PARAGUAY: EL ESTADO INFANTICIDA
31 años de prisión para Laura Villalba, mamá y tía de las niñas asesinadas en Paraguay
El 1° de agosto, en Asunción, la capital paraguaya, un Tribunal integrado por María Luz Martinez, Dina Marchuk y Federico Rojas, en un proceso judicial plagado de mentiras, contradicciones, y actuaciones irrespetuosas del carácter “oral y público” del juicio, condenó a Laura Villalba a quien acusaron de “terrorismo” y “asociación criminal”, a 25 años de prisión y 6 años más como “medida de seguridad».
Página 12 – 2 de agosto de 2024
Laura Villalba es mamá de María Carmen y tía de Lilian Mariana, dos niñas de 11 años asesinadas el 2 de septiembre de 2020 por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creada por el gobierno de Paraguay para combatir al grupo guerrillero del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Es tía de Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, desaparecida el 30 de noviembre.
Hasta el momento no se conocen resultados de la investigación oficial de lo sucedido, quiénes son los responsables generales y particulares de estos infanticidios. Sin embargo hay una persona presa, Laura Villalba, mamá de María Carmen, y hay una persona perseguida, Myriam Villalba, mamá de Lilian Mariana, la otra niña asesinada. A Laura, capturada el 23 de diciembre del 2020, en una ruta pública por la que andaba buscando a Lichita, se la torturó psicológicamente desde el momento de su detención en la cárcel militar de Viñas Kué, donde estuvo varios meses absolutamente aislada, y luego en las cárcel de Itapuá y San Juan Bautista. Laura tiene otras dos hijas, de 11 y 9 años, y dos hijos de 8 y 10 años, a quienes no puede abrazar desde su detención, y con quienes solo puede comunicarse por llamadas telefónicas controladas por el servicio penitenciario.
El objetivo es claro: aislar, callar, y quebrar a Laura, la principal testigo del crimen de las niñas. Para ello le armaron dos causas y le realizaron dos juicios, el primero por “violación del deber de cuidado y/o educación, y violencia familiar” , en el que se la acusó de “llevar a las niñas para ser reclutadas por la guerrilla del EPP”, cuando en realidad la acción de Laura fue acompañar a las niñas, hija y sobrinas, para que pudieran conocer a sus padres, ejerciendo el derecho a la identidad. En el segundo juicio se la condenó por “terrorismo” y “asociación criminal”, acusada falsamente de ser la enfermera del EPP, y de llevar a las niñas para su reclutamiento.
Su hermana Myriam Villalba, nos dice: “Nuestras niñas fueron asesinadas por el Estado paraguayo. Lichita, de 14 años, se encuentra con desaparición forzada. Son crímenes que nunca se han investigado, por los cuales no se ha procesado a nadie. Ayer se cometió una aberración jurídica condenando a Laura Villalba, mamá de cuatro niños que están esperando a su mamá, hace cuatro años privada de libertad. En vez de condenar a los militares y policías que capturaron, torturaron y ejecutaron a nuestras niñas, condenan a la mamá. Esa es la “justicia” de Paraguay, que viola todos los derechos procesales, las garantías constitucionales, los tratados internacionales”.
Una causa armada
El Ministerio Público, a través de los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano, actuaron durante el juicio con una enorme violencia. No es un dato menor que el Fiscal Federico Delfino fue quien encabezó el operativo de allanamiento en el que asesinaron a Lilian Mariana y a María Carmen. Por algo ese crimen no fue investigado, y se armó este circo violentamente punitivista.
Denuncia Myrian: “Estos jueces no admitieron ningún tipo de pruebas de la defensa. En todo momento hubo una parcialidad manifiesta hacia la fiscalía. Hay que seguir adelante y hacer denuncias internacionales contra el Estado paraguayo, porque nuestras niñas murieron porque esos militares y policías cobardes de Paraguay les dispararon, las capturaron vivas, las ejecutaron. Lichita no se encuentra perdida, se encuentra con desaparición forzada. Fue vista por última vez, llevada a la fuerza por militares y policías. Pero la Fiscalía, utilizó en contra de Laura como testigos a esos militares que ejecutaron a nuestras niñas”.
