Termina el año del ESTALLIDO SOCIAL
¿Qué ocurrió el 18 de octubre?
Ese día terminó un periodo histórico caracterizado por una alianza específica al interior de las clases dominantes, que le impuso a Chile -a principios de los 90- una democracia “de baja intensidad”, que tenía dos grandes soportes: El modelo neoliberal de Economía Social de Mercado y la Constitución de 1980 que establecía la “subsidiariedad” del Estado respecto a la empresa privada.
En síntesis, toda la institucionalidad puesta al servicio de grupos económicos nacionales y extranjeros, para incrementar sus ganancias. Las 7 modernizaciones de José Piñera, impuestas a partir de 1979 bajo la amenaza de las armas, crearon las condiciones para una nueva fase de acumulación de capital. Pero fue el Decreto Ley 3.500, el que terminó con el antiguo sistema de pensiones al que aportaban trabajadores, empleadores y el Estado, y estableció el sistema de capitalización individual obligatorio, administrado por sociedades anónimas (AFP) que puso a disposición de los empresarios, fondos siderales que financian “el despegue” de la economía chilena y condenó a los trabajadores a pensiones miserables.
El Modelo se basa en la mercantilización de los derechos sociales. La Salud, la Educación, los servicios básicos, pasaron a ser mercancías a los que se podía acceder si se contaba con el poder adquisitivo suficiente. La Soberanía nacional se rasgó para permitir el flujo de inversiones y el retiro de ganancias, sin que quedara nada en el país. Los ciudadanos fueron reducidos a “usuarios o consumidores” sin derechos.
Las fuerzas democrático burguesas que asumieron el Gobierno en 1990, no fueron insensibles a las enormes ganancias que generaba el sistema. No tardaron en olvidar sus promesas de restauración democrática y pasaron a co-administrar el modelo, bajo la hegemonía empresarial. Los gobiernos concertacionistas no vacilaron cada vez que lo consideraron necesario en golpear, gasear, torturar y asesinar a quienes se opusieran a sus políticas. El pueblo nación mapuche fue su víctima predilecta. Pero estudiantes, profesores, feministas, ambientalistas también conocieron el garrote feroz de los Gobiernos “democráticos” de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera.
Ese es el “período de normalidad” que la irrupción de las masas en rebeldía resquebraja a partir del 18 Octubre de 2019. La violenta arremetida popular, sorpresiva, inesperada, asustó a los privilegiados gobernantes del país, -Piñera y Cía- que con su demencial persecusión de los estudiantes, con sus burlas a los vecinos que se juntaban “para hacer vida social” en Consultorios, postas y Hospitales a partir de las 5:30 AM.; con sus recomendaciones de “comprar flores, porque estaban baratas”, terminaron con la paciencia que por años caracterizó a los estoicos habitantes del pobre país con vista al mar.
“ESTAMOS EN GUERRA”
No es casualidad que la violencia popular se dirigió frontalmente contra aquellos que por años se habían coludido para saquear al pueblo (Supermercados, Farmacias, Grandes Tiendas del retail, Bancos, AFP, ISAPRES), que sufrieron graves destrozos, saqueos y muchos fueron quemados en la primera arremetida popular.
La respuesta de un Gobierno sorprendido, (más preocupado en esos momentos por liberar de trabas la acumulación de capital, de la carga impositiva a los grupos económicos y privatizar las grandes empresas como CODELCO y ENAP), fue declarar al día siguiente, el 19 octubre, el Estado de Emergencia y sacar las FF.AA. a la calle.
Piñera y su equipo ante el despliegue combativo de las masas, plantearon que “estaban en Guerra”. Confiaban en que los profundos miedos instalados por la Dictadura Militar de Pinochet, operarían en la subjetividad popular como factor inhibitorio. Creyeron que al tener militares con armamento de guerra en las calles, más tanquetas y helicópteros, la gente correría a esconderse en sus casas.
Ahí se derrumbó el primer mito. La ciudadanía movilizada continuó en las calles, enfrentó con decisión a los militares y exigió su regreso a los cuarteles. Incendios, saqueos, torturas, asesinatos de manifestantes fueron la impronta de esos primeros días. Fuerzas militares y de “Orden” provocaron mutilaciones oculares, y aplicaron masivamente torturas, violaciones y abusos sexuales.
La masividad y fuerza de la movilización, manifestada en marchas con millones de personas, hizo retroceder al Gobierno. En una voltereta de 180°, Piñera el 28 de octubre termina con el Estado de Emergencia. Declara “haber escuchado” y anuncia que rectificará el rumbo. Como ofrenda de sus buenas intenciones acepta la renuncia de su primo, el ministro del Interior Andrés Chadwick.
