Daniel Libreros Caicedo*
Bogotá, 2-7-2018
Iván Duque candidato del denominado Centro Democrático, partido político creado por el ex presidente Álvaro Uribe en el 2013 ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo 17 de junio de 2018.
Pero, en esta segunda ocasión, el número de apoyos aumentó de manera considerable hasta el punto de contar con la totalidad de los partidos y maquinarias políticas ligadas al orden establecido, incluyendo los poderes regionales asociados con las empresas criminales que les siguen garantizando el control territorial. El uribismo expresa los intereses del latifundio tradicional ahora asociado con el latifundio, resultado del despojo a los campesinos que produjo la guerra durante las últimas décadas y que, según los cálculos más benignos, llega a 6 millones de hectáreas.
Duque ha trazado desde ya las líneas gruesas de su mandato. Pero este nuevo arribo del uribismo al gobierno no cuenta con las condiciones favorables que le entregaron el triunfo en el 2002. Ahora el “conflicto interno” está desactivado, las Farc desmovilizadas, y las denuncias judiciales nacionales internacionales contra Uribe y su entono aumentan.
Los resultados electorales, con un altísima votación de Gustavo Petro, expresan manifestaciones políticas y sociales contradictorias. Confirmando,a la vez, que existe un espacio político para lanzar propuestas democráticas en un escenario de frontal oposición política al nuevo gobierno.
Existe la posibilidad de conformar una gran convergencia democrática entre diversas organizaciones políticas y sociales, que levante una plataforma de Paz con Justicia Social, que defienda las reivindicaciones que no fueron consideradas en los Acuerdos de La Habana, y se oponga a las últimas modificaciones introducidas por el uribismo.
El respeto a la vida de los líderes sociales y a los ex guerrilleros desmovilizados puede ser una demanda unificadora porque apunta al desmonte del paramilitarismo, a la denuncia al terror de Estado, al reconocimiento de las víctimas, y a la denuncia a la impunidad judicial.
La paz corporativa, neoliberal, que ha venido implementando el gobierno Santos, continuará. Sin embargo, es resistida en los territorios y ha tomado la forma de luchas en contra del extractivismo. Los defensores del territorio y las comunidades étnicas han actuado en contra de la explotación de hidrocarburos, en contra de la minería y de las represas y han denunciado el desplazamiento de las comunidades y la destrucción de la naturaleza.
En las ciudades, estas resistencias han tomado la forma de rechazo a los planes urbanísticos corporativos y de enfrentamiento a las grandes constructoras agentes del extractivismo urbano
La unificación y coordinación de estas resistencias en una plataforma nacional, es una necesidad urgente…
* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá. Miembro del Movimiento Ecosocialista. Artículo enviado por el autor.
