Roberto Izquierdo-Menéndez denuncia que en la parte operativa de la Ley de Pesca y Acuicultura fueron engañados por Pablo Longueira (UDI), ex ministro y ex candidato presidencial de la UDI, autor de la ley de privatización pesquera que benefició a 7 familias.

Izquierdo-Menéndez encabezará un movimiento empresarial que exigirá la indemnización por la supuesta “expropiación” de sus derechos históricos adquiridos en el mar de Chile. Califica al proyecto de anulación de la corrupta ley de pesca y acuicultura que se discute en el Congreso, como una “locura total” y una “miopía total y mostruosa”.

Santiago de Chile, 23 de Enero del 2019 (Ecocéanos News). Extremadamente crítico a las políticas liberales de los dos gobiernos del Presidente Sebastián Piñera frente a la industria pesquera se manifestó el presidente de la empresa Alimar y de la salmonera Invermar, Roberto Izquierdo Menéndez, uno de los dirigentes empresariales ligado en la década de 1970 al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad, quien participó en el derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende, mediante un golpe de estado.

Desde la década de ’80, Izquierdo-Menéndez lidera el clan familiar de origen pesquero-ganadero, originario de la región de Magallanes, Patagonia chilena.

Izquierdo-Menéndez indica en entrevista al diario La Tercera que la industria ha sido engañada, primero durante la discusión de la Ley de Pesca en 2013 -respecto a que no se realizarían licitaciones-, y recientemente, porque el Ejecutivo no cumplió con el compromiso de acudir al Tribunal Constitucional (TC) por la denominada “Ley de la Jibia”. Esto habría llevado al sector empresarial a perder la fe pública. En ese escenario, se muestra poco optimista, y asevera que no ve soluciones, por ello sostiene que la industria pesquera irá decayendo inevitablemente.

Entrevista de La Tercera a Roberto Izquierdo Menéndez

¿En qué situación quedó el sector industrial tras la última Ley de Pesca?
-No tengo recuerdos de que alguna vez haya habido una Ley de Pesca que no le cause daño a la industria. La última Ley de Pesca fue en 2013 durante el Gobierno de este mismo Presidente, cuando se fijaron medidas de conservación de los recursos, con facultades para la autoridad, que es un aspecto extraordinariamente útil y bueno, pero que no ha sido trabajado suficientemente bien. En la parte operativa de la Ley fuimos engañados por el exministro, Pablo Longueira.

¿Por qué?
-Nos hizo una serie de ofertas y se comprometió a que los conceptos generales de la parte operativa de la Ley serían de común acuerdo entre todos los estamentos. El acuerdo consistía en que no habrían licitaciones a cambio de un sacrificio importante de la industria relacionado con que entregáramos parte de nuestras cuotas.
En este contexto, la industria de la octava región, que es la más representativa, pasó de contar con el 44% de la captura de la sardina y la anchoveta, al 22%. O sea, traspasamos al sector artesanal o semi industrial más bien, la mitad de la cuota que teníamos, pero cuando el Gobierno mandó el proyecto de Ley al parlamento lo hizo con la licitación incluida.

¿Qué sacaron en limpio?
-Que no se le puede creer nada a nadie, porque mienten en público. Esto seguramente fue porque Longueira fue desautorizado por el Presidente. De otra forma no se explica. Cuando el exministro de Energía, Rodrigo Álvarez intervino en la crisis de Aysén, también fue desautorizado por el Presidente, pero él era un hombre de honor que renunció y se fue para su casa, pero el señor Longueira no lo hizo.

¿El problema es el Presidente?
-¿Le cabe alguna duda? El tomó ahora un compromiso con el señor Manuel José Ossandón, que no tiene idea de esto y que ni siquiera acepta conversar. No le reconocemos ninguna autoridad en materia de pesca y no se le conoce ninguna experiencia en materia productiva. Aquí se perdió la fe pública y desde la aprobación de la Ley de Pesca de 2013 hasta ahora, salvo mejoras periféricas, no se construyeron más fábricas de procesamiento de pesca y barcos pesqueros. Ahora entra en la discusión esta nueva Ley en que dice que se va a sacar todo a remate.

¿Eso una expropiación?
-Obvio que sí. Si la autoridad cambia las condiciones nos tienen que indemnizar porque son derechos adquiridos.

¿Qué opinión tiene del proyecto de Ley Corta de Pesca?
-Tiene varias curiosidades. Empezó su discusión en el Congreso y hubo un acuerdo de no aceptar ninguna sugerencia del sector privado. La autoridad dice que no es así y miente. Este tema no se ha podido conversar con nadie, ni con el ministro, ni con el subsecretario.

¿Cree que esto responde a las acusaciones de pagos políticos?
-¿Por qué nos echan la culpa a todos de un caso particular? Son procesos que no han terminado y que llevan años. Hubo candidatos como Guillier que decían que la Ley de Pesca es una vergüenza, pero no tiene idea por qué. No la leyó nunca y Ossandón tampoco, porque si la hubieran leído se habrían dado cuenta que la industria sacrificó la mitad de su cuota. ¿Encuentran poco eso? Dicen que la industria fue la más beneficiada con la Ley Longueira, pero recibimos un perjuicio horroroso. Tan grave que no se construyó nunca más un barco ni se hizo una fábrica nueva. Nadie está dispuesto a invertir. De esa magnitud fue el daño.

