en Monte Cristo, en Roraima, con 33 presos asesinados. Dos días más tarde otros cinco perdían la vida en otra cárcel de Manaos que acababan de reabrir para realojar a algunos de los supervivientes del COMPAJ. En apenas una semana al menos 94 presos han muerto en Brasil.
Agnese Marra, desde San Pablo
Brecha, Montevideo, 13-1-2017
La masacre del domingo 1 en Manaos se convirtió en la segunda mayor matanza en una cárcel brasileña, sólo detrás de Carandirú (1992), en San Pablo, en la que murieron 111 reclusos, y no a manos de otros presos sino de la Policía Militar. Según Luis Carlos Valois, juez penal del tribunal de justicia del estado de Amazonas, que hizo de negociador en la pacificación de Manaos, esta matanza habría sido “mucho peor” que la de San Pablo, y recuerda que en Amazonas murieron 56 de un total de 1.200 presos, mientras que en la prisión paulista fueron 111 de 10 mil presos. “Las proporciones nuestras son mucho peores y el grado de violencia es algo indescriptible”, dijo.
Las imágenes de miembros amputados, cuerpos sin cabeza, y los verdugos atrás riéndose dejaron conmocionada a la sociedad brasileña. No sólo por destapar una guerra abierta entre facciones del tráfico de drogas, sino por sacar a la luz, con la cena de fin de año todavía caliente, las terribles condiciones existentes en las prisiones del país.
Brasil tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo, con 662.202 presos, detrás de Rusia (644.237), China (1.657.812) y Estados Unidos (2.217.000). En lo que sí ocupa el primer puesto es en hacinamiento, según indica el International Centre for Prision Studies. De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Justicia, las cárceles brasileñas tienen un déficit de 250 mil plazas. La prisión donde ocurrió la masacre de Manaos tenía capacidad para 454 detenidos, pero estaba ocupada por 1.224, tres veces más de lo habilitado. En Roraima la ocupación duplicaba la capacidad.
La falta de plazas no impide que la población carcelaria siga aumentando. Entre 2004 y 2014 creció un 64 por ciento, y si arrancamos comparando desde 25 años atrás aumentó 575 por ciento, según datos oficiales del Ministerio de Justicia. Según André Becerra, presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, las prisiones brasileñas son un “agujero para depositar pobres”. Y añadió: “Te puedo asegurar que en nuestras cárceles no se ven evasores fiscales”.
Los 56 presos decapitados tenían el perfil habitual del recluso brasileño: joven (más del 90 por ciento), negro (60) y con educación primaria básica (75). Estaban detenidos por delitos que iban desde homicidio hasta pequeños hurtos. “Este es un país que se empeña en encarcelar, y la sociedad lo ampara, pero esa no es la solución, no se puede meter a todos los pobres en la cárcel”, dice el juez Valois. Becerra, también magistrado de la línea garantista, sostiene: “Todavía no se ha entendido que cuanta más gente se detenga, más criminalidad va a haber. Los jóvenes que entran en esas prisiones se hacen criminales a la fuerza, muchos de ellos cuando acaban su pena tienen deudas con las facciones y tienen que entrar en el crimen para saldarlas”.
El aumento en la cantidad de presos no es proporcional al de los jueces que puedan gestionar los casos que se acumulan en sus despachos. El colapso que sufre el sistema penitenciario provoca situaciones que rozan la ilegalidad, como el hecho de que 40 por ciento de los reclusos estén encerrados de forma provisional, a la espera de ser juzgados, porque ni siquiera han sido condenados en primera instancia. En esta situación pueden pasar meses o años. También hay presos que ya han cumplido sus sentencias y que por demoras burocráticas siguen encerrados, o aquellos que podrían pasar del régimen cerrado al abierto y nunca disfrutan de ese derecho.
El aumento del número de presos también se asocia con el crecimiento de las prisiones tercerizadas, como en el caso de Manaos. En estas cárceles el Estado es responsable y está a cargo, pero el personal que trabaja dentro (agentes, enfermería, médicos y profesores) es contratado a una empresa. En una carta al ministro de Justicia, el padre Frei Betto lo denunciaba la semana pasada: “La empresa recibe del Estado según el número de detenidos que administre. Cuantos más haya, también hay más lucro”.
Tragedia anunciada
A pesar de las nefastas condiciones de las cárceles brasileñas, la masacre de Manaos no tuvo que ver con una rebelión de presos. Valois contó a Brecha cómo por primera vez en sus 15 años como juez y como negociador en media docena de motines los presos no pidieron ninguna reivindicación antes de la masacre: “Sólo querían protección después de lo que habían hecho, pero ni siquiera exigieron que se acortaran los plazos de los procesos, una petición constante en todas las rebeliones”. Según el magistrado, esa es la prueba más clara de que fue una matanza de una facción criminal contra otra.
