DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE
Manuel Riesco | Miércoles 26 de febrero 2020
El sistema político chileno se ha declarado unánimemente en bancarrota. No ha logrado encauzar la inmensa energía del alzamiento de su pueblo realizando la reforma más necesaria para recuperar su confianza. Ni con el país ardiendo en barricadas ha sido capaz de enfrentar con decisión a quiénes han venido abusando desde el 11 de septiembre de 1973. El proyecto de pensiones de Piñera recién cursado por la Cámara de Diputados lo demuestra. No acaba, no toca un pelo siquiera, sino agrava brutalmente, el abusivo ahorro forzoso, que desvía salarios de por vida a beneficiar unos pocos empresarios a costa de jubiladas. Fue aprobado estrechamente, pero la oposición que rechazó tampoco se pronunció claramente por acabar de raíz con este abuso intolerable. Peor aún, sectores de ésta se concertaron con los abusadores en su diseño. Tras intercambiar cachetadas de payaso y conceder migajas de yapa, todos juntos pretenden aprobarlo en el Senado. Poderoso Señor es Don Dinero. Pero en esta mano jugó todas sus cartas. Quedó al desnudo. La codicia ha roto el saco. Su ganancia durará muy poco. Sólo logró confirmar que con estas reglas y estos bueyes no se puede arar. El pueblo bien despertado reconstruirá un sistema auténticamente democrático. Acabará con el ahorro forzoso de una buena vez. Ahora. Bien unido, aprobará con mayoría aplastante redactar una Nueva Constitución en Convención Constitucional íntegramente elegida, en el plebiscito del 26-A.
En el cuarto mes del alzamiento popular más masivo y el más extendido sin tomarse respiro, de la historia, la defección de unos diputados opositores dio curso a un proyecto de Piñera que, sin mejorar las pensiones, no acaba sino agrava el ahorro forzoso. Precisamente el mayor y más irritante abuso que ha provocado el alzamiento. Esa misma noche reventó la mayor ola de destrucción desde el 18-O, con cinco víctimas fatales.
Los manifestantes no llegaron a enterarse, el rebrote de violencia fue detonado por la muerte de un hincha del popular club de fútbol Colo-Colo. Pero sí comprenden mejor que los diputados lo que significa el ahorro forzoso. Cada vez que consiguen un precario empleo, les saca una tajada a sus modestos salarios para transferirla a perpetuidad a un puñado de magnates, condenando a la miseria a sus padres y abuelas. Saben que, tras décadas en democracia, reconquistada gracias a sus luchas, largas, heroicas y dolorosas, en los años 1980, el sistema político no ha sido capaz de acabar este abuso. Al revés, se ha concertado con los que abusan para agravarlo.
La reforma aprobada por una estrecha mayoría de diputados es un atentado contra catorce millones de trabajadoras y trabajadores, casi toda la población mayor de 16 años. Aumenta de 106 a 156 mil pesos mensuales, un 50 por ciento, el descuento a los salarios de once millones de activos, cada vez que acceden a los seis millones de empleos precarios donde todos ellos son contratados y despedidos constantemente y producen toda la riqueza del país. Por otro lado, suple en 56 mil pesos las pensiones a 500 mil jubilados y en 77 mil pesos a 350 mil jubiladas, pero no mejora ni un peso las de otros 570 mil jubilados AFP, el 40 por ciento de éstos. Los beneficios señalados equivalen a suplir en 40 mil pesos las pensiones promedio a más de 1,4 millones de jubilados AFP. Las del millón y medio de pensionados públicos no mejoran en nada.
Es decir, la reforma aumenta en 50 mil pesos los descuentos a 11 millones de activos para suplementar en apenas 40 mil pesos las pensiones promedio de 1,4 millones de jubilados AFP. Sube un 50% los impuestos a 11 millones de trabajadoras y trabajadores, para mejorar apenas un 16% las pensiones de 1,4 millones de padres y abuelas suyas. Las cotizaciones se elevan en 6 por ciento de los salarios mientras el costo del suplementar algunas pensiones equivale apenas a 1 por ciento de los mismos. La mayor recaudación de impuestos a los salarios suma 4.800 pero los beneficios sólo poco más de 800, millones de dólares por año.
