Los partidos políticos del gobierno quieren ignorar la soberanía popular. La gente voto en el plebiscito de entrada que quería una nueva Constitución y que fueran convencionales electos por voto universal y no el congreso ni ninguna entidad mixta quienes redactaran la nueva Constitución.
El acuerdo de los partidos políticos del gobierno quiere borrar de manera mañosa acuerdos aprobados por amplias mayorías de dos tercios o más convencionales. En estos acuerdos los partidos de la elite política intentan garantizar aspectos claves del modelo capitalista neoliberal que tenemos en Chile, entre ellas:
Las AFP, que en un sistema mixto seguirían siendo obligatorias a pesar de su completo fracaso en dar buenas pensiones. El acuerdo expresa «el derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad».
La educación privada subvencionada con fondos públicos, esto es el Estado asegurará el beneficio a los privados en lugar de destinar esos fondos a la extensión y financiamiento de la educación pública de buena calidad. El acuerdo señala que «se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación.»
La salud privada con financiamiento estatal también la quieren garantizar, «El Sistema Nacional de Salud permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados.»
Quieren acotar los derechos indígenas. El acuerdo señala que «proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional», en particular resto a la justicia indígena proponen que «solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales.»
Quieren que las Fuerzas Armadas se involucren en mantener el orden y la disciplina social, evitando el levantamiento social contra los abusos, «proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho.
En defensa de la Soberania Popular y de la nueva Constitución rechazamos los acuerdos de los políticos para los que no están autorizados y de manera arrogante quieren establecer incluso antes de la aprobación por la ciudadanía.