En la actual discusión, ¿qué rol ha jugado el ministro Valente?
-El ha cumplido con no recibir a nadie y nunca había pasado que un ministro de Economía no participara, se marginó totalmente. El ministro es un hombre con una gran preparación en materia financiera y económica. El subsecretario en materia de pesca cuando lo nombraron no tenía idea, pero es un operador político. Pero los dos son personas inteligentes e ilustradas. Para ellos es desagradable que vengamos con argumentos, porque no tienen cómo contestar. Es muy conveniente que tengan una orden para no reunirse.

¿Cómo ve el nivel de discusión técnica?
-No hay.

¿Se utiliza a la industria para obtener ganancias políticas?
-¿Le cabe alguna duda ? Aquí han creado un velo de dudas en contra de la industria. Además, existe el compromiso del presidente con el senador Ossandón y esto entró al programa de Gobierno y es la única cosa que están cumpliendo del programa, porque no han hecho nada, sólo esto.

¿Qué pasa con el actuar del Gobierno?
-Es un gobierno populista, no al extremo de la UP, es populista sólo al nivel de la pesca. Además, este es un gobierno populista y débil.

¿Por qué?
-¿Qué pasó con los puertos? Empezó la huelga con una violencia salvaje y falló el Estado de derecho. Pasó casi un mes y salieron a destruir tiendas y negocios en las inmediaciones del puerto y anunciaron el boicot de la fiesta de año nuevo y ahí se asustaron en el Gobierno que terminó aceptando los bonos y las pedidas de los eventuales. Todo eso se pagó con plata del fisco. O sea, a todos los que cometieron actos de violencia y vandalismo no les va a pasar nada, esa fue una condición sine qua non. Esa es la rotura total del estado de derecho y además pagada con plata del fisco.

¿Cree que habrá un conflicto similar al de los portuarios por la Ley de la jibia?
-Es impredecible, pero la autoridad tiene en sus manos la solución, pero tengo la seguridad de que esto va a terminar muy mal para el sector industrial pesquero. Con esto de la jibia van a volver a quedar barcos sin poder trabajar. En la octava región habían 120 barcos pesqueros y después de la última Ley quedaron 35 o 38 barcos y si esto de la jibia prospera, van a haber unos siete u ochos barcos menos y quién pierde, pierde el país.

¿Por qué le pasa esto a la industria?
-Cuando salió elegido senador el señor Piñera, intentó que la pesca se hiciera por licitación. Es una cosa que no viene de ahora último, la tiene preconcebida desde hace mucho tiempo. Ahora están diciendo que van a poner el veto a la Ley de la jibia, pero están pateando fuera de la cancha. Para que se apruebe eso tendrían que desdecirse los senadores y los diputados, por eso tampoco es creíble.

¿Qué solución ve?
-No veo ninguna.

¿Qué pasará con la industria si tanto la Ley de la Jibia como la Ley Corta prosperan?
-La industria va a ir decayéndose inevitablemente. Entre las autoridades, nadie está pensando en el futuro del sector.

¿Qué tan grave es la eliminación del arrastre que incluye la Ley de la Jibia?
-Sin arrastre la industria deja de pescar. Podría seguir pescando con cerco, pero es muy ineficiente porque la jibia se pesca a un nivel más profundo. Nos van a quitar un recurso importante, 40 mil toneladas y nadie nos deja conversar. Se le hizo ver indirectamente a la Subpesca que esto es ilegal y ellos lo reconocieron y dijeron que cuando la Ley pasara por la Cámara y el Senado, iban a ir al Tribunal Constitucional (TC). Advertí a nivel gremial que no lo cumplirían, dije que ya nos engañaron y que ahora nos volverían a engañar y nos volvieron a engañar, porque no fueron al TC y dejaron que se venciera la fecha. El gobierno de Piñera es el que nos vuelve a engañar. Estamos en una situación compleja y ahora son los trabajadores de la industria los que están en huelga.

Entonces, ¿el cerco no es opción?
-Esta alternativa demuestra la ignorancia de la autoridad. El sistema de cerco es eficiente pero para otros peces que viven cerca de la superficie. No es el caso de la jibia que vive a media agua.

También existe un proyecto que busca derogar la actual Ley de Pesca…
-Si se deroga la Ley de Pesca anterior, volvemos a la ley de la selva, a la carrera olímpica que es la peor forma de depredación, además se le quita a la Subpesca la potestad de regular los recursos. Esta es la locura total, es de una miopía total y monstruosa.

¿Qué otros problemas enfrenta hoy la industria?
-Tenemos una situación tributaria sobrecargada que bajo el punto de vista de cualquier inversionista implica que invertir en pesca no tiene ningún atractivo. La Ley del 2013 subió fuertemente los impuestos, aplicaron un royalty como el de la minería, lo cual, por decirlo de una forma elegante, es una estupidez. Pero también pusieron impuestos adicionales.
La pesca paga el impuesto de primera categoría, un impuesto por el permiso de pesca, por la cuota de pesca y paga el royalty, y estos dos últimos se pagan por anticipado se pesque o no. Hoy las empresas pesqueras están pagando entre 50% y 60% de la renta en impuesto, más del doble de lo que pagan artesanales o semi industriales, con el agravante que es anticipada y a fondo perdido.

Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/presidente-invermar-ley-pesca-la-autoridad-cambia-las-condiciones-nos-tienen-indemnizar-derechos-adquiridos/491759/#