¿Quién se queda con el resto del dinero? ¿Quien se apropia 5 de los 6 puntos en que suben las cotizaciones? ¿A donde van a parar 4.000 de los 4.800 millones de dólares por año de descuento adicional a los salarios? Dicho millonario excedente, un flujo regular de dinero contante y sonante que permitiría duplicar de inmediato las pensiones actuales, se birla a los asalariados y desvía de por vida al “ahorro” forzoso. Es decir, se transfiere a un puñado de gestores y grandes empresarios.
Lo mismo sucede con las cotizaciones actuales. Las AFP descuentan hoy 12,78 por ciento de los salarios, de los cuales destinan poco más de 4 por ciento a financiar su modesto aporte al pago de pensiones. Recaudan 10.000 millones de dólares por año y destinan sólo 3.200 (32%) al pago de pensiones, mientras los restantes 6.800 (68%) se desvían a perpetuidad al “ahorro” forzoso. Es decir, se transfieren a perpetuidad al sistema financiero, donde son apropiados por grandes empresarios.
Lo anterior significa que la distribución de cotizaciones adicionales recaudadas por el proyecto, es aún peor que en el sistema de AFP. En efecto, las cotizaciones actuales se distribuyen en una parte a los pensionados y dos partes a los empresarios. En cambio, las cotizaciones adicionales se reparten una para los jubilados y cinco a los empresarios. Da exactamente lo mismo si dicha rapiña de salarios se registra en cuentas individuales o colectivas.
Estas proporciones no cambian si el “ahorro” forzoso es administrado de manera insultante por las AFP o a costo cero por un “ente” público. En el primer caso el grueso del dinero recaudado se lo reparten los dueños de AFP y compañías de seguros, y el resto de los mayores empresarios del país. Lo administrado por el “ente”, en cambio, irá a parar a manos de gestores internacionales de fondos. Éstos han sido los más entusiastas lobbistas de la propuesta. En ambos casos, el dinero recortado a los salarios para “ahorro” forzoso pasa de inmediato a manos de grandes empresarios. Para no regresar jamás porque cada mes se incrementa con recortes adicionales a una masa creciente de cotizantes.
El ahorro forzoso es el abuso. Lo que se descuenta a los salarios con ese destino se traspasa de por vida a empresarios. Ello sucede aunque el costo de administración fuese cero y el descuento fuese íntegramente a un fondo de ahorro. La apropiación a perpetuidad de salarios por parte de empresarios se verifica incluso si al jubilar se devolviese a cada uno el monto íntegro de lo ahorrado con sus eventuales ganancias. Aún en ese caso el fondo crecería al mismo ritmo del número de trabajadores activos.
Ello fue demostrado elegante y rigurosamente por el premio Nobel Franco Modigliani, pero el lector puede comprenderlo fácilmente si imagina el fondo de pensiones como un corral con alcancías de cada trabajador activo, las que pueden tener forma tradicional de chanchitos. Obviamente el dinero acumulado crece en la medida que el número de chanchitos se incrementa. Así sucede con el número de alcancías de los once millones de trabajadores y trabajadoras activas, que se incrementa en un cuarto de millón por año.
El hecho que además suban los salarios y eventualmente logren algunos gananciales, sólo hace que el fondo crezca aún más rápido. El dinero allí registrado se traspasa a empresarios desde el primer momento, en forma de préstamos reiterados y capital accionario. La única relación que dicho fondo guarda con las pensiones es que los registros individuales sirven para calcular su mísero monto. El modesto aporte a su financiamiento proviene de las cotizaciones corrientes, un tercio de las mismas en el caso de las AFP, uno de cada seis puntos en el caso de las cotizaciones adicionales.
