Tenían un grupo de Whatsapp llamado “Los fenómenos”
La Justicia procesó a cinco trabajadores del transporte por explotación sexual
Son cientos los casos de explotación sexual comercial y no comercial que afectan a niñas, niños y adolescentes en todo el país
La Diaria, Montevideo, 12-1-2017
El caso se hizo público entre el lunes y el martes, luego de que la Policía allanara las terminales de Palacio de la Luz, Paso de la Arena y Cerro, concurriera a las de Kibón, Buceo y Tabárez, y 12 trabajadores de la empresa Cutcsa -choferes, un inspector y un largador- fueran llevados a declarar al Juzgado Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno. Siguiendo el pedido de la fiscal, María de los Ángeles Camiño, la jueza María Elena Mainard procesó con prisión a cinco de los 12 trabajadores, a todos por la Ley 17.815, de Violencia Sexual Comercial o no Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces. Cuatro de los trabajadores fueron procesados por el artículo 5º, de “contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces”, y otro por el artículo 4º, que refiere a la “retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”. La pena para ambos delitos es de dos a 12 años de penitenciaría.
Las víctimas son dos adolescentes que tienen entre 16 y 17 años y que residen en el oeste de Montevideo (1); otra adolescente también fue indagada, pero, según Subrayado, de la investigación no surgieron elementos para involucrarla en el caso. Según informó ayer Radio Uruguay, una de las chicas, que tiene ahora 16 años, mantenía desde los 13 años un vínculo con un guarda-conductor de Cutcsa, de 43 años. De acuerdo con el informe de la fiscal, que reprodujo Radio Uruguay, “esta persona la sometía a que le practicara sexo oral en un bus de Cutcsa, empresa en la cual trabaja, una vez finalizada su jornada laboral o el recorrido en la terminal de la Playa del Cerro a cambio, según la menor, de viajar gratis en el ómnibus en algunas oportunidades”. Otros favores “comunes” eran hacerle una recarga de celular. La chica se vinculó luego con otros dos trabajadores. Otra de las adolescentes mantuvo relaciones con otros dos procesados. La investigación detectó, en varios casos, la promesa de pago y regalos, y en otros casos, según dijeron, no hubo retribución. El abogado de los procesados, Pablo Barreiro, apelará el fallo, según trascendió en la prensa.
Todos los indagados tenían un grupo de Whatsapp llamado “Los fenómenos”. La jueza descartó que el grupo estuviera vinculado a los hechos denunciados, puesto que corroboró que se usaba para conversaciones internas que incluían temas familiares y laborales. Sí se constató que el vínculo entre las adolescentes y los explotadores incluía mensajes privados por Whatsapp.
Tal como lo hizo el martes, la empresa Cutcsa (2) volvió ayer a manifestar su repudio a estos hechos; expresó que “todos los funcionarios que fueron citados a declarar, más allá de la resolución que adoptó la Justicia, están al día de hoy retirados del servicio y así continuarán hasta el día que el Directorio se reúna de forma extraordinaria para tomar una resolución en cada uno de los casos” y que para el Directorio de Cutcsa no va a significar “ninguna diferencia” el hecho de “estar procesado o no procesado (con prisión o sin prisión)”. Juan Salgado, presidente de Cutcsa, declaró anoche a Telemundo que le daba vergüenza lo ocurrido y que “parece raro que se hayan puesto el nombre de ‘Fenómenos’ y que esos fenómenos tengan la necesidad de hacer este tipo de cosas con menores de 16 y 17 años”.
Fragilidades
El caso fue denunciado ante la Justicia por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que se enteró de la situación a partir de la información transmitida por referentes educativos que trabajaban con las adolescentes. “Queremos resaltar el trabajo articulado e interinstitucional con los centros educativos, con las organizaciones de la sociedad civil que detectaron estas situaciones, de las que pusieron al tanto al INAU, y también que el directorio de INAU tomó la decisión, en esta y en otras situaciones, de realizar directamente la denuncia al Poder Judicial con el objetivo de proteger a los equipos que trabajan directamente con las adolescentes, pero en primer lugar a las adolescentes, que son realmente frágiles y tienen situaciones que las llevan efectivamente a contextos donde son utilizadas por adultos”, declaró ayer en conferencia Marisa Lindner, directora del INAU. Lindner recordó la investigación Un secreto a voces. Percepciones sobre la explotación sexual comercial en Montevideo oeste, que publicó el INAU en 2014, a partir del trabajo impulsado por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y Adolescencia (Conapees). Esa investigación daba cuenta de la situación vivida en el entorno de las terminales de ómnibus. “Se han indicado situaciones de adolescentes mujeres que son explotadas sexualmente a cambio de traslados en taxi o en ómnibus, tanto en la terminal de Santa Catalina como en la del Cerro”, expresaba la publicación, que daba cuenta de que las chiquilinas tenían sexo a cambio de “un cigarrillo, un viaje en taxi o un refuerzo”.
Tanto Lindner como Luis Purtscher, presidente del Conapees, informaron que la red tejida en el oeste entre centros educativos, el Ministerio de Desarrollo Social, organizaciones de la sociedad civil y el INAU permitió “generar un proceso de reconocimiento de estas problemáticas” y llevarlas a la Justicia. El INAU accedió en agosto a la información. Los jerarcas alegaron que se tardó cinco meses en dilucidar la cuestión porque era necesario proteger a las adolescentes: “Las situaciones deben llegar al proceso judicial de manera que efectivamente se transformen en instrumentos de protección”, declararon. Cuando se les consultó si las familias de las adolescentes estaban en conocimiento de estas situaciones y si se constató omisión, las autoridades respondieron que la Justicia no lo detectó. De todos modos, comentaron que “estas situaciones van a ser puestas a nivel del juzgado de familia, por lo tanto la Justicia va a dar continuidad a los procesos desde el punto de vista judicial”, y recordaron que “es muy importante que estas adolescentes puedan dar sostenibilidad a estos procesos, y para eso son necesarias sus familias”.