Estos juicios, a la vez que establecen una condena a Laura, buscan legitimar la actuación criminal del gobierno, la justicia y las FTC. A Laura la quieren en silencio, porque en ella pretenden castigar a toda la familia Villalba, ya que varios de sus integrantes pertenecen al EPP. La vieja teoría militar de “quitarle agua al pez”, hoy se expresa en ejercer la crueldad contra las familias completas, incluidos niños, niñas, y la abuela de 82 años, Mariana, a quien quisieron detener junto a las hermanas y sobrina de Laura en Buenos Aires, por ser parte supuestamente de esa organización. Con el activo apoyo de Patricia Bullrich, en complicidad con el régimen infanticida de Paraguay, hay una campaña dirigida a quitarle a la familia Villlalba el refugio político que tienen en Argentina, para poder extraditarlas.
Laura no está sola
Los abogados de la defensa, Salvador Sánchez Ocampo, Eusebio Larrea Acosta y Arlindo Fretez Gonzalez, han hecho un trabajo esforzado para desnudar el fraude jurídico que fue este juicio, en medio de una enorme hostilidad e incluso amenazas por parte del tribunal, quien también impidió la actuación de la prensa internacional. Señala Salvador Sánchez: “Lo que tenemos que resaltar es la propia contradicción en la que caen los órganos acusadores y el órgano juzgador que es el Poder Judicial. En todo momento reconocen el ingreso de Laura y las niñas al territorio paraguayo en el año 2019, reconocen que ella estaba viviendo en la Argentina, trabajando en una clínica. Pero a la hora de dictar la resolución empiezan a vincularla con acciones del EPP desde el año 2008. Reconocen que ella no poseía antecedentes penales antes de esa causa, pero igual le ponen una medida de seguridad por su supuesta peligrosidad. En su alegato, la defensa dio detalles de todas esas contradicciones, y demostró que a pesar de la parcialidad con la que se aceptaron las pruebas presentadas por la fiscalía y se rechazaron las presentadas por la defensa, no se pudo mostrar en ninguna prueba que Laura Villalba estuviera portando armas, o participando de alguna manera del EPP. Menos aún que llevara niñas a la guerrilla.
En el juicio se violó el derecho a la defensa, y la libertad de expresión de modo rotundo, porque el objetivo era claro: legitimar el accionar criminal de las FTC, ordenadas por el gobierno y su justicia.
Todo el proceso judicial se realizó invirtiendo los lugares de víctimas y victimarios. De este modo, la mamá de una niña asesinada por la FTC, pasa a ser la criminal, juzgada y condenada. Y se genera terror, amenazando con que cualquier muestra de apoyo o solidaridad, que exija justicia para las niñas y aparición con vida de Lichita, puede ser considerado “complicidad” con la estructura del EPP.
La ausencia de cualquier consideración humanitaria y de justicia, fue evidente a lo largo del juicio. Pero lo que el sistema criminal no está registrando, es que sosteniendo estas prácticas fraudulentas, se profundiza su ilegitimidad. La condena es legal, pero no es legítima. Termina Myriam: “Estos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Alguna vez el Estado paraguayo tiene que pagar, tiene que ser responsable y castigar a los verdaderos culpables, a los autores morales y materiales del crimen de nuestras niñas. Pido a todas las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones feministas, a las organizaciones de izquierda, a las organizaciones de Argentina, un pueblo tan solidario que tanto tiempo nos abrazó, que se pronuncien sobre esta aberración jurídica. No podemos quedar indiferentes”.
Laura no está sola. Las niñas no son olvidadas. A Lichita la seguimos buscando. La libertad de Laura y la de Carmen (que ya cumplió su condena), más temprano que tarde, será un grito ensordecedor que llegue desde distintos territorios, sacudiendo las conciencias adormecidas, hasta un pueblo que tiene coraje y sabrá levantarse de todas las heridas.
