Por Hector Vega
En tiempos de pandemia la economía real funciona a media máquina. Millones de trabajadores temen la pérdida de sus fuentes de trabajo. El estallido social develó que el empleo así como salarios y jubilaciones dignas, dejaron de ser en la percepción del Pueblo, situaciones regidas por un contrato entre el patrón y el trabajador. Siempre y, sobretodo ahora, es preocupación de la sociedad. Esto es una de las lecciones del 18 de octubre. Por si existiera alguna duda la crisis del Corona virus 19 reafirma esta cruda realidad.
Está claro que las condiciones que plantea la pandemia son propias de una economía de guerra. El gobierno y sus economistas no lo han entendido así. Ello explica que sin una contrapartida productiva el gobierno recurra a medidas tradicionales de endeudamiento esperando que según el criterio de los privados se realice la protección de los ingresos familiares y de los puestos de trabajo. Para ello se destinan 11 mil 750 millones de dólares financiados con endeudamiento, el 2% constitucional y los fondos soberanos. El reforzamiento de la salud es el piso que mide la eficiencia de las medidas en la economía. En ello el gobierno está al debe. Desde la Posta Central de la ciudad de Santiago una enfermera, urgencióloga de la Unidad de pacientes críticos, encara al ministro que minutos antes anuncia por televisión que nuestro sistema de salud es el mejor del planeta. La enfermera en cuestión denuncia la escasez de alcohol gel –una unidad para 13 camillas de pacientes– con una mascarilla por personal en recintos donde las instalaciones para lavarse y secarse las manos son precarias….Realidades de una economía de mercado, inaugurada hace 47 años atrás por la dictadura cívico-militar, que el examen crítico de la opinión pública hoy denuncia desde el temor del pasado a la rabia del presente.
Una población enferma, atemorizada y sin confianza en las directivas de su gobierno es incapaz de contener los efectos de la pandemia en la sociedad.
El artículo 184 bis del Código del Trabajo baraja varios casos de desempleo; el más preocupante es el caso del despido del trabajador por necesidades de una empresa que alega no poder pagar, ni las cotizaciones previsionales ni las indemnizaciones. Desde luego el trabajador podrá recurrir a tribunales para perseguir su cobro pero ese es un trámite que en recursos sucesivos puede llevar hasta un año y medio antes que falle la Corte Suprema. No olvidemos la tradición legal de nuestro país que siempre se ha impuesto por sobre la juridicidad que debe primar en la interpretación racional del derecho. Quienes carecen de un puesto de trabajo formal, o de un fondo de cesantía, o aún de un teletrabajo quedan en situación de precariedad. Es probable que para los casos no previstos por el mercado se deba recurrir a un fondo de 100 millones de dólares para emergencias sociales. Es lo que anuncia el gobierno pero dada la magnitud de los casos se trata de un fondo a todas luces irrisorio.
Activar un Plan Nacional de acción de los sectores productivos en situación de emergencia, o lo que en propiedad es la situación de una economía de guerra, es prioritario. Considerando las señales del gobierno y su historial esto no se dará. No en vano pesan 47 años, primero de un ajuste estructural de shock despiadado y luego de monetarismo puro y duro según los cánones de la escuela de Chicago para, rematar en 30 años de vaivenes entre neoliberalismo ortodoxo y un conservadorismo compasivo. De la mano del complejo empresarial, en un mundo global, se impuso así la realidad del libre mercado, que presidió la mayor transferencia de la historia que se haya conocido desde la riqueza pública a la propiedad privada.
Piñera y su equipo de gobierno entienden que el libre mercado y las prácticas del neoliberalismo no deben ni pueden cambiar. En lo personal, el ministro de Hacienda proviene de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El título de la institución aclara cualquier duda: allí se enseñan negocios; propios de un capitalismo financiero altamente especulativo con negociaciones de venta y compra de títulos negociables que se desarrollan en mercados globales sucesivos –negociaciones en el mercado de opciones y futuros en tiempo presente.
En lo local, ambas autoridades, Banco Central y ministerio de Hacienda entienden que las estimaciones sobre la rentabilidad del capital y la tasa del interés (1% TPM) son determinantes en la reactivación del mercado. Pero esa comparación tendría algún sentido si se tomara como algo cierto en un tiempo presente marcado por el Corona-virus. Certeza que no existe y que por el contrario oculta la probable paralización de la economía. Con una población activa ad portas de cuarentenas regionales, cualquier decisión de inversión en el presente se posterga para un futuro incierto. En síntesis, las convicciones neoliberales del gobierno se aproximan más a un juego económico que a situaciones de certeza en el presente. Situación similar a la de un concurso donde se pide a cada participante, suponer o adivinar, la decisión media del grupo en la realidad que se analiza.