Dicha transferencia, forzada y a perpetuidad, de salarios a empresarios, se verifica tanto si el corral de ahorro forzoso fuese administrado por un “ente” público o por el sistema de AFP. Éstas al abuso del “ahorro” forzoso añaden el insulto de la mentira sistemática y el lucro ultrajante. Nada de esto se toca con el proyecto gubernamental, al contrario, se agrava.
La propaganda AFP, financiada con cotizaciones, machaca constantemente mentiras descaradas respecto del monto de las pensiones, las consecuencias de vivir más, la propiedad del fondo, las ganancias obtenidas por éste, a quién beneficia, el impacto fiscal del ahorro forzoso, la viabilidad de los sistemas públicos de seguro social. Ahora mienten respecto de quién pagará las cotizaciones adicionales, como se distribuye su recaudación y cuánto mejorarán las pensiones.
Las AFP concentran el grueso del ahorro forzoso en un grupete de gestores del sistema y grandes empresarios. Para contarlos sobran dedos en las manos. Los grupos propietarios de compañías de seguros que operan rentas vitalicias y seguros de invalidez y sobrevivencia (SIS), se han embolsado en propiedad plena, primas que equivalen a casi la mitad (45%) de las cotizaciones totales desde la creación del sistema, y una proporción similar el último año y el último mes.
Sólo seis grupos aseguradores se han embolsado un 74 por ciento de este enorme flujo de dinero contante y sonante, originado en un impuesto al trabajo. Dicha proporción ha subido a 81 por ciento en los últimos 12 meses. Ese flujo les ha permitido pagar todas las rentas vitalicias y cubiertas por el seguro, y embolsarse un flujo de comisiones y primas netas de un orden de magnitud equivalente a la mitad del que han destinado al pago de las mismas. El flujo futuro de estas comisiones y primas netas compensa con creces el pasivo que representan las rentas vitalicias por pagar.
Solo cuatro conglomerados propietarios de aseguradoras se han apropiado la mitad de este enorme flujo, es decir se han embolsado una cuarta parte de todas las cotizaciones obligatorias recaudadas desde la creación del sistema de AFP en 1981. Por otra parte, como ha denunciado Fundación Sol, los mismos cuatro grupos concentran una cuarta parte de las inversiones del fondo de pensiones en empresas nacionales. El resto lo comparten con los mayores grupos empresariales, empezando por el más grande de todos que se lleva la tajada principal. (ver IMACEI-CENDA).
Los jefes de dichos conglomerados conforman el cogollito privilegiado que viene abusando del pueblo desde el 11 de septiembre 1973. Uno de los más beneficiados es propietario de uno de los principales diarios del país. Los que más dinero se apropiaron el último año fueron condenados por financiamiento ilegal de la política. Son compañeros de curso del Presidente de la República.
A estos abusadores el pueblo los conoce con nombre y apellido. Son los mismos que han financiado ilegalmente la política y promovido a sus actores en los medios que controlan. Les cobran caro por atención deficiente de salud y educación. Embuten créditos y ahogan luego con intereses usurarios. Encarecen medicamentos, pollos y hasta el papel higiénico. Se han apoderado del agua, la tierra y lo que yace en sus entrañas, envenenan el aire. Recursos que pertenecen al pueblo y la nación. Viven de sus rentas, ahogando la iniciativa de miles de auténticos empresarios pequeños y medianos que bullen por doquier. Son los “Hijos de Pinochet” como los bautizó un periodista de talento.
Ellos son los inventores y principales beneficiarios del ahorro forzoso. Han impedido hasta ahora acabarlo. Por años han venido presionando al sistema político a subir las cotizaciones a los trabajadores, a costa de millones de jubilados y especialmente jubiladas, a quiénes quieren forzar además a jubilarse más tarde. Son los únicos que perderán cuando el pueblo imponga, muy pronto, acabar definitivamente con el ahorro forzoso y el resto de los abusos.
