El Senado aprobó el jueves la polémica Ley de Riego, que puede tener graves consecuencias ambientales
21 de Octubre de 2017
Cientos de uruguayos se sumaron a la IX Marcha nacional en defensa del agua, la vida y los bienes naturales que este viernes recorrió las principales calles de Montevideo. Durante la marcha las organizaciones ambientalistas expresaron su rechazo a la Ley de Riego que, según afirmaron, busca privatizar el control del agua.
El Senado aprobó el jueves la polémica Ley de Riego, que según organizaciones y científicos puede tener graves consecuencias ambientales.
La Asamblea Nacional Permanente (ANP), que agrupa varios colectivos sociales y medioambientales, organiza hoy la IX Marcha Nacional en defensa del Agua, la Tierra y los Bienes Comunes. La marcha parte desde las 17 horas desde la explanada de la Universidad hasta la Plaza Independencia. Habrá cuerda de tambores durante el recorrido.
La ANP invita a ciudadanos en general interesados por el medioambiente a concurrir a esta manifestación, que en su convocatoria anuncia que se opone al fracking, al monocultivo, a las plantas de celulosa, a la megaminería y a los «puertos del saqueo». Tiene el valor agregado de realizarse un día después de que el Senado ratificara una ley contra la que se pronunciaron tanto organizaciones sociales como científicos: la Ley de Riego.
El proyecto de ley, redactado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) pero modificado luego con el acuerdo del Frente Amplio y la mayoría de la oposición, tiene como objetivo «el incentivo del desarrollo del riego en el Uruguay».
En ese marco, apunta a fomentar el establecimiento de nuevos sistemas de riego como los embalses, habilitando que inversores privados ajenos a la producción rural puedan invertir en ese tipo de emprendimientos. Por ese motivo, sus detractores han considerado que se trata de la «privatización del agua de riego».
A nivel ambiental puede tener otras consecuencias, advertidas ya por científicos del país. Meses atrás, el ministro Tabaré Aguerre dijo que actualmente «sobra el agua» en Uruguay, pues llueven 1.300 litros de agua por metro cuadrado al año, de los cuales 500 litros fluyen por las cañadas y los arroyos y terminan en el océano Atlántico, donde se mezclan con agua salada. Por lo tanto, el proyecto propone realizar embalses y almacenar el agua para desde allí regar.
Un informe de la Sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, realizado por siete especialistas, asegura que el proyecto no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala. El agua «no sobra», indican los científicos, sino que «es parte del ciclo hidrológico natural, y como tal cumple diversas funciones relevantes en los ecosistemas».
Recuerdan que las represas «interrumpen el curso de los ríos, transformando sistemas lóticos (ríos) en lénticos (lagos)», con lo que «se pierde la biodiversidad fluvial». Además, la construcción de represas «implica transformar sistemas terrestres en acuáticos, con la consiguiente pérdida de biodiversidad de flora y fauna, y de hábitats terrestres».
Lo más preocupante de este informe, sin embargo, es el posible efecto de estos embalses en el desarrollo de las cianobacterias. » Si el agua represada trae consigo una carga importante de nutrientes proveniente de la fertilización agrícola excesiva, como está sucediendo en varias zonas del país, se incrementarán los procesos de eutrofización en el embalse», indican los especialistas.
Estos factores «aumentan el riesgo de que se desarrollen floraciones algales y de cianobacterias potencialmente tóxicas». «El país ya está sufriendo estos fenómenos en lagunas, embalses y ríos, algunos de los cuales sirven de fuente de agua potable. Este riesgo se ve magnificado cuando los cursos de agua a embalsar se encuentran en cuencas particularmente fértiles y bajo una intensa actividad agrícola».
20 • oct. • 2017
La Cámara de Senadores no dejó pasar ni un día para ratificar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y aprobar definitivamente la ley de riego. Fue el miércoles de tarde; el tema se incorporó a último momento en el orden del día y la sesión no tuvo repercusión pública. Los senadores frenteamplistas Constanza Moreira y Marcos Carámbula pidieron que se postergara el tratamiento de la iniciativa, pero el resto de la bancada frenteamplista se inclinó por aprobarlo de urgencia.
