Santiago de Chile, Septiembre 2017
Ante el aumento de la actividad represiva contra mapuches, originada ante una política agresiva del Estado chileno contra diversas comunidades y la indiferencia del gobierno frente a los cuatro comuneros Mapuche que llevan ya más de 110 días en huelga de hambre en la cárcel de Temuco declaramos lo siguiente:
Los comuneros Mapuche Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol Galindo, están presos desde hace quince meses, sin cargo concreto alguno, sólo suposiciones que la fiscalía utiliza como argumentación para aplicar la ley 18.314, conocida como ley antiterrorista. Ley cuestionada por diversas instancias internacionales de Justicia, que han criticado duramente a nuestro país por usarla particularmente contra el Pueblo Mapuche. Sin embargo, el Estado chileno hace caso omiso de las recomendaciones recibidas.
Ante esta situación, y como recurso extremo, los comuneros iniciaron una huelga de hambre, demandando que se les trate en condiciones de igualdad ante la justicia, no aplicación de la ley antiterrorista, no utilización de testigos sin rostro, fin a la prisión preventiva y juicio en un plazo prudente. Estas demandas no han sido escuchadas ni acogidas por los tribunales de justicia, ni por el gobierno, ni el parlamento. El Estado chileno mantiene una actitud de total indiferencia ante las justas demandas de estos comuneros Mapuche.
A lo anterior, se agrega el hecho que recientemente el Estado ha desatado una persecución contra dirigentes de diversas comunidades, siendo detenidos ocho de ellos, a los que se agrega la reciente detención del Lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Todos ellos acusados de supuestos “delitos de carácter terrorista”, los que ni las fiscalías, ni las policías nunca aclaran, excepto presunciones y sospechas de que “pueden tener determinada responsabilidad criminal ante alguna situación especial”, en palabras del director nacional de inteligencia (Dinai) de carabineros Gonzalo Blu; o lo planteado por la fiscalía, en cuanto a que los comuneros de la CAM “pretendía quemar 100 camiones este año”.
Todas estas detenciones, realizadas en el marco de la denominada “Operación Huracán”, han sido realizadas en forma arbitraria, violenta, sin ninguna consideración ni respeto por los derechos de niñas y niños, mujeres y hombres, por las y los adultos mayores de las comunidades allanadas.
Nuestras experiencias y vivencias en terreno, acompañando a diversas comunidades de Tirúa, Cañete, Collipulli nos dicen que el atropello y violación sistemática de los Derechos Humanos de las y los habitantes del Wallmapu, es cada vez mayor y peor. Y, creemos, que será aún mayor en el futuro inmediato, teniendo presente que el contexto en el que se desarrolla la mentada Operación Huracán, está marcado por la presión abierta y directa de los empresarios camioneros sobre el gobierno; el discurso del general en jefe del ejército, Humberto Oviedo, el pasado nueve de julio, y lo que dijo en Los Ángeles, al ser consultado por los empresarios de las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, que el ejército está “disponible para otorgar protección en las zonas de atentados terroristas en caso de declararse estado de excepción constitucional.” Y también por lo recientemente dicho por el director nacional de inteligencia de carabineros Gonzalo Blu, refiriéndose a esta escalada represiva del estado chileno: “esto recién comienza”.
Diversas instancias internacionales se han pronunciado respecto a la represión al pueblo Mapuche. El Comité contra la Tortura (CAT) manifestó en 2009 que “le preocupan las numerosas denuncias recibidas que apuntan a una persistencia de actuaciones abusivas por parte de los agentes policiales contra integrantes de pueblos indígenas, en particular, contra miembros del pueblo mapuche. Le preocupa al Comité especialmente que entre las víctimas de esas actuaciones se encuentren mujeres, niños, niñas y personas de avanzada edad”. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) subrayó la violencia padecida por mujeres en el contexto de protestas mapuche, así como su falta de acceso a la justicia. El organismo recomendó al Estado chileno velar por que todas las formas de violencia a que den lugar acciones u omisiones de agentes estatales de todos los niveles, incluida la policía, o resultantes de tales acciones u omisiones, sean sistemática y debidamente investigadas, se procese efectivamente a los culpables, se impongan a estos condenas y medidas disciplinarias adecuadas y se proporcione a las víctimas, especialmente a las mujeres indígenas, reparaciones o indemnizaciones”.
Observaciones de similar índole ha hecho sentir el Informe Periódico Universal de 2009 sobre Chile, el Comité contra la Discriminación Racial (CERD), el Comité de Derechos Humanos (CDH), el Comité de los Derechos del Niño (CDN), el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios y Guardias Privados, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Hace pocos años este advirtió que “[…] la comisión de eventuales actos de violencia no justifica en caso alguno la violación de derechos humanos de la población indígena por parte de los agentes policiales del Estado”.
En Diciembre 2016 se publicó el Informe del Sub Comité Para la Prevención de la Tortura sobre su visita a Chile, en donde, además visitaron una de las zonas en conflicto. Entre sus recomendaciones al Estado de Chile está lo siguiente: Uso de legislación especial contra personas mapuche Párrafo 119: El SPT recomienda que el uso de leyes penales especiales en contra de personas pertenecientes al pueblo Mapuche debe cesar de inmediato y que la ley antiterrorista debe aplicarse únicamente a delitos terroristas, en una interpretación restrictiva de este tipo penal y debe evitar su aplicación a actos de protesta social de cualquier grupo, incluyendo el pueblo Mapuche.
La respuesta del gobierno de Chile fue la siguiente: “Los órganos internacionales de derechos humanos han planteado al Estado de Chile el uso restrictivo de la normativa terrorista, principalmente respecto a miembros del pueblo Mapuche en el contexto de actos de protesta social. Por lo mismo, el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria estableció que “nos comprometemos firmemente a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social”.
Creemos que hechos como los aquí denunciados, demuestran claramente que el Estado de Chile mantiene una actitud incoherente e inconsecuente con los compromisos que ha firmado y ratificado con la comunidad internacional. Por el contrario, el Estado chileno sigue aplicando políticas de terrorismo de Estado, tortura e impunidad, heredados de la dictadura cívico-militar. Esto se evidencia con lo que ocurre y está ocurriendo hoy en el Wallmapu.
Como Sitio de Memoria rechazamos rotundamente las acciones policiaco-militaristas que el Estado desarrolla contra los Mapuche.
Exigimos que el gobierno, en tanto cabeza del Estado, acoja las demandas de los cuatro comuneros en Huelga de Hambre, a todos los y las presos y presas mapuche; que termine con la violencia contra las comunidades Mapuche y se haga cargo de todas las demandas políticas, sociales, culturales y económicas que históricamente y en derecho le corresponden al Pueblo Nación Mapuche.
Llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil consientes del daño histórico que el Estado chileno ha hecho al pueblo Mapuche, y que trabajamos en la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos y a la población en general, a solidarizar activamente con los cuatro comuneros en Huelga de Hambre, con las y los presos políticos mapuche, las comunidades allanadas y en apoyo a las demandas históricas de las comunidades del Wallmapu.