La Constitución de Pinochet fue escrita para defender a estos abusadores. Al contrario, la Nueva Constitución protegerá los derechos de toda la ciudadanía. Ciertamente también los de auténticos empresarios, que legitiman la apropiación de sus ganancias organizando la agregación de valor produciendo bienes y servicios que se venden en el mercado en condiciones competitivas. De la única manera que ello es posible: contratando masivamente trabajadoras y trabajadores.
Protegerá especialmente los derechos de estos últimos, que conforman la abrumadora mayoría de la población y producen toda la riqueza del país. Su derecho más sagrado es la intangibilidad de sus salarios. Éste debe ser suficiente para que vivan dignamente ellos y su familias, incluidos sus viejos. Pero el salario debe ser respetado escrupulosamente. No se toca. Jamás puede ser desviado a otros fines y menos que ninguno, a beneficiar empresarios. Por este motivo el ahorro forzoso será proscrito en el Chile que nace.
Garantizará además educación y salud universales, públicas, gratuitas y de calidad. Y prohibirá la usura con créditos de consumo popular. El ahorro forzoso, los cobros educacionales, e intereses usurarios, expropian hoy una tercera parte de los salarios, no bien éstos se devengan.
Eso se llama superexplotación, porque puede ser legítimo que los empresarios se apropien ganancias y rentas, si cumplen otras reglas, pero jamás pueden recortar salarios. Éste es el más irritante abuso de los grandes empresarios contra los 14 millones de asalariadas y asalariados que conforman el moderno rostro del pueblo de Chile, hoy alzado.
Por este motivo resulta inconcebible que, en medio del alzamiento, una estrecha mayoría de diputados apruebe un proyecto del gobierno que en lugar de acabar el ahorro forzoso lo agrava brutalmente. Más preocupante resulta que, a estas alturas del debate, ninguna fuerza política, ninguna bancada parlamentaria, ni siquiera la oposición que rechazó, se haya pronunciado clara y categóricamente por acabar con el ahorro forzoso.
Peor aún. Los principales lobbistas del proyecto fueron exautoridades de Hacienda del gobierno anterior que presentaron antes un proyecto parecido a éste. Entonces y ahora, dichas exautoridades actuaron en connivencia estrecha con el Presidente y altos directivos del Banco Central e incluso lograron involucrar algunos tecnócratas de la OIT y asegurar un mensaje de apoyo de altas autoridades de NN.UU. a la aprobación del proyecto en el Parlamento.
La participación de diputados de todas las tiendas opositoras durante el debate del proyecto actual en las Comisiones de Trabajo y Hacienda fue en esta ocasión notoriamente débil. Algún connotado exopositor, sin ser miembro de una de estas de estas comisiones no se perdió sesión ni le faltaron palabras para apoyar el proyecto. Fueron parlamentarios y algunas fuerzas políticas de oposición las que más insistieron en elevar aún más el impuesto a los salarios.
Lobbistas del sistema financiero llevaron la batuta en un “comité técnico” conformado por el conjunto de la oposición para impulsar este proyecto, mientras los técnicos de partidos de izquierda que allí participaron no decían nada, como observó apesadumbrado un alto dirigente del movimiento No+AFP.
Representantes de la oposición en el Senado, incluidos “algunos que parecen no haberse dado cuenta que sus asesores trabajan para las AFP” como les espetó uno de sus colegas, han tenido un papel importante en el impulso a este proyecto y anunciado su voluntad de aprobarlo en la Cámara Alta en su siguiente trámite parlamentario.
Casi todos los medios de comunicación han manifestado un apoyo cerrado al proyecto, excluyendo voces críticas y coincidiendo los dos principales diarios en su apoyo editorial explícito al mismo.