Al mismo tiempo que escenificaba un discurso de Paz Social, pone el énfasis en la mantención del “orden público” y en sus raras intervenciones solo habla de la necesidad de poner más efectivos policiales en las calles y de aprobar con urgencia un paquete de leyes represivas.
La primera quincena de noviembre continuó con las masas descontentas en las calles, reprimidas, pero no contenidas por las fuerzas de orden y un Gobierno vaciado de legitimidad y políticas. Piñera está practicamente desaparecido y en sus escasas apariciones públicas -solo ante uniformados- no habla de estallido social, sino repite como un mantra que estamos bajo ataque de “un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie y que usa tecnología de punta”.
Esto se contradice con la masivas marchas que se suceden a lo largo y ancho del país y la multitud de muchachos que una y otra vez enfrentan al brazo armado del Estado en shorts, una polera en la cabeza, tapas de basureros como escudos y una voluntad inquebrantable de lucha, demostrada en dos meses de duros enfrentamientos entre un pueblo que exije JUSTICIA y DEMOCRACIA, y una élite empresarial gobernante que maniobra para no ceder ni uno solo de sus privilegios.
Ante el evidente vacío de poder y la magnitud del descontento social, se posicionó la amenaza de un Golpe o Autogolpe de Estado. El contexto internacional, el fracaso de la contención militar de octubre y el desprestigio de unas FF.AA. que han robado miles de millones de las arcas fiscales, no aseguraba el control social con el copamiento militar del Estado, y acentuaba la confrontación. El martes 12 de noviembre, luego que el lunes los movimientos sociales paralizaran el país, se vivieron horas de incertidumbre. Piñera trató de sacar nuevamente a los militares a la calle, pero estos le habrían pedido garantias de impunidad, que el gobernante no está en condiciones de brindarles.
Por tanto en vez del anunciado Estado de Emergencia, esa noche el presidente informa al país que reintegrara a miles de funcionarios policiales en retiro –dado el agotamiento de las fuerzas policiales activas- y llama a “unirnos en torno a tres grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales”: Un Acuerdo por la Paz contra la Violencia, un Acuerdo por la Justicia (agenda social) y por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática.
PACTO SOCIAL POR LA PAZ y contra la violencia.
A partir de reuniones privadas con Gonzalo Blumel, el flamante ministro del Interior que reemplaz a Chadwick, el 15 de noviembre, luego de una maratónica jornada, presidentes de partidos y parlamentarios de Gobierno y oposición firmaron un “Acuerdo de Paz”, que en 12 puntos fija un cronograma para establecer una nueva Constitución… a la medida de los partidos políticos y las élites gobernantes.
Si bien este Acuerdo descomprimió la situación política, la reacción de la calle no fue de celebrar este Pacto de las élites políticas –bastante desprestigiadas – a espaldas de los movimientos sociales que llevan el peso de la lucha. Con la experiencia de una Concertación de Partidos por La Democracia, que terminó co-administrando el modelo neoliberal (en sociedad con la derecha pinochetista, los militares, bajo la éjida empresarial), la ciudadanía movilizada no es partidaria de acuerdos establecidos entre cuatro paredes.
Este Pacto, que pavimenta el camino para un cambio de Constitución “en los marcos institucionales vigentes” trajo costos políticos para las fuerzas más progresistas agrupadas en el Frente Amplio, que se traduce en el desgajamiento de partidos como Humanistas, Igualdad y MDP. Con posterioridad, al aprobar diputadas y diputados del FA una de las leyes represivas impulsadas por el Gobierno, la “Ley Anti Saqueos”, que en la práctica permite detener indiscriminadamente a manifestantes, se produce una bajada masiva de militantes y dirigentes de colectividades como Revolución Democrática, Partido Comunes y Convergencial Social. Estos sectores no se van para la casa, plantean la necesidad de rearticularse fuera de entidades que en la práctica avalen políticas anti movilizaciones. El Partido Comunista ha mantenido una posición de no negociar a espaldas de la ciudadanía, lo que le da credibilidad social, pero está lejos de jugar un rol relevante.
VIOLACIÓN BRUTAL DE DERECHOS HUMANOS
Lo que ha quedado en evidencia en este período es la hipocresía gobernante que, mientras condena la violencia del movimiento social –mayoritariamente pacífico- y hace gárgaras con el llamado a la Paz, da carta blanca a las fuerzas policiales para actuar con violencia inusitada contra la población civil, fuera de todo protocolo y violando derechos esenciales, como lo establecen los Informes de el INDH, de la Defensoría de la Niñez, de Amnistía Internacional, de la CIDH, de Human Rights Watch, de ACNUDH y del Grupo internacional de Observación presidido por Rigoberta Menchú.
