RADIO COOPERATIVA, 02 DE FEBERERO 2018
Por: Dino Pancani
Por décadas hemos visto desfilar en el parlamento a civiles y militares responsables de violaciones a los derechos humanos, pontificando de demócratas, utilizando espacios televisivos, tomando decisiones públicas y pactando la democracia con los grandes capitales.
Por otra parte, el sistema judicial ha continuado con su trato dispar para dictar justicia, no sólo en lo referido a las violaciones a los derechos humanos, también lo hace cuando se trata del pobre y sus rencillas con la justicia; del poderoso y sus delitos tributarios, sus colusiones, cohechos y asociación ilícita.
En los medios de comunicación se naturalizaron rostros que persistieron con sus falsas neutralidades, sus acomodos impertérritos, su travestismo moral, sus sombras ocultas en los set televisivos.
Se mantuvieron a los propietarios y profesionales de los medios, quienes son responsables activos de montajes y silencios que velaron la muerte de hombres, mujeres y niños.
Se alteraron los significados de las palabras, los conceptos se relativizaron. A las torturas la llamaron excesos; a los asesinatos, muertes y a la dictadura, régimen militar.
La sociedad chilena, chantajeada por “razones de Estado”, debió tolerar asaltos y robos a las empresas públicas, la privatización de los servicios básicos, de las carreteras, del deporte, del ocio, todos procesos carentes de transparencia e información adecuada.
Se asentaron modos de hacer política en los cuales, en algunos casos, la víctima fue corrompida por el victimario, cuando a cambio del blanqueamiento y la posibilidad de mantener las granjerías del negocio, el otrora verdugo repartía dinero malogrando la democracia.
En consideración a la Plebe y para extencer aún más este estado de impunidad, se determinó entonces que los futbolistas que cometieran accidentes automovilísticos criminales, también tendrían la posibilidad de comprar justicia, “Chile está primero” rezaba la consigna.
Y así en los ámbitos en que la impunidad es sinónimo de transacción, en donde el dinero se instala como mecanismo reparatorio de delitos y faltas, como riqueza para adquirir reconocimiento, como obstáculo para impartir justicia.
Esta práctica pertinaz nos ha convertido en un país con una institucionalidad de cartón piedra, en donde el Estado de Derecho es tironeado y confundido, sus leyes masacradas y su gente gente se debate entre el ostracismo y la indignación.