No es primera vez que el conjunto del sistema político y mediático de la democracia post dictatorial se ha cerrado absolutamente en defensa de los principales abusos de este período. Así sucedió y hasta un grado inconcebible, con ocasión de la detención de Pinochet en Londres. Luego que lograsen su retorno a Chile, la unanimidad de poder se volvió a manifestar con ocasión de la “Mesa de Diálogo” que antecedió en pocos días la vista del desafuero del dictador en la justicia chilena. Ahí se pasaron. Aparte de todas las autoridades de todos los poderes públicos chilenos, los comandantes de todas las ramas de las FFAA, sumaron a todas las iglesias y llegó un mensaje del Secretario General de NN.UU. ¡y otro del Papa!
Fracasaron entonces. Fracasarán ahora. La razón es la misma. A pesar de enfrentar una rara unanimidad del poder, la abrumadora mayoría de la ciudadanía, en todos los sectores sociales, rechazaba entonces la impunidad de criminales de lesa humanidad. Así se lo hacía saber, donde podía y como podía, a jueces, abogados y defensores de derechos humanos, Las más altas Cortes de Justicia desaforaron a Pinochet por amplio margen.
Asimismo hoy en día, la abrumadora mayoría de la ciudadanía en todos los sectores sociales, y la unanimidad del pueblo y la clase trabajadora —aunque sus principales organizaciones sindicales, hay que decirlo con franqueza, tampoco se han pronunciado todavía de modo suficientemente categórico al respecto— rechazan tajantemente el abuso del ahorro forzoso. Es lo que expresa el movimiento No+AFP y hoy reconocen todas las encuestas de opinión.
Pero el pueblo de Chile se encuentra ahora una vez más alzado. Y en serio. Tal como sucedió en los grandes levantamientos populares de fines del siglo pasado, continuará movilizado por varios años hasta lograr sus objetivos principales. Acabar con el ahorro forzoso es uno de los más sentidos.
Las campañas de mentiras y terror, la corruptela de representantes elegidos, provocaciones, complots y todas tipo de maquinaciones de los “Hijos de Pinochet” para conservar sus privilegios, serán derrotadas una tras otra. Las instituciones permanentes del Estado, civiles y especialmente las militares, no suplantarán la ineficacia de las autoridades elegidas como en 1925, ni se levantarán en contra de las reformas como en 1973. Precisamente porque aquello sucedió, el pueblo y ellas mismas han perdido la inocencia. No están dispuestos a pagar por otro medio siglo la defensa de privilegios de una minoría.
En algún momento el sistema político democrático reaccionará. Tal como sucedió muchas veces en el siglo pasado, forjará alianzas, amplias pero decididas a realizar las reformas necesarias, para evitar la hecatombe que se arriesga cuando se postergan, como advertía Alessandri Palma en 1925. Como las que encabezaron el Presidente Frei Montalva en 1964 y el Presidente Allende en 1970. Como entonces, otras fuerzas democráticas comprenderán que hay que abrirles paso a tales reformas.
Uno de los puntos centrales del programa de dicha alianza política será acabar de una buena vez con el ahorro forzoso. Y restablecer un sistema público de seguro social que destine las cotizaciones a aquello para lo cual fueron establecidas hace un siglo: garantizar que cada trabajador activo aporte lo mismo en relación a su ingreso, para financiar una pensión digna a sus padres y abuelas. Ni un peso será desviado nunca más para otros fines, menos que ninguno a financiar empresarios.
Lo más importante logrado hasta el momento es el amplio acuerdo que, bajo máxima presión de manifestaciones, se forjó para lograr el plebiscito del 26 de abril. Allí el pueblo aprobará redactar una Nueva Constitución en una Convención Constitucional íntegramente elegida. Una victoria abrumadora significará un paso adelante importante. Luego habrá que lograr en dicha Convención una mayoría amplia y decidida a hacer las reformas necesarias.
En algún momento será necesario reemplazar las actuales autoridades políticas por otras comprometidas con las reformas necesarias. Ningún país aguanta dos años bajo un sistema político en bancarrota.