Después de años de tregua, el pasado otoño las dos bandas más importantes del crimen organizado de Brasil se declararon la guerra. El Primer Comando de la Capital (Pcc), basado en San Pablo y con redes en todo el país, se enfrentó con el Comando Vermelho (CV), el primer grupo criminal de Brasil (nació en los años setenta), con sede en Rio de Janeiro y asociado a pequeñas bandas en otros estados. Eso sucedió en Manaos, donde la Familia del Norte (Fdn), ligada al CV en Manaos y dueña de la cárcel, decidió marcar su territorio y acabar con sus enemigos del Pcc. En el medio de la carnicería mataron a una gran cantidad de presos que no tenían que ver con ninguna facción: “Murieron los más débiles, como siempre”, dice con tristeza Valois.
Esta guerra por ahora se juega detrás de los barrotes, el territorio que dominan y donde nacieron estas bandas. La profesora de la Universidad del abecé de San Pablo Camila Nunes, especialista en el Pcc, recuerda que tanto el Comando Verme-lho como sus homólogos paulistas surgieron en un primer momento como movimientos que reivindicaban los derechos de los presos, uniéndose para “luchar contra el Estado”. Esta socióloga reconoce que hoy en día funcionan como una “empresa capitalista más”, y sus “ansias de expandir el mercado y liderarlo” serían parte de las razones por las que volvieron a declararse la guerra.
Nunes ya había advertido desde octubre a las autoridades penitenciarias que redoblaran la seguridad porque la guerra entre el Pcc y el CV podía dejar muchos muertos en las prisiones de todo el país. A su vez la Policía Militar de Manaos había detectado unas conversaciones en las que la Fdn amenazaba con llevar a cabo esa matanza. Nadie hizo nada.
Valois defiende que rumores de rebelión siempre hay en las cárceles y que un mes antes él había estado en el Compaj y los presos del Pcc no se habían quejado: “Reconocí a uno de ellos decapitando a otro. Nunca me pidió que los moviera a otra prisión”. Pero en las cárceles de Rio de Janeiro y San Pablo hay traslados de presos desde finales de noviembre, justamente para evitar que se maten entre bandas rivales.
El papelón del gobierno
Michel Temer demoró cinco días en pronunciarse sobre la tragedia de Manaos, y cuando lo hizo la calificó de “pavoroso accidente”, un término por lo menos liviano, cuando los datos de homicidios por muerte violenta en 2016 hablan de 392 reclusos asesinados, más de un muerto por día. Sólo en los últimos cuatro meses, desde que las bandas criminales reanudaron la guerra, ya han muerto 145 presos.
Al torpe término usado por el presidente se sumó la declaración del gobernador del estado de Amazonas, José Melo, quien llegó a justificar lo sucedido asegurando que “entre los muertos no había ningún santo”. Días después vino una frase todavía peor, esta vez del secretario nacional de la Juventud, Bruno Júlio (del Pmdb): “Debería haber una matanza de éstas por semana”, declaró al diario O Globo, justificándose con que: “Es que soy hijo de policía, por eso no me gustan los bandidos”. Dos días después de sus declaraciones tuvo que dimitir.
A lo largo de los días las declaraciones de la clase política brasileña empeoraron. El diputado federal Major Olimpio (también socio de Temer) puso en su cuenta de Facebook: “Manaos 56 / Roraima 33. Vamos, Bangú (cárcel de Rio de Janeiro), ustedes pueden hacerlo mejor”, animando a los presos de la penitenciaría carioca a superar el número de muertos.
El miércoles 11 una centena de jueces firmaron una petición solicitando la dimisión del ministro de Justicia, Alexandre Moraes. A pesar de ser el único representante del Ejecutivo que se acercó a Manaos poco después de ocurrir la matanza, sus confusiones y su falta de conocimiento sobre el tema lo dejaron en evidencia: “Solicitamos la dimisión del ministro de Justicia por su total incompetencia en la materia”, decía un fragmento de la petición.
Pero lo que más molestó a estos jueces fue el plan de seguridad que presentó Moraes junto al presidente Temer para solucionar la crisis penitenciaria. Un plan de emergencia de 1.800 millones de reales para, entre otras cosas, construir más presidios en Amazonas y en otros estados del país. Hasta el momento la única representante del gobierno que mostró sensibilidad hacia el tema fue la secretaria de Derechos Humanos, Flávia Piovesan, que ante la propuesta de Temer y Moraes respondió: “Construir más prisiones no sirve de nada en un sistema fallido”.
