Mal viaje
Quince días después de un comienzo largamente anunciado, la venta de marihuana en farmacias comenzó a desbarrancarse a partir del veto impuesto por el sector financiero. El riesgo de que así sucediese, analizado hace alrededor de un año por el directorio del Banco República, no fue explicitado por las autoridades ni determinó acciones que lo conjurasen.
Salvador Neves/Betania Núñez
Brecha, 24-8-2017
Entre los farmacéuticos del Interior circula la hipótesis de que algún colega poderoso a nivel nacional compra a muy buen precio más medicamentos de los que necesita para atender a su clientela y los vuelca a los canales de distribución que surten al comercio minorista. “Hay distribuidoras que conforme te descargan unos litros de aceite, unos quilos de yerba o de harina, te bajan los analgésicos. Así que no es que tengamos cinco farmacias en el pueblo, tenemos quinientas contando los almacenes, supermercados y quioscos. Día que pasa es día que vendemos menos. Entonces la decisión de plegarnos a la venta de marihuana fue fundamentalmente comercial. Si a vos vienen y te dicen ‘mirá que vamos a vender cannabis y habrá que cumplir toda una cantidad de requisitos para participar’, vos pensás ‘bueno, acá no voy a tener competencia’”, explicó a Brecha Miguel Taberne, representante de la Asociación de Farmacias del Interior.
Pero esta vez no fueron los competidores locales los que amenazaron el negocio. El sistema financiero uruguayo anunció que cerrará las cuentas bancarias de las farmacias que venden marihuana legal, y Taberne bajó el lunes de Trinidad a la capital para participar de una conferencia de prensa convocada junto al Sindicato Médico del Uruguay, Proderechos, Aebu, el Pit-Cnt y tres ex presidentes de la Junta Nacional de Drogas para presentar una iniciativa ciudadana ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Los convocantes demandan que la entidad establezca que la actitud atenta contra derechos y libertades constitucionales, “viola la seguridad y los derechos de más de 20 mil ciudadanos y ciudadanas que, acatando la ley, se han registrado”, y por tales razones emita una recomendación para que el Poder Ejecutivo encuentre una solución al bloqueo financiero.
El bloqueo ya hizo desistir a una de las cuatro farmacias montevideanas involucradas en el mecanismo de distribución, seguramente desestimule a las 20 que habían manifestado su intención de sumarse y vuelve improbable que en el Interior se arriesgue a hacerlo alguien más que los actuales 12 apóstoles. Para atreverse a vender “hierba” fuera de la capital “tenés que tener un carácter muy especial. No hay lugar donde vayas que no se saque el tema este. Sea un cumpleaños, un partido de fútbol, sea que te sientes en la plaza, el asunto es si vendiste o no vendiste. Y ahora está la broma de: ‘Che, te cerraron el banco’”, refirió Taberne.
Hasta la noche del lunes ninguna botica del Interior había tenido problemas con los bancos. “Ahora me llegó el whatsapp de una farmacia de Artigas a la que el Bandes intimó a cerrar su cuenta”, informaría Taberne al semanario a la tarde siguiente. “De donde menos esperás el palo es de donde lo recibís”, barruntaba.
Hace sólo un mes el mundo parecía otro mundo. El mismo periodista que tres años atrás había anunciado en Brecha la aprobación de la ley que reguló el mercado del cáñamo, el 18 de julio pasado informaba en el New York Times que al día siguiente comenzaría finalmente la venta al público. “El porro de la farmacia pega”, notició ese viernes este semanario. Sumando las tres vías de acceso que quedaban habilitadas (autocultivo, clubes y farmacias), contando sólo los 5 mil usuarios que se habían registrado a esa altura, se le estaba arrebatando al narco el 38 por ciento del mercado (medido en toneladas) o el 42 (haciéndolo en cantidad de clientes). Esta ley “será el golpe de gracia a este mercado del narco”, declaraba para esa nota Julio Calzada, ex presidente de la Junta Nacional de Drogas.
Quince días después se supo que había caído la primera cuenta. La cerró el banco Santander. Ese 3 de agosto El Observador informó también que el Itaú ya venía cortando lazos con productores, clubes y farmacias. Fuentes del semanario confirmaron que el principio del episodio estuvo en una advertencia que el Scotiabank, corresponsal del Santander en Estados Unidos, había hecho al banco español. Como la marihuana sigue siendo una sustancia prohibida para la ley federal estadounidense, el Scotia no podía mantener la corresponsalía con el Santander mientras siguiese alojando cuentas vinculadas a la sustancia.
En los días siguientes se divulgó que el Banco Central estaba intentando convencer a las autoridades financieras de Estados Unidos de que hicieran una excepción con Uruguay, pero a esa altura el Bank of América ya había comunicado a su corresponsal uruguayo, el Banco República, lo mismo que el Scotia al Santander. La conclusión a la que llegaban los representantes de la Asociación de Farmacias que se reunieron el jueves 17 con el presidente del Central, Mario Bergara, fue que la suerte de su existencia financiera dependía de que el gobierno estadounidense cambiara sus leyes. “La institución no mantendrá relaciones comerciales con las farmacias autorizadas a vender marihuana”, había declarado en la misma jornada el presidente del Brou.