Las detenciones ilegales, las golpizas generalizadas, el gaseo criminal de las ciudades, las torturas, violaciones y abusos sexuales, todos acreditados en estos Informes, dan cuenta de la ferocidad de un Gobierno que está dispuesto a cometer los peores crímenes contra la humanidad con tal de preservar privilegios y ganancias a las clases dominantes. Por lo simbólico, un capítulo aparte merece la “táctica” de disparar a los ojos de los jóvenes manifestantes. El poder parece querer demostrar que tiene la horrorosa capacidad de cegar a una generación que abrió sus ojos y dijo BASTA. Mas de 360 personas han sido mutiladas por la acción policial.
Piñera, su Gobierno y Chile Vamos (la coalición política gobernante) han dado un apoyo irrestricto a la desquiciada acción policial. Con el respaldo de algunos demócratas de “la oposición” –incluso luego de los lapidarios Informes internacionales-, ninguna autoridad ha sido removida de su cargo. Los mandos policales se dan el lujo de hacer caso omiso de resoluciones judiciales y siguen cometiendo sus tropelías a vista y paciencia de la opinión pública mundial. Lo positivo es que ahora existe un consenso mayoritario en el seno de la sociedad chilena de que esta fuerza debe ser reestructurada bajo parámetros democráticos y sometida al poder civil.
Por lo menos uno de los anhelos del mandatario en funciones se ha cumplido… Ser reconocido a nivel internacional. Sus desatinos y la brutalidad de la represión hacia la población civil, lo han visibilizado a nivel mundial. Lo mismo pasa con Carabineros de Chile, la fuerza policial militarizada que ha sido inmortalizada en la coreografía “Un Violador en tu camino”, del grupo Las Tesis, que ha sido asumida por millones de mujeres en todo el planeta.
PROCESO CONSTITUYENTE
Ante la determinación ciudadana de avanzar en la construcción de un Nuevo Pacto Social, que se expresa en miles de Cabildos autoconvocados, en foros, Conversatorios y charlas al respecto, se ha establecido que Chile requiere una Constitución esencialmente democrática, cuyo eje sea el bien común y NO los negocios de los Grupos Económicos que se apropian de más del 85% del PIB.
Esto quedó plasmado en la Consulta Ciudadana realizada por mas de 220 municipios de los 345 existentes, el 15 de diciembre recién pasado. Una consulta en que claramente las mayorias ciudadanas expresan su exigencia de Asamblea Constituyente y no este mecanismo más Ad-Hoc al poder, denominado Convención Constituyente, donde en principio dejaron fuera la paridad de género, los pueblos originarios y a los independientes, temas que están siendo incorporados en el Congreso por la presión de la calle, con la resistencia de la UDI, el partido heredero de la tradición pinochetista.
Es en este contexto que el lunes 23 de diciembre se realiza en La Moneda (Palacio Presidencial ubicado en Santiago de Chile) una muy producida puesta en escena, en que Sebastian Piñera, acompañado de Ricardo Lagos (ex Presidente), ministros, parlamentarios de Chile Vamos y de bancadas opositoras firmantes del Pacto por la Paz, promulga la Reforma que habilita el Plebiscito de Abril, en que se define si Chile quiere o no, Nueva Constitución.
Fiel a su costumbre de apropiarse de lo que no es suyo, este empresario que funge como Presidente, le habla al país como si tuviera respaldo, y se permite dar líneas sobre lo que debe ser la nueva Constitución, lo que despierta escozor en la ciudadanía. Este llamado a Plebiscito le asegura a Piñera poder continuar ejercciendo su mandato presidencial, lo que aún estaba en duda, y enriela el proceso dentro de un marco institucional. De paso hace improbable una interención militar que patee el tablero.
La explosividad del movimiento social, las chambonadas de un Presidente que cuenta con un respaldo ciudadano menor al 10%, el abismo que separa a una “clase política” desprestigiada de las masas ciudadanas empoderadas, el fuerte rechazo a fuerzas militares y policiales corruptas y abusivas, la carencia de liderazgos reconocidos, la dispersión y los bajos niveles de organización política de las fuerzas movilizadas… nos dicen que nada está consolidado, y que a este proceso de rebelión popular le queda aún mucho camino por recorrer para lograr los objetivos de Justicia Social que lo pusieron en movimiento.
Nelson Agustín Aramburu
Ex Prisionero Político
Valparaíso. Chile, Diciembre 2019
