OPINIÓN. EL MOSTRADOR.
por Pablo González 8 febrero, 2019
Alfonso Swett, presidente de la CPC ha reprochado duramente por los medios que la estrategia del gobierno en el caso de la ley de la Jibia «fue un festival de errores» y que ello habría llevado a la derrota al sector que representa. Desde la concepción política económica de los grandes grupos económicos que representa la CPC el medio ambiente debe quedar relegado a un segundo plano si ello coloca en riesgo el modo de hacer sus negocios, la Constitución del 80 así lo resguardaba hasta ahora.
La fragilidad del derecho de protección del medioambiente en la Constitución de Pinochet es un hecho indiscutible, como lo ha desarrollado Matías Guiloff en su estudio «EL Dilema del artículo 19 N° 8 inciso 2 «, pero en el caso de la Jibia se logró sortear, ya que la exigencia de especificidad establecida en la regla constitucional fue cumplida a cabalidad por el Congreso, de allí que pese a la frágil protección del medio ambiente que posee Chile, la amenaza de inconstitucionalidad se volvió un imposible para el gobierno y debió renunciar a insistir en ello. El segundo cerrojo constitucional al que recurrió fue al veto presidencial, pero en un escenario cuesta arriba, ya que la ley de la Jibia se aprobó de la mano de una mayoría abrumadora del Congreso, lo que obligó al Presidente a intentar romper la mayoría de más de dos tercios que habían apoyado a los pescadores artesanales, -es lo que exige el veto presidencial- sin embargo al pasar los días, la opción fue abortada ya que no encontró voluntad política entre diputados y senadores de Chile Vamos para que estos deshicieran el voto que habían entregado en el Congreso a favor de esos.
Los pescadores artesanales movilizados tras la defensa de la Jibia no deben olvidar que sin la especificidad de la ley conseguida con el Congreso la sustentabilidad de la Jibia estaba en riesgo de terminar siendo devastada con la anuencia de Subpesca, como ha ocurrido con todo el resto de las pesquerías explotadas por el grupo industrial de propiedad de las 7 Familias. En Chile los pescadores artesanales tienen el 80% de la cuota de pesca de la Jibia- en Perú tienen el 100%-. Años atrás habían conseguido que solo pueda ser destinada a consumo humano lo que la ha convertido en la excepción en el panorama desolador de la sobreexplotación pesquera, cuya dimensión es dantesca ya que entre el año 1995 y el 2017 un puñado de ambiciosos devastó en forma demencial el 80% de la riqueza pesquera del país, acumulando fortunas multimillonarias a costa de hundir al país en la pobreza.
La especificidad de la ley. los pescadores artesanales deberán cuidar que en el proyecto de ley que enviará el gobierno al Congreso en marzo, los diputados incorporen entre otros, que: a) las cuotas de la Jibia se encuentren repartidas de manera justa entre los que la capturan; c) que se incorpore la venta transparente de la jibia en mercados de subasta diarios -libre competencia- al que tengan acceso igualitario las dueñas de casa, comerciantes, restaurantes, Pymes y la gran empresa. Aprovechando la especificidad de la ley, el Congreso debe impedir que las cuotas de pesca de la Jibia en manos de la pesca artesanal terminen en manos de las industrias de propiedad de las 7 Familias cuyos gerentes han reconocido que con una inversión de 150 millones de dólares las sardinas y anchovetas que captura la pesca semi industrial le pertenece a futuro, por varios años.
En lo que respecta a los trabajadores de la gran industria que acusan ser los más perjudicados, lo mejor que pueden hacer a partir de ahora es presionar a las empresas de propiedad de las 7 Familias para que esas inviertan en una flota pesquera con arte de pesca de potera para la captura del 20% de la cuota de la Jibia en manos de ellas y presionarlos para que reinviertan sus utilidades en el sector pesquero, en naves de última generación para la pesca pelágica -anchovetas, sardinas, etc.- para destinarla al consumo humano, ello posibilitará que como trabajadores mejoren la calidad y los salarios de sus actuales empleos, y de pasada contribuyan a la sustentabilidad de la riqueza pesquera país, al igual que lo están haciendo los trabajadores de la gran industria de Perú, con lo que aportarán a que el país agregue valor a su riqueza pesquera y que progrese el país completo. https://www.youtube.com/watch?v=UhcnCEZoZp8
Por último, la especificidad que consigan los pescadores artesanales de parte del Congreso en la ley que despachara el gobierno en marzo como complemento a la ley de la jibia será fundamental para ir más allá de la sustentabilidad conseguida con el arte de pesca, para convertirla en una fuente de empleo de largo plazo para la pesca artesanal, que la Jibia consiga precios competitivos para los que la capturan, y que avancemos entre todos hacia una sociedad más justa.
Hasta ahora a nadie le cabía duda que la Constitución -Jaime Guzmán-Pinochet- tenía contemplado todos los cerrojos para defender que la minoría pueda imponer sus decisiones a la mayoría, y que el derecho económico está por sobre el derecho medioambiental, pero desde la tramitación de la Ley Longueira no teníamos recuerdo de tal despliegue y descaro de las elites que se llenó de amenazas y de advertencias que estamos ad portas del caos si es que a las mayorías se les permite ejercer su rol político como parte del estado de derecho.
