Diario Universidad de Chile. Sergio Rodríguez | Viernes 25 de enero 2019
En Venezuela, el golpe de Estado se inició con las declaraciones del vicepresidente Pence y se consumó con el reconocimiento de Guaidó por parte de Trump. De hecho, la manifestación convocada por la oposición amenazaba con ser un nuevo fracaso y fue solo tras el reconocimiento de Trump que las fuerzas opositoras se movilizaron masivamente al sentir el respaldo de Estados Unidos, esto se corrobora con las declaraciones de Diosdado Cabello respecto de su reunión el día anterior con Juan Guaidó ( que no desmintió en una entrevista con una periodista colombiana de Miami) en la que éste hizo ciertos compromisos que fueron incumplidos al día siguiente después de recibir una llamada desde Washington. En este sentido, se repite la actuación en República Dominicana, en años anteriores, cuando tras llegar a un acuerdo negociado con el gobierno para solucionar pacíficamente las controversias, dos llamadas telefónicas, una desde la capital imperial y otra desde Bogotá, hicieron que sus delegados no suscribieran el acuerdo. Esto reitera que la oposición venezolana no tiene criterio propio y actúa como marioneta de la presidencia de Estados Unidos.
Pero, volviendo a los acontecimientos recientes, hay que decir que fue Trump el que movilizó a la oposición el día 23 al anunciar el reconocimiento de Guaidó como “presidente interino”, con lo que trataba de dar respaldo de masas a una decisión que violenta los aspectos más elementales del funcionamiento del sistema internacional.
No sé si seré muy grandilocuente, pero en el futuro se podrá decir que el 23 de enero de 2019 se le descerrajó el golpe más artero que jamás haya recibido el derecho internacional, así como los principios que regulan los vínculos entre Estados después de la segunda guerra mundial y los fundamentos jurídicos, políticos y éticos que rigen estos vínculos.
Los que creían haber visto todo en materia de transgresión jurídica en el mundo, los que vimos el golpe de estado contra Allende organizado y financiado por Kissinger los que estructuraron el Plan Condor para asesinar luchadores sociales y políticos en América Latina, los que destituyeron y secuestraron impunemente a los presidentes Aristide en Haití y Zelaya en Honduras, los que propiciaron la destitución sin pruebas de la presidenta Rousseff en Brasil y la prisión injusta de Lula para nombrar a su responsable como ministro de justicia del gobierno neofascista que se instaló en el poder en Brasil, los que auparon a las dictaduras de seguridad nacional en los años 70 y 80 del siglo pasado, los que protegen a los delincuentes que gobiernan en la mayor parte de los países del Grupo de Lima, los que apoyan ilimitadamente el genocidio en Colombia, ahora intentaron una nueva modalidad: sustitución del derecho por la fuerza, nombramiento de presidentes desde Washington y utilización de la embajada de Estados Unidos como “palacio de gobierno” de los usurpadores del poder. Ni siquiera en el siglo XIX, en tiempos del “Gran Garrote” o de la “Diplomacia del Dólar”. Pasó al olvido aquella frase de que la democracia solo vale cuando emerge de elecciones: se les olvidó en Honduras al nombrar a Micheletti, se les olvidó en Brasil al nombrar a Temer y ahora su putrefacta democracia lo olvida en Venezuela. Ni los gobiernos más intervencionistas de Estados Unidos: el de Nixon, el de Reagan, el de Bush y el de Obama habían llegado tan lejos.
Todo esto no dejó otra opción al presidente Maduro que romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, un gobierno soberano no puede aceptar que otro país, por muy potencia que sea, asuma derechos constitucionales que solo le competen a los venezolanos, mucho más cuando se trata de designar a un presidente y no lo puede aceptar porque dejaría de ser soberano y por tanto no tendría razón de existir. Ahora, Estados Unidos anunció que no consideraba válida esa decisión por lo cual acogió a Guaidó en su embajada, transformándola en “palacio de gobierno” del autonombrado, es decir Guaidó “dirige” desde el exterior, está en otro país, mientras que su otro cargo: el de presidente de la Asamblea Nacional en desacato si lo ejerce desde Venezuela. Habla de dictadura, pero un mismo personaje ostenta la máxima responsabilidad de dos poderes públicos, hablan de respeto a la Constitución, pero la violentan al crear la figura de “presidente interino” que no existe en la Carta Magna, ¡una total incongruencia!
Está claro que Guaidó recibe órdenes directas de Washington y es Estados Unidos el que toma las decisiones. Quedó de manifiesto cuando se produjo su autonombramiento y se puedo observar la cara de sorpresa de los vicepresidentes de la Asamblea en desacato quienes se enteraron en ese momento de la “movida”. En su desesperación Guaidó se olvidó de comentarle la última instrucción recibida desde la Casa Blanca. El próximo paso fue el dado por el Secretario de Estado Pompeo, el que, cual típico matón que recuerda a sus antepasados italianos de la provincia de Pescara en la Región de Abruzzo al este de Roma, amenazó con una invasión militar si el gobierno de Venezuela tomaba acciones contra Guaidó o contra la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
Esto ha creado una situación inédita en el marco del derecho internacional. Hasta el momento, Guaidó ha sido reconocido por 12 países incluyendo a Estados Unidos, por el secretario general de la OEA y por el secretario del Consejo Europeo, Donald Tusk. En otro claro ejemplo de timo político han creado una ficción, para autodenominarse comunidad internacional, asumiendo su representación apoyados en que uno de esos 12 países tiene la mitad del arsenal nuclear del planeta, y actuando como si el resto de los más de 180 naciones independientes del planeta no existieran.
