50 años después de una rebelión social histórica en Francia, en la que muchos centros de trabajo fueron tomados por los obreros, el país vive de nuevo una situación de estallido social contra las últimas medidas anunciadas por el presidente Macron.
Es importante recordar cómo llegó Macron al Elíseo, tras una elección nada atractiva para los franceses (los sondeos indicaron que un bajo porcentaje de sus votantes lo eligieron realmente por el programa que representa) en la que muchos de ellos votaron por el mal menor, ante la amenaza del acceso de Marine Le Pen a la presidencia. Esto queda demostrado con la popularidad actual del presidente, que se encuentra por los suelos (en torno al 10-12%).
Sin embargo, el descontento social se manifestó desde los primeros compases de la acción del nuevo presidente, y está alcanzando un punto álgido esta primavera. Entre los ataques de este primer año de presidencia, se encuentra la subida de la CSG (Contribución Social Generalizada) un 1,7%, que afectará a los salarios y pensiones más bajos.
Pero la punta de lanza de la última batería de ataques presentada han sido los ferroviarios (cheminots). El sistema público de ferrocarriles en Francia no gusta nada a la derecha, como ya se demostró con el primer intento de desmantelamiento, en 1995, en el cual los trabajadores infringieron una dura derrota al gobierno y a sus planes de privatización de los ferrocarriles. El reciente informe Spinetta plantea que los nuevos trabajadores contratados no se beneficien del estatuto ferroviario en vigor, así como un ataque frontal al sistema ferroviario francés (uno de los más extendidos y con mejor funcionamiento de Europa). En un principio el informe planteaba el cierre de pequeñas líneas deficitarias, que, sin embargo, en posteriores versiones se ha modificado la propuesta, proponiendo el abrirlas a la concurrencia de empresas privadas, lo que en la práctica va a tener el mismo efecto, el cierre indiscriminado de pequeñas líneas en las provincias francesas menos pobladas. Un breve estudio, presentado como respuesta por la CGT señala que esta apertura a la competencia privada no viene impuesta por la UE (como defiende Macron), sino que es una elección del gobierno . El jefe de gobierno, Philippe, pretende aplicar todo ello por la vía de las ordenanzas, que es el método por el que acostumbra Macron a aprobar sus contrarreformas contra los trabajadores. En Francia, los trabajadores del tren cuentan con una reglamentación laboral diferente. Esto ha hecho que todos los medios de comunicación se inundaran de propaganda contra los cheminots, considerándolos unos privilegiados, sin embargo, nada más lejos de la realidad; un estudio del semanario Marianne ha desmontado todos esos mitos : los trabajadores del ferrocarril tienen un salario cercano a la media francesa, con muchos de ellos por debajo, muchas de las primas fueron ya eliminadas por gobiernos anteriores y además cuentan con un sistema de días de libranza muy restringido (un conductor de la SNCF cuenta con tan sólo 12 fines de semana libres completos al año).
Los sindicatos de la SNCF propusieron una movilización unitaria en apoyo a los ferroviarios y contra la destrucción del servicio público para el día 22 de marzo, que fue un éxito rotundo, contando también con la presencia y el apoyo de muchos cortejos de estudiantes muy jóvenes. Además de la huelga convocada en la SNCF, ese día también se convocaron huelgas en otros sectores públicos, como en el sector de la enseñanza secundaria. Finalmente, más de medio millón de personas se manifestaron ese día en defensa de un servicio público de calidad, y el seguimiento de la huelga fue muy importante, paralizando buena parte de los trenes, sobre todo los trenes de cercanías en París. Este auge de las movilizaciones ha animado el ambiente y ha puesto sobre la mesa la necesidad de un plan de lucha unitario y continuado, como ha planteado la CGT, convocando 2 y 3 días de huelga por semana durante los meses de abril, mayo y junio.
El primer día de huelga en la SNCF, el 3 de abril ha supuesto un éxito rotundo, con en torno a un 50% de seguimiento (el más alto registrado nunca en una primera jornada de huelga de estas características) con el tráfico ferroviario totalmente colapsado: en las grandes líneas, solamente funcionó un tren de cada diez, mientras que en las cercanías de París el seguimiento de la huelga también ha provocado imágenes de andenes hasta arriba de gente, en el RER A (la línea de cercanías más importante de la capital) circuló un 50% de trenes, y en el resto de líneas de RER, entre un 15 y un 30%, así como en la media distancia, en la que salieron apenas un 10% de los convoyes. Esta situación ya ha puesto nervioso al gobierno y a sus medios más proclives, proclamando abiertamente la necesidad de revisar los servicios mínimos, en una clara muestra de su intención real: acabar con los derechos laborales más elementales de los trabajadores de la SNCF.
El gobierno ha luchado y seguirá haciéndolo contra el plan de lucha de los trabajadores. Sin embargo, todas sus estrategias hasta ahora han caído en saco roto; en primer lugar se intensificó la propaganda contra los trabajadores de la SNCF, cosa que no funcionó, ya que la mayoría del país apoya las movilizaciones, como han demostrado recientes sondeos, por otro lado se ha ofrecido la posibilidad de transportar a la gente por medio de coches compartidos (tipo BlaBlaCar) o de repartir primas de hasta 150 € entre los no huelguistas para reventar la huelga, en una serie de maniobras claramente ilegales y, finalmente, algunos rectores universitarios, como el de la Universidad de Montpellier, recurrieron a grupúsculos fascistas para agredir y amedrentar a los estudiantes, que lejos de achantarse han mostrado una determinación contundente contra ellos, celebrando asambleas masivas en las universidades para debatir el combate a llevar a cabo contra los fascistas.
También los pensionistas están en lucha en Francia, que ven como se ha visto reducido su poder adquisitivo por las subidas de impuestos de Macron, justificadas por una abstracta “solidaridad intergeneracional”, solidaridad de la que se escapan los que más ganan. La subida de impuestos afecta a más de la mitad de los jubilados franceses (más de 8 millones van a ver reducido su poder adquisitivo). Además el gobierno pretende subir la edad de jubilación de forma “modular” hasta llegar a los 67 años, cuando actualmente se sitúa en los 62. El mantra de que el aumento de la CSG está basado en la solidaridad es una más de las mentiras de Macron; según un estudio de la France Insoumise (el partido de Mélenchon) los pensionistas que cobren 1200 euros mensuales van a perder de media unos 300 euros de poder adquisitivo al año, mientras que los dirigentes y cuadros superiores de las empresas que tengan salarios de 6000 euros mensuales van a ganar más de 2.700 euros de media al año, gracias también a la modificación del Impuesto de Grandes Fortunas.
