Luego de su rechazo en comisiones, un ofuscado director de la DIRECON declaró que el TPP era parte de una política de Estado de más de 30 años cuyo centro es el comercio exterior como eje de desarrollo y que ha lanzado al país a ser la economía más dinámica de la región. “Lo importante es discutir el fondo, si al final del día, existe o no una continuidad en la política de Estado en torno al libre comercio», afirmó.
José Miguel Ahumada DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE. Martes 26 de marzo 2019
El director de la DIRECON, Rodrigo Yañez, tiene toda la razón. El tema de fondo en lo relativo al CPTPP es precisamente sobre la continuidad de la política en torno al libre comercio. Yañez y el gobierno dicen que debemos continuar en esa ruta y en eso el acuerdo es, efectivamente, un paso más hacia ello. Aquello lo defiende en base a dos posiciones: (1) El libre comercio ha sido una estrategia exitosa para que Chile se acerque a los niveles de ingresos de países desarrollados. (2) El CPTPP permite continuar en esa línea vía dos caminos, aumentando nuestras exportaciones y permitiendo integrarnos en cadenas globales de valor. La primera permite fortalecer nuestro crecimiento, la segunda ‘escalar’ en la cadena productiva.
En lo relativo al primer punto, la estrategia tomada ha tenido resultados mediocres. Los beneficios de insertarnos al mercado mundial asignándole al Estado un mero rol de asegurar las bases institucionales para el libre comercio no han sido suficientes para cerrar brechas de ingresos con países que han saltado al desarrollo, como Finlandia, Suecia, Taiwán y Corea del Sur o para superar a países que están en camino al desarrollo, como Portugal. Durante el periodo de apertura unilateral (dictadura), Chile no solo no cerró brechas, sino que las profundizó. Durante el periodo de firma de acuerdos multilaterales y bilaterales en los noventa, las tendencia no se revirtió (a principios de los noventa hubo una pequeña reversión causada principalmente por las crisis en los países nórdicos luego de la caída de la URSS). Es únicamente durante el periodo del boom del precio de cobre cuando Chile inicia un proceso de cierre de brechas de ingresos pero, en tanto su causa era un fenómeno exógeno, al momento de terminar el boom (alrededor del 2011), volvemos a ampliar nuestras brechas de ingresos.
El que no podamos cerrar dichas brechas se debe a la incapacidad de la estrategia comercial de modificar sustancialmente la matriz productiva. Como ya he señalado, en términos de exportaciones, seguimos un patrón anclado en los recursos naturales mientras que las inversiones extranjeras han reforzado dicho patrón y han tenido un débil impacto en la difusión de tecnologías. Esto en un contexto de profunda desindustrialización de la economía nacional luego de la radical apertura comercial (sobre este proceso en Chile ver Ahumada, 2019).
En lo relativo al segundo punto, efectivamente el CPTPP continúa en la senda tomada de apertura bi- y multi-lateral, pero, como hemos visto, esa senda no ha sido eficiente para acercarnos al desarrollo. Pero tampoco el acuerdo mejora sustantivamente los términos de las exportaciones chilenas. Primero, Chile ya ha firmado tratados de libre comercio con todos los miembros del acuerdo, teniendo arancel cero con Australia y Perú, mientras que con el resto tenemos un comercio liberalizado para el 90% (aunque con Vietnam es hoy 73%). La mejora marginal de acceso para productos agrícolas (los ‘3000 productos beneficiados’ que defiende la Direcon) es la misma estrategia que hemos tomado desde los noventa (preferencias arancelarias para nuestros productos intensivos en recursos naturales y mano de obra de baja cualificación) y que no ha aportado en hacer saltar la economía hacia sectores intensivos en conocimiento (base material para cerrar la brecha de ingresos con los países que estamos considerando), que es precisamente lo que urgentemente necesitamos hoy.
La Direcon sostiene que la norma de acumulación de origen que está en el acuerdo permitiría mayores inversiones extranjeras, mejores condiciones para que medianas y pequeñas empresas exporten e inserción en cadenas regionales de valor. Pero ahí hay dos puntos que considerar. La literatura señala que las pequeñas y medianas empresas tienen poca capacidad de insertarse en las exportaciones aún a pesar de los acuerdos comerciales, siendo las grandes empresas y multinacionales las que se benefician más de este tipo de acuerdos (para el caso de los países asiáticos, ver Tambunan & Chandra, 2014).
Segundo, el tema no es ‘insertarse en cadenas regionales’, sino los términos y en qué parte de la cadena nos insertamos. La idea es ‘escalar’ en la cadena, haciendo que inversiones en el país logren transferir tecnología, integren a proveedores nacionales en el proceso productivo y reinviertan utilidades en mejoras en la producción nacional. Ninguna de esas condiciones es un resultado natural de las inversiones extranjeras, más bien, como señala la literatura, las inversiones tienden a no transferir tecnología, a llevar las utilidades a sus casas matrices y no integrar a proveedores nacionales en la producción (ver Gallagher & Zarsky, 2007).
El capítulo de inversiones reduce significativamente el espacio que tiene el Estado para demandar a las inversiones extranjeras que realicen esas medidas. Siguiendo la reducción de soberanía económica que se ha venido dando desde los acuerdos de inversión en los 1990s, el ingreso a la OMC y la firma de TLCs (particularmente el de EEUU), el CPTPP limita, bajo la amenaza de demanda a tribunales internacionales, que el estado pueda exigir políticas pro-desarrollo a dichas inversiones (sobre esto ver Palma, Ahumada). Sin ese espacio, las inversiones solo reproducirán la matriz productiva que hoy tenemos.
En el tema de propiedad intelectual, la ratificación del UPOV y la suspensión temporal de los capítulos relativos a las patentes y derechos de autor (a la espera que se reactiven si EEUU decide volver), solo fortalecen y agregan una capa más de protección a los propietarios de patentes. En tanto los propietarios de patentes son, para el año 2017, un 90% extranjeros, el fortalecimiento de la protección de dichos monopolios va en detrimento de los consumidores que, en este caso, es el propio país.
Así, el acuerdo solo beneficia marginalmente el núcleo exportador y restringe políticas pro-desarrollo. Si ese es el caso, ¿cuál es el objetivo de este tipo de acuerdos?
El economista de Harvard, Dani Rodrik (2018), se preguntaba qué es lo que realmente hacen los acuerdos de libre comercio. Su conclusión fue que, más que abrir mercados, el fin de los acuerdos es proteger a agentes rentistas brindándoles nuevas capas de protección a sus activos. En el caso chileno, esto se hace cada vez más evidente: los acuerdos protegen las rentas que emanan de los monopolios de patentes, las rentas de las inversiones extranjeras en pensiones, recursos naturales y sector financiero, y le asegura más mercados a los rentistas nacionales anclados en recursos naturales. Ninguno de dichos actores tiene las capacidades para ni sus intereses están alineados con el desarrollo económico nacional. En muchos casos incluso son directamente opuestos.
No es la primera vez que intereses económicos se esconden en ropa ajena. Pero que aquellos acuerdos cuya función es proteger a rentistas se presenten en la prensa e incluso en representantes del gobierno como premisas para el desarrollo económico, es un prístino ejemplo de cómo algo puede ser exactamente lo contrario de lo que aparenta.
