Así lo informaron fuentes de la Policía Civil (investigaciones) de Río de Janeiro, en base a los resultados de las pericias en los 14 balazos disparados contra el automóvil en el que viajaba la dirigente del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Las balas 9 mm, según informó el noticiero de la TV Globo, habían sido adquiridas en 2006 por la Policía Federal en Brasilia a la empresa de armamento CBC.

Miles de personas se manifestaron anoche en San Pablo y Río de Janeiro para pedir justicia y denunciar a la mafia policial por el hecho, debido a que la concejal Franco había acusado a un batallón de construir fosas comunes para ejecutar a jóvenes de las favelas.

Franco, de 38 años, había sido miembro de la comisión parlamentaria contra las milicias parapoliciales en el Concejo Deliberante de Río y era la miembro informante de la comisión parlamentaria carioca sobre la intervención militar decretada por el presidente Michel Temer.

La intervención, que cumple un mes este viernes, fue para varios analistas «desafiada» por parte de los sicarios que mataron a Franco, una dirigente del movimiento negro, una socióloga con orígenes en la favela de la Maré y la quinta más votada en las elecciones de 2016.

Los cuerpos fueron sepultados ayer, en paralelo a las manifestaciones de repudio.

La fiscal general, Raquel Dodge, dijo que «el asesinato de políticos es un atentado a la democracia».