La ONG y Clacso dieron a conocer un estudio donde se evidencian las medidas ocupadas por grupos de intereses para mantener beneficios a favor del capital y en perjuicio de la población. La fórmula afecta negativamente en la igualdad y la democracia en la región.
Raúl Martínez
Son once los mecanismos que utilizan las elites en América Latina y el Caribe para mantener sus privilegios, según dio a conocer en el informe “Democracias Capturadas” la ONG británica Oxfam en conjunto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso.
Entre ellos se cuenta la coaptación de los medios de comunicación que permite por un lado controlar el mensaje que se entrega a la gente, pero que por otro perjudica seriamente a la democracia.
Así lo señaló Rosa Cañete, coordinadora regional del Programa de Lucha contra la Desigualdad y la Captura del Estado de Oxfam en la región.
“Le da un gran poder a las empresas que son dueños de los medios de comunicación. Estamos hablando de que por ejemplo en prensa escrita desde la región, en las economías más importantes, cuatro periódicos o menos, son leídos por cuatro de cada cinco lectores. Esto nos está hablando de que hay una concentración que limita la pluralidad y esta es esencial para la calidad del debate democrático”, indicó la especialista.
Esto lleva a lo que el periodista español Ignacio Ramonet llama “el latifundio mediático”, el cual se beneficia además de la destinación de los recursos del Estado con el avisaje y la publicidad gubernamental, lo que perjudica el desarrollo de otros medios que adopten una perspectiva diferente de la realidad para ayudar a construir una nueva mirada de la sociedad.
Otro de los mecanismos utilizados por las elites de América Latina y el Caribe es la denominada “puerta giratoria” en donde ejecutivos de compañías privadas terminan ocupando cargos de privilegio en ministerios y reparticiones públicas.
Según Cañete, esta situación “podría acabar llevando a que la decisión pública quede capturada por el interés privado. También puede afectar la competitividad, esto no sólo afecta al bien común sino que también afecta la competitividad de las otras empresas del sector. Es decir cuando un alto ejecutivo que ocupa un cargo público, va a tener acceso a información privilegiada, a contactos, a knowhow y esto lleva a una complicidad pública que puede llevar a que las empresas no compitan libremente. Hay casos claros sobre esto. Lo vemos en el análisis del gobierno de Macri donde más de un 40 por ciento de los puestos del Ministerio de Hacienda han sido ocupados por altos ejecutivos”.
Esta situación se repite en varios países latinoamericanos y caribeños, como también en Chile donde el actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, llegó a formar parte del primer gobierno de Sebastián Piñera, periodo en el que ofició como canciller, desde el directorio de Falabella.
El estudio dado a conocer por Oxfam y Clacso subraya que el beneficio que obtienen las elites al controlar por diversas vías el poder es que consiguen beneficios para la protección del capital y el desarrollo de sus inversiones, versus los problemas de desigualdad que se profundizan y que dejan a la mayoría de la población en la pobreza.
Este es el caso de las políticas aplicadas por el gobierno en Argentina donde la reducción de la carga impositiva al capital, el aumento del IVA y la desaparición de subsidios estatales, llevó a que dos millones de argentinos pasaran en los últimos años a engrosar el grupo de la población pobre.
A esto se agregan otros ejemplos como el caso de la reforma fiscal en Perú donde en 2014 se introdujeron una serie de medidas para según se informó públicamente, dinamizar la economía, reduciendo las cargas impositivas al capital y a la inversión. Consultados posteriormente, el 74 por ciento de los peruanos no conocía el debate, impidiendo que se formara una opinión respecto de los alcances de las modificaciones que terminaron privilegiando al capital y afectando a la gente.
Por eso para Oxfam resulta fundamental que este tipo de discusiones y cambios no se escondan detrás de un lenguaje técnico que lo único que hace es impedir la participación y el debate democrático.
Para ambas entidades, la única forma de revertir este cuadro que se vive en la región es actuando y reconociendo los discursos que perjudicarán las políticas públicas que apunten a mejorar las condiciones de vida de la gente.