La amenaza era seria, sin duda. Que el sistema financiero uruguayo fuera considerado tóxico por su par estadounidense no sólo bloquearía sus relaciones con ese mercado sino con los de todo este mundo, pues no hay ninguno en él que quiera privarse de mantener relaciones con Wall Street. Ninguno de los estados de la Unión que han venido legalizando la sustancia tenían para ofrecer otra cosa que la incertidumbre compartida acerca de cómo terminarán tratando a la marihuana legal las autoridades financieras estadounidenses. Hezekiah Allen, que tiene una pequeña plantación de marihuana medicinal al norte de California, entierra su dinero “a 15 pasos del roble”, y una encuesta reciente de la Asociación de Productores de Cannabis de ese estado encontró que la tercera parte de sus miembros no tiene cuenta bancaria y que el cuarto restante ha soportado que se las cierren al menos dos veces a lo largo de su carrera, aseguraba este 18 de febrero una nota del The San Diego Union Tribune (véase recuadro “En la cuna del lío”).
Pero pronto empezó a saberse que las autoridades conocían desde bastante antes el riesgo existente. El experto en lavado de activos Ricardo Sabella lo había señalado desde fines de 2013. Una nota de El Observador de noviembre de 2016 trasuntaba que el gobierno estaba discurriendo acerca del punto. Brecha pudo saber que en torno a esas fechas el asunto estuvo “sobre la mesa” del directorio del Banco República. Su inclusión en el orden del día lo motivó un informe de asesoría presentado al organismo, presumiblemente originado en inquietudes de la gerencia de la sucursal del banco en Nueva York, que ya sentía el peligro. Pero además el Brou ya había cerrado antes otras cuentas bancarias vinculadas al cannabis. “El tema viene desde hace unos seis meses y ha afectado incluso a empresas que realizan investigación científica, un uso que está reconocido por las convenciones internacionales. Hay una persecución indiscriminada”, aseguró Sebastián Sabini, diputado del Mpp.
Las reacciones
“Acá está lleno de pechos fríos”, es la versión apretada de la evaluación que Milton Romani hizo para Brecha de lo sucedido. “Aceptemos que es un tema difícil. Por ahí no estaba previsto en todas sus dimensiones, pero lo que no podés prever, lo que no podés admitir, es que los bancos no cumplan la ley”, alegó. “¿Cómo hacía el Uruguay soberano para cumplir sus compromisos comerciales con Irán o con Cuba cuando estos países sufrían restricciones? En los peores momentos les seguimos mandando arroz. No sé, por lo menos salí a jugar, salí a trancar, tomá una iniciativa”, reclamó el ex secretario de la Junta de Drogas, quien cree que alcanzan los motivos para confiar en las posibilidades de esta tesitura: “Tenemos excelentes negociadores en Washington, y Uruguay tiene un enorme prestigio por los mecanismos de control de lavado que se desarrollaron para combatir el imperio de las Safi que era este país. ¡Que no me venga ahora el banco Santander, que tuvo que pagar multas en Argentina y en Brasil por lavar dinero, a cerrarme la cuenta de la farmacia Pitágoras! Si hay algún país que tiene un modelo que asegura la trazabilidad de la marihuana es Uruguay”, afirmó. Romani acepta que “la rigidez mental ante el tema de las drogas” determina niveles de resistencia inconcebibles, pero duda de que ésta pueda sostenerse ante el hecho de que California, séptima economía del mundo, ya legalizó, y de que Canadá lo hará a partir del 1 de julio de 2018. “Quiero saber hasta cuándo los corresponsales seguirán sin ver que el flujo de dinero de la marihuana legal tiene menos riesgos y muchos más atractivos que lavar dinero del narcotráfico”, aseguró, y, visto este contexto, apuntó que aunque no sabe “si las autoridades financieras están haciendo o no lo suficiente”, el hecho es que “no se nota”.
“Si no pueden encontrar una solución que se vayan y que venga gente capaz de encontrar una salida”, le recriminó el senador José Mujica al Ejecutivo, y volvió a aparecer en todos los titulares nacionales y a ser noticia en el mundo. Luego de amenazar con trancar la aprobación de leyes a consideración del Senado –“Si esto queda trancado, queda trancado el Parlamento”–, el presidente Tabaré Vázquez no tuvo más remedio que darle “toda la razón del mundo” por su defensa de la ley, “de la misma manera que la defiende este gobierno”.
Pero más allá de las declaraciones públicas, desde el propio oficialismo se pone en duda la voluntad política del Ejecutivo para hacer cumplir la ley. La pregunta que se hacen los legisladores es cómo (“¡Cómo!”) a menos de un mes de comenzar la venta, luego de dos años de negociaciones entre el gobierno y las farmacias, el Brou tomó una decisión que podría generar similares efectos a la derogación de la ley.
En esos términos se expresó Sabini: “Se está derogando indirectamente la ley” y hay que generar “voluntad política para solucionar este problema, en el que se juega la viabilidad del proyecto”. Repasando los antecedentes, Sabini consideró que “la instrumentación de la venta en farmacias ha sido muy lenