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Sombras sobre Apure

Militares venezolanos y guerrilleros colombianos vienen enfrentándose con un saldo de decenas de muertos y detenidos, al que se suman denuncias de crímenes graves contra la población civil. Por detrás de los combates, distintos grupos se disputan las ganancias de una floreciente economía ilegal.

Humberto Márquez, desde Caracas 

Brecha, 23-4-2021

Desde el 21 de marzo, la zona de frontera entre Colombia y Venezuela atravesada por el río Arauca, un área de algo menos de 300 quilómetros, es un teatro de guerra entre las Fuerzas Armadas venezolanas y uno de los grupos guerrilleros colombianos que se han resistido a dejar las armas y la economía negra con la que se financian. En el medio, una población que vive del trabajo en el campo y el comercio a hurtadillas entre ambos países atraviesa unos días terribles, forzada a desplazarse y bajo el riesgo de ser alcanzada por el fuego cruzado, detenida como cómplice o simplemente imposibilitada de trabajar en el clima de militarización y sospecha que predomina en la zona.

Este domingo 21, de acuerdo con la versión oficial en Caracas, un grupo armado irregular atacó al batallón del Ejército venezolano en La Victoria, una población de esa frontera llanera, ubicada aproximadamente 600 quilómetros al suroeste de Carcas y 400 quilómetros al noreste de Bogotá. En la acción perecieron dos oficiales de rango medio del Ejército de Venezuela, resultó herida una decena de soldados y, al parecer, murió uno de los atacantes. Luego se supo que los oficiales y varios soldados fueron víctimas, en realidad, de una mina antipersonal sembrada por el grupo irregular para proteger uno de sus campamentos. A la acción siguió la movilización en la zona de refuerzos militares y policiales venezolanos, incluido el desplazamiento de blindados y, sobre todo, helicópteros y aviones K-8 de fabricación china, para labores de reconocimiento y ataque aéreo. Fueron bombardeadas áreas consideradas campamentos de los irregulares en varias zonas de las afueras de La Victoria.

Centenares de lugareños huyeron hacia un lugar seguro, es decir, Colombia, cruzando el río Arauca, cuya anchura allí es de unas decenas de metros. Lo hicieron como se ha hecho por décadas, en los pequeños botes utilizados para transporte y pesca por los habitantes de ambas orillas, pues el puente que enlaza las carreteras está cerrado, como toda la frontera binacional a lo largo de sus 2.219 quilómetros, desde hace cuatro años, por la ruptura de relaciones entre ambos Estados. A Arauquita, municipio del lado colombiano, llegaron 5.737 personas en menos de dos semanas, según sus autoridades: algo más de 4 mil venezolanos, unos 400 que tienen ambas nacionalidades y el resto, colombianos que residen en el lado venezolano. De acuerdo con los medios locales, la gran mayoría ya regresó a Venezuela.

Combates y denuncias

La aduana de La Victoria fue atacada con explosivos y destruida el 23 de marzo. En los días siguientes, hubo combates en los que un blindado venezolano fue inutilizado por un cohete e intervinieron comandos policiales en la búsqueda de guerrilleros y cómplices. El saldo al cierre del mes pasado era de ocho militares muertos, una treintena de heridos, nueve irregulares abatidos, al menos 32 detenidos y seis campamentos desmantelados.

Desde entonces el fuego ha amainado, pero la zona está militarizada, los desplazamientos de civiles son controlados en las carreteras y tanto Venezuela como Colombia despacharon refuerzos militares a esa frontera. Han surgido denuncias de serias violaciones de los derechos humanos, pues los activistas humanitarios sostienen que los contendientes han ocupado y saqueado viviendas, sacrificado ganado, hurtado o destruido otros bienes y, más grave aún, dado muerte a hombres y mujeres que no eran combatientes.

En la región, el veterano exparlamentario y exdiplomático venezolano Walter Márquez denunció que cuatro integrantes de una misma familia, incluida una mujer y un adolescente, fueron asesinados por uniformados y sus cadáveres, calzados con botas para hacerlos parecer guerrilleros. «Me han llegado denuncias de otros casos similares», declaró a la prensa. El Ministerio Público designó a unos fiscales para que, junto con las autoridades castrenses, investiguen las denuncias.