En cuanto al trabajo que desarrollará el INAU, Purtscher comentó: “Se apoya a las familias o a los referentes o al arreglo familiar con que ellas cuentan si es de carácter positivo, y luego comienza un trabajo mucho más arduo, mucho más lento, porque sabemos que las secuelas de las situaciones de explotación, en las que los niños son transformados en cosas, no se resuelven en cinco minutos, sino que ahí comienza un nuevo proceso de resiliencia de la adolescente como para poder constituirse como sujeto”.
Son cientos
Lindner expresó: “Esta es una de las más de 300 situaciones de explotación sexual comercial y no comercial que afecta a niñas, niños y adolescentes de nuestro país en las cuales nos encontramos trabajando”. Detalló que son exactamente 333 los casos de explotación sexual en los que está trabajando el INAU, todos correspondientes a 2016. Se trata de niños y adolescentes cuyas edades van de los diez a los 17 años; hay varones, mujeres y en proceso de trans. Aclararon que no todas las situaciones están judicializadas, puesto que para eso se requiere “un acompañamiento para que las adolescentes puedan dar sostenibilidad al proceso de judicialización” y contar con “elementos de seguridad” para las víctimas, puesto que “el hecho de judicializarlo no asegura la salida”. Se busca, también, que los casos se lleven a la Justicia cuando haya “elementos de prueba que puedan responsabilizar a adultos”. Aseguraron que todos “los casos en los que la constatación de la explotación es real y culminada” se han llevado a la Justicia.
Los 333 casos se dan en todo el país. En cuanto a su distribución, Purtscher comentó: “Los espacios fronterizos son espacios donde el fenómeno se expresa en forma permanente durante todo el año. Tenemos departamentos donde el problema sigue la zafralidad de determinadas actividades económicas o situaciones de explotación que se dan en el marco de la temporada turística; tenemos espacios permanentes que se han localizado donde existe tránsito, movimiento de mercancías, puertos, explanadas de camiones que a su vez siguen la zafra de la circulación y embarque de granos, o las esperas realizadas por transportistas a la entrada de los puentes. Cada departamento tiene especificidades concretas”. Detalló: “Existe una media de 20 casos por departamento, donde tenemos casos, como Canelones o Tacuarembó, que superan los 30 casos anuales. Montevideo en este momento estaba presentando 26”. Pero no sólo alarma el número 333, sino también todas las situaciones que no se denuncian. “Somos conscientes de que esto es un subregistro. Cada vez que nos aproximamos a un caso, en la declaración [de las víctimas] aparecen dos o tres más que las adolescentes conocen y relatan”. Pero acotó que ese relato no se da en el primer contacto, porque lleva tiempo “reconocer la violencia humillante de estar siendo explotada o ser objeto de explotación”. “No estamos frente a un fenómeno que puede expresarse libremente. Es un delito: son niños, son adolescentes, muchas veces se las culpabiliza, se las hace responsables de las situaciones de explotación”, dijo.
Las denuncias van en aumento. En los tres años comprendidos entre 2007 y 2009, el INAU recibió 20 denuncias; en 2010, 21. La cifra siguió creciendo hasta llegar al mencionado 333 en 2016. Lindner señaló que “las comunidades atentas al problema son un factor de protección insoslayable” y pidió no naturalizar las situaciones ni culpabilizar a las adolescentes. Comentó que con frecuencia, luego de que se conocen las denuncias, “todos habían visto, conocían algo, o se sabía algo”. Purtscher expresó: “Son problemas complejos que hacen no solamente al hecho puntual del abuso o de la explotación, sino también a que hay factores estructurales y culturales contra los que es muy complejo luchar. ¿Cómo deconstruyo el patriarcado o los factores culturales que ven en la explotación sexual comercial algo que existió toda la vida y se naturaliza? ¿Cómo rompo con el miedo que genera en las comunidades denunciar este tipo de casos cuando tengo que denunciar a un vecino, o cuando el explotador o el abusador es una persona que tiene más poder o que cumple un rol importante en su comunidad y que en su vida cotidiana puede ser un excelente padre de familia o una persona relevante en alguna actividad?”, preguntó. Dijo que muchas veces las víctimas están en situación de violencia intrafamiliar y económica, y que la fragilidad se profundiza con el abandono de los estudios. En cuanto a los explotadores, los hay “de todos los estratos sociales, de todos los niveles adquisitivos, incluso con niveles superiores de educación”, advirtió.
Notas de Correspondencia de Prensa
1) En el oeste de la capital se ubican los barrios más “vulnerables”, donde se concentran los peores indicadores socio-económicos del país: pobreza infantil, desempleo juvenil, embarazo adolescente, trabajo “informal”, salario mínimo, vivienda precaria, deserción estudiantil.
2) Es la principal empresa privada de transporte en Montevideo. Tiene un cuasi-monopolio de las líneas con mayor rentabilidad. Su presidente, Juan Salgado -accionista en shoppings y empresas de salud- integra el estrecho círculo de confianza del presidente de la República, Tabaré Vázquez. El propio Salgado se considera “amigo honorario” de Vázquez y fue un “donante” significativo de su campaña electoral. A cambio, se ha beneficiado en sus múltiples negocios y, de hecho, ejerce un poder relevante tanto en la organización municipal del transporte urbano de la capital como en la fijación del precio del boleto. La esposa del presidente de la República, María Auxiliadora Delgado, bautizó en su momento a Cutcsa como la “empresa amiga”.
