por Laura Mayer, Andrea Pinto, Enzo Solari
Desde el 18 de octubre de este año, fecha en que comenzara a visibilizarse el descontento social con el sistema político y económico, ha ido planteándose la necesidad de una nueva Constitución. A la vez, han surgido diversas iniciativas para modificar la legislación penal, pero ninguna ha estado inspirada por el propósito de mitigar los profundos defectos estructurales que la aquejan, como su sesgo clasista, reflejado en altísimas penas para la criminalidad callejera –hurtos, robos, receptaciones– y sanciones más bien simbólicas para la delincuencia de cuello blanco. Por el contrario, ellas se han centrado en enfrentar la contingencia, a través de iniciativas –caracterizadas también por un sesgo simbólico– como los proyectos de ley “antiencapuchados”, “antibarricadas” y “antisaqueos”.
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