En la realidad y según los términos del cálculo económico en situación de crisis, el Estado deberá decidir ahora sobre el potencial de la Nación, en términos de recursos materiales y financieros, capaz de asumir la deuda futura y por cierto el excedente (corto o lato, poco importa) que sería posible generar. Desde ya sabemos que generar ese eventual potencial exige deuda. En términos crudos. Si le has pegado un guadañazo al ahorro de los trabajadores esto es, el fondo de pensiones, al que todos los gobiernos echan mano es justo y sano que la opinión pública sepa en qué y cómo se invierten sus fondos. Inmerso en el juego económico (realidad en que se refugian nuestros economistas) el gobierno parece no captar la mezcla de ira y temor de un público que comprueba la baja en un 10% de sus ahorros en cuestión de días.
En Chile, la apuesta sobre el futuro se afirma, al igual que el resto de Latinoamérica, en recursos naturales. El cobre, nuestro commodity central, se sitúa, por el momento, con ventaja sobre el litio y productos del mar. En las circunstancias actuales del mercado y actores en juego nada de eso es la panacea. Desde hace ya 20 días (escribo el 21 de marzo) el precio del cobre se mueve a la baja con leves recuperaciones entre 2,75 máximo y 2,20 mínimo, la libra.
No perdamos de vista que proponer y realizar cuarentenas en regiones equivale a asumir la aplicación de medidas estructurales en el marco de una economía de guerra. Es una realidad que el gobierno, sus economistas y una clase política ampliamente repudiada por la opinión pública, parece ignorar. Realidad que enfrentan las democracias neoliberales de occidente con llamados que oscilan entre los llamados compasivos y patrióticos de Merkel, a la confusión de los gobiernos de Macron en Francia, de Conte en Italia y Sánchez en España…entre otros.
¿A qué echar mano? Hemos citado el cobre con su baja en los mercados sin mencionar su ausencia total en las complejas cadenas de valor del metal que de alguna manera constituyen el sólido refugio de las especulaciones del mercado. Valor al que en más de 150 años nunca el país ha tenido acceso. Chile produce alrededor de 6 millones de toneladas de cobre fino de los cuales cerca del 43% son concentrados, proporción que en la próxima década podría llegar a casi el 70%. Sin un proceso de refinación ese cobre no puede ser utilizado. Por lo que es necesario iniciar ahora ese proceso de fundición y refinación. Centrado en la exportación de concentrados esta actividad es tomadora de precios internacionales. El carácter oligopólico de las empresas endogeniza dichos precios, y profundiza la inestabilidad de los mercados internacionales, una de cuyas manifestaciones es la sobreproducción. La integración de la actividad en la cadena de valor del producto permite pasar de la situación de tomador de precios a la de controlador de los precios del mercado. De hecho las empresas transnacionales concesionarias de los yacimientos del territorio nacional han demostrado secularmente que su política de poder en el mercado se basa en conglomerados de empresas integradas, que abarcan producción minera, refinación, fundición, ingeniería, tecnología, transporte, finanzas, seguros y comercialización. Son estos componentes los que, a través de las políticas de alianzas, convenios, reparto de mercados, ganancias y precios, determinan en definitiva la participación del conglomerado en la globalidad del mercado.
En la guerra los símbolos movilizan y mantienen la moral en la adversidad. Recordemos que en 1976 se dictó el decreto ley 1349 de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) y su artículo 18 que sucesivas modificaciones han enterrado el espíritu inicial de defensa de nuestro primer recurso natural. Conviene desenterrar ese artículo e iniciar una de las primeras medidas reales de la economía de guerra que proponemos. Propuesta que tiene las mismas chances de imponerse que las que existían con las ideas que motivaron el estallido social antes del 18 de octubre.
De una vez por todas leamos detenidamente lo que dice ese artículo 18.
“Cuando perturbaciones graves en los mercados internacionales así lo aconsejen, o en situaciones bélicas mundiales que impidan a los productores efectuar normalmente las ventas de cobre en forma compatible con los intereses del Estado, o en situaciones excepcionales que comprometan el interés nacional, el Presidente de la República, previo informe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, del Consejo del Banco Central de Chile y de la Comisión Chilena del Cobre, podrá decretar, sin excepción alguna, el monopolio del comercio de exportación del cobre chileno y de sus subproductos. El monopolio deberá dejar a salvo el cumplimiento de los contratos de venta vigentes a la fecha de su establecimiento y que resulten afectados por éste. El decreto supremo que establezca el monopolio será fundado, señalará el plazo de su duración con sujeción a lo dispuesto en el inciso siguiente y la entidad que estará a cargo de su ejercicio. El plazo de duración del monopolio no podrá ser superior a un año, pero podrá renovarse por igual término, por decreto fundado, previo informe de los organismos a que se refiere el inciso primero. En virtud del monopolio, la entidad encargada de su ejercicio deberá vender por cuenta del propietario, y en conformidad a las normas que al efecto se establezcan por el Presidente de la República, el cobre y subproductos que deban exportarse”.
Pienso que el primer símbolo movilizador en esta economía de guerra es la recuperación del cobre. Retengamos la frase fundamental que faculta al presidente de la República “decretar, sin excepción alguna, el monopolio del comercio de exportación del cobre chileno y de sus subproductos”. Esa acción presidirá los próximos movimientos políticos que se iniciaron el 18 de octubre de 2019 y que hoy aparecen útilmente invisibilizados por una clase política absolutamente fracasada.
