por Nicolás Sepúlveda y Juan Andrés Guzmán
La muerte de la pequeña Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. Un lapidario informe de la PDI –que ha permanecido oculto para la opinión pública por más de siete meses– indica que la pesadilla de los niños que el Estado debe proteger nunca paró: en 2017 la policía registró 2.071 casos de violencia y maltratos graves –incluyendo 310 agresiones de “connotación sexual” – en hogares del Sename