¿A quiénes se enfrenta Venezuela?

La respuesta breve es que los residuos del conflicto armado que ha padecido Colombia ingresaron a Venezuela y han llegado a una región ya saturada de irregularidades. El acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue desconocido por varios de los frentes insurgentes en el sur y el oriente del país. La mayor disidencia fue la de los frentes 1 y 10, cuyo principal jefe es Miguel Botache, alias Gentil Duarte. Estas fuerzas ya sumarían hasta 2 mil combatientes en 16 grupos y han reconocido que se financian con impuestos que cobran a narcotraficantes y explotadores de minas ilegales.

Hace dos años, un grupo de exguerrilleros que firmaron los acuerdos de paz, encabezados por Iván Márquez y Jesús Santrich, se desentendieron del pacto y anunciaron que regresaban a la lucha armada, bajo la denominación Segunda Marquetalia (véase «Una guerra vieja que sigue matando», Brecha, 6-VII-19). Se estima que tendrían unos cientos de seguidores y el gobierno colombiano sostiene que ambos jefes se refugian principalmente en Venezuela, al amparo de las autoridades. No obstante, los disidentes de Duarte se rehúsan a reconocerlos como jefes o aliados, pues los acusan de haberse vendido al entregar las armas y desmovilizar la guerrilla en la paz pactada previamente con el gobierno. Más de 200 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde 2016.

Los frentes que siguen a Duarte instalados en el departamento colombiano de Arauca y su espejo venezolano, el estado de Apure, controlaban el contrabando de combustible y otras actividades de economía sumergida. Eso los llevó a chocar con el Ejército venezolano. Los ataques contundentes de la fuerza armada de Venezuela fueron lamentados en un video que circuló este domingo por Jonnier, tercero al mando en la guerrilla de Duarte, que los calificó de «trabajo sucio», que los militares venezolanos estarían haciendo para favorecer a la rival Segunda Marquetalia.

En tanto, cuando se le preguntó al general Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, a qué grupo se enfrentaban sus tropas, se rehusó a señalarlo. «Sin importar cuál grupo sea, lo rechazaremos, pues nuestro deber es defender la soberanía», dijo en conferencia de prensa a fines de marzo. Acusó a los gobiernos de Bogotá y Washington de estar detrás de los grupos que hostigan a las fuerzas venezolanas. Por otra parte, Caracas pidió ayuda técnica a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proceder a desmantelar las minas que hay junto a las áreas empleadas como campamentos por los grupos armados.

La tormenta ha amainado a lo largo de abril, después del inicio de la ofensiva venezolana y de que portavoces del grupo Duarte –«la legítima resistencia de las FARC», como se autoproclaman– se reunieran con activistas de grupos de izquierda en la zona, algunos críticos del presidente Nicolás Maduro. Pero la tensión se mantiene. Sesenta organizaciones no gubernamentales de Colombia y Venezuela, en su mayoría de derechos humanos, pidieron al secretario general de la ONU que designe un enviado especial para la frontera, donde temen que cualquier incidente en estas calurosas llanuras desate una escalada entre los gobiernos rivales y se desencadene un conflicto mayor.

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Muchas armas

La región de frontera que atraviesa el río Arauca es, desde las últimas décadas del siglo pasado, un área donde florece la economía negra. En un comienzo fue por el abigeato y el contrabando –sobre todo, de combustible–, luego por el narcotráfico y después por la guerrilla colombiana, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN, calificado de «guevarista»), tras el que llegaron grupos de las «autodefensas» (paramilitares de derecha). Han prosperado allí grupos que practican la extorsión (el cobro de «vacunas», principalmente a ganaderos) y el secuestro.

Durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) apareció un grupo llamado Fuerzas Bolivarianas de Liberación, nunca reconocido oficialmente, que, de acuerdo con los medios locales, es una creación del ELN. Como guinda del pastel, y de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y ambientales, en todo el sur venezolano prospera la minería ilegal (oro, coltán, diamantes), que se trafica en estas áreas de frontera al amparo de grupos armados, bandas que usan el nombre de «sindicatos» y, presuntamente, también del ELN, que así ayuda a financiar sus actividades.

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