Entre otras disposiciones, la iniciativa modifica la composición de las sociedades agrarias de riego, habilitando la incorporación de inversores externos a la producción, y crea la figura del operador de riego, que podrá vender agua a los productores. En defensa de la ley hablaron el senador colorado Pedro Bordaberry, el nacionalista Álvaro Delgado y los frenteamplistas Daniel Garín y José Mujica, el primero ex subsecretario de Ganadería y el segundo ex ministro de Ganadería, ambos del Movimiento de Participación Popular. Garín destacó que la iniciativa cuenta con los votos de todos los partidos políticos y estimó que será “una importante contribución al aumento de la producción agropecuaria”, poniendo “en valor el agua”. Delgado consideró que la ley “se queda corta” y que debería haber incorporado más incentivos fiscales.
Mujica, en tanto, comenzó afirmando que “es imposible convencer a quien no se quiere convencer”, sin aclarar si se estaba refiriendo a sí mismo o a quienes se oponen a la ley de riego. “Este proyecto intenta arrimar alguna herramienta para que se utilice un poco más esa inmensa cantidad de agua que se va al mar y que, por lo tanto, no está disponible, y hay que hacer algunas obras para detener algo”, argumentó.
La senadora nacionalista Carol Aviaga fue la única legisladora que votó en contra de la iniciativa. Sostuvo que el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo facultades excepcionales para habilitar que fondos y capitales extranjeros tengan dominio sobre el agua. “Es una ley que está direccionada hacia el agronegocio, privatiza el agua y no tiene en cuenta que no sólo es un recurso productivo, sino que esencialmente es un bien fundamental para la vida. Este proyecto avanza hacia la creación de un mercado del agua. Habilita la posibilidad de crear grupos financieros que controlen el agua del país”, denunció la legisladora. Agregó que esta situación “amenaza a la calidad del agua y el funcionamiento de los sistemas hídricos”, y que el modelo que subyace en la ley de riego “no sólo contradice el principio de gestión sustentable, sino que desconoce y pone en riesgo la prioridad del uso de agua dulce para potabilizar”. La senadora cuestionó que no se haya tenido en cuenta la opinión de científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que advirtieron sobre los efectos de esta iniciativa en materia ambiental.
La ley de riego establece que para otorgar permisos se deberá tener en cuenta el “caudal ecológico”, para que el uso de agua para riego no afecte otros usos, como el consumo humano o la recreación. Tanto Aviaga como Moreira advirtieron que este concepto de “caudal ecológico” no está definido. “No se puede otorgar permisos sin esta información y sin estos estudios”, remarcó Aviaga.
Mujica les dijo a las legisladoras que debían “confiar en los organismos del país”, porque “no somos tan primitivos, existe información para promediar el caudal ecológico”. Moreira propuso conformar un grupo de trabajo “que evalúe paso a paso las consecuencias” de esta política.
Qué previa
La aprobación de la ley de riego se produjo en vísperas de la IX Marcha Nacional por la Vida y en Defensa de los Bienes Naturales, organizada por la Asamblea Permanente (ver recuadro). Los grupos que organizan la marcha ya adelantaron la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.
Carmen Sosa, integrante de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), dijo a la diaria que la aprobación de la ley es un “golpe duro” y que el sindicato y la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida analizarán las acciones a tomar, entre ellas, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. “Es una ley absolutamente inconstitucional, que agravará el tema de la eutrofización y afectará la potabilización, y que crea un mercado del agua, algo que está prohibido por la Constitución”, sostuvo.
Álvaro Jaume, uno de los organizadores de la marcha de hoy, dijo ayer a Radio Uruguay que se emprenderá “una campaña contra la constitucionalidad de esta ley”.
Por otra parte, ya hace tiempo que Redes-Amigos de la Tierra anunció que pretende presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. Redes entiende que la posibilidad de que las corporaciones les vendan el agua a los productores viola el artículo 47 de la Constitución, que establece que las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público. Además, le preocupa el impacto ambiental de la construcción de embalses en diferentes zonas del territorio, dijo a la diaria María Selva Ortiz, integrante de la organización.
Motivos para marchar
La Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales realizará hoy la IX Marcha Nacional “Por la Vida”. A las 17.30 habrá una concentración en la Explanada de la Universidad, desde donde partirá la marcha a las 18.30 hasta la plaza Independencia. La convocatoria apunta a la defensa del agua “como un elemento necesario e indispensable para la vida”. “El gobierno pretende privatizar el control del agua”, sostiene. La movilización también se lleva a cabo en contra del monocultivo de soja y de eucaliptos, de la nueva planta de celulosa de UPM y de la utilización de agrotóxicos. Se rechaza un modelo de agronegocio que beneficia “al gran capital, que contamina cultivos criollos y destruye la apicultura”, y que es “incompatible con el modelo de producción de alimentos sanos”.