Al ser una situación inédita, es difícil predecir el desenlace, se podría prever que Guaidó pueda tomar disparatadas medidas encumbrado por Estados Unidos y sus casi 7000 ojivas nucleares además de las 800 bases militares que tiene dispersas por el mundo. Por ejemplo podría solicitar ayuda militar a Estados Unidos, lo cual en los hechos sería la justificación “legal” de una intervención armada, o apoderarse de las instalaciones de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, intentar ocupar las embajadas e instalaciones diplomáticas de Venezuela en los países que han reconocido a Guaidó y por supuesto, Estados Unidos podría firmar con Guaidó un “acuerdo de cooperación” que permitiría la aprobación legal por parte del Congreso de Estados Unidos de una partida financiera para que haga política e intente realizar acciones de mejoramiento de la situación económica del país esperando ganarse el apoyo de la población que vive agobiada por la crisis económica.
Habrá que esperar en los próximos días el desarrollo de los acontecimientos, considerando que Guaidó no ha logrado ningún apoyo de las fuerzas armadas y que las instituciones del país siguen respondiendo al gobierno de Venezuela, a la Constitución y a las leyes del país.
Ya en la noche del 23 de enero se desataron acciones violentas por parte sectores de la oposición, lo cual se inserta en el plan de Estados Unidos. La supuesta transición no puede producirse sin violencia, porque mientras las fuerzas armadas se mantengan leales a Maduro no hay transición posible, por eso necesitan una guerra civil o una intervención armada. En el primer caso -para desatarla- se requiere que haya un quiebre en las fuerzas armadas, lo cual teóricamente se podría producir si una situación de violencia generalizada obliga a la institución castrense a actuar para restablecer el orden interno. En ese caso, Estados Unidos apuesta a que las fuerzas armadas no tengan una opinión única de cómo operar, se produzca un quiebre que se exprese como enfrentamiento entre dos sectores militares que sirva para justificar una “intervención humanitaria” a fin de “restablecer el orden”. Hasta este momento, ese plan ha fracasado porque las fuerzas armadas se mantienen unidas y leales al gobierno, por lo cual se puede prever que intenten incrementar las acciones violentas, esperando llegar a una situación similar a los fracasados experimentos terroristas de 2014 y 2017.
Ante esto, el presidente Maduro en su discurso del día 23 de enero, con mucha serenidad planteó las directrices más generales del accionar del gobierno: mantener movilizado al pueblo, garantizar la unidad cívico militar, hacer una administración más eficiente y actuar con paciencia y tino político para evitar las provocaciones que Estados Unidos implementará, sobre todo en lo relacionado a la creación de este gobierno paralelo sin sustento en la Constitución. El espacio de maniobra es reducido cuando hay que enfrentarse a la mayor potencia del mundo controlada además por un gobierno en el que prima la irracionalidad tanto en su política interna como internacional.
Finalmente, este aspecto: el internacional es muy relevante en este contexto, China y Rusia deberían jugar un papel activo denunciando la violación del derecho internacional, la Carta de la ONU e impidiendo cualquier resolución que intente Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para legalizar la intervención , tal como lo logró en el caso de Libia, e incluso promover una resolución del Consejo de Seguridad llamando a la búsqueda de un desenlace pacífico y por vía de negociaciones del conflicto interno de Venezuela sin intervenciones extranjeras de ningún tipo y rechazando de plano la acción militar. Muy posiblemente Estados Unidos lo vetaría, pero obligaría a los timoratos a tomar una posición respecto de la paz o la guerra, de la democracia o la dictadura, a favor de solucionar el conflicto en el marco de la Carta de la ONU o en favor de una intervención armada ilegal, toda vez que no ha sido aprobada en el Consejo de Seguridad.
México, tras retomar el apego a su tradición constitucional de o inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, está señalando el camino del respeto a la Carta de la ONU en la solución de conflictos, estoy seguro que cada vez mayor cantidad de países de la región seguirán su ejemplo. Almagro ha logrado que la OEA sea superada por el Grupo de Lima: Estados Unidos se vio obligado a crearlo para conseguir con rapidez y seguridad lo que la OEA no ha sido capaz de proporcionarle: el soporte político para una invasión. Los países del Grupo de Lima al avalar la intervención militar de Trump, se hacen cómplices de éste, y en caso que el pueblo de Venezuela no logre evitar una invasión, serán juzgados como criminales de guerra por la gran cantidad de muertos, desaparecidos, mutilados y desplazados que tal acción producirá. El incremento de la migración que toda guerra produce vendrá a señalarles en la cotidianidad de sus calles, el impacto de su subordinación a la potencia imperial. Si quieren saber cómo es esto, solo deben mirarse en la realidad de la Europa de hoy impactada por la llegada de millones de migrantes provenientes de los países en los que se han desatado guerras imperiales y coloniales.
