Así lo comunicaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a raíz de un recurso de amparo presentado hace algunas semanas donde se intenta dejar sin efecto las eventuales expulsiones que podrían afectar a familias extranjeras y sus hijos.
Rodrigo Fuentes DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE Sábado 8 de junio 2019
Una docena de niños, niñas y adolescentes fueron afectados por una reciente resolución de la Corte Suprema, que rechazó un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de personas en situación migratoria irregular cuyos hijos, en algunos casos, ya tienen nacionalidad chilena.
Organizaciones no gubernamentales del sector han denunciado la situación compleja que deben enfrentar madres inmigrantes, quienes estando radicadas en el país, dieron a luz hijos chilenos y ahora se enfrentan a la noticia de la expulsión, pese a haber entregado la documentación correspondiente.
El coordinador de litigación especializada del INDH, Alexis Aguirre, indicó que la resolución de la Corte Suprema es desproporcionada y que no ha tomado en cuenta el interés superior del niño.
Además, precisó que en estos procesos migratorios se debe escuchar a los propios menores con el fin de saber su opinión sobre lo que está ocurriendo.
En esa línea, Aguirre señaló que “nuestro objetivo es que estas expulsiones se dejen sin efecto” y recalcó que “no se ha tomado en cuenta algo fundamental que es el interés superior del niño, en el sentido que la medida de expulsión no solamente afecta al extranjero que es obligado abandonar el país, sino también al grupo familiar, donde se incluye a niños con nacionalidad chilena”.
El argumento del máximo tribunal para rechazar el recurso de amparo es que la autoridad administrativa ya había evaluado las circunstancias al momento de dictaminar la sanción migratoria. El fallo indica que pese a los vínculos familiares, este arraigo o el interés superior del niño no resultan suficientes para dejar sin efecto la medida de expulsión, incluso si existiese algún integrante menor de edad con nacionalidad chilena.
En el texto de la resolución también se desglosa que la expulsión se da porque la sanción administrativa fue debidamente fundada.
Al respecto, Aguirre sostuvo que seguirán insistiendo con este tipo de recursos, para que el interés superior del niño sea considerado por los organismos estatales: “Esto es una obligación del Estado, a través de la Convención de Derechos del Niño, teniendo en cuenta también que muchas veces el menor es capaz de expresar sus propias opiniones. En ese sentido, el Estado debe procurar que esto sea considerado en los procesos migratorios, con el objeto de que estas obligaciones sean estimadas por la autoridad administrativa y el Poder Judicial”, argumentó.
Al respecto, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, indicó que están analizando y solicitando más antecedentes a organismos de Gobierno relacionados al tema, sobre cómo se están llevando a cabo los procesos de expulsión. “En algunos casos hemos tenido información y, desafortunadamente, en otros no. En esas circunstancias donde no hemos conocido o ha habido atisbo que involucre una vulneración a los Derechos Humanos, lo que hemos hecho es poner en antecedente al INDH, el encargado de ejercer eventuales acciones contra decisiones que se puedan adoptar desde la política migratoria, pero efectivamente estamos atentos a eso. Hemos recibido denuncias que hemos reconducido a dicho organismo competente”, subrayó.
Cabe señalar que el dictamen de la Corte Suprema no fue unánime. De los cinco ministros deliberantes, dos votaron en contra: el magistrado Jorge Dahm y el abogado integrante Antonio Barra.
Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes calificó el hecho como un “exilio forzado a niños chilenos hijos de inmigrantes”, ya que a las madres se las está expulsando de manera ilegal, según la organización.
Por esto, representantes de la organización anunciaron que tomarán acciones legales y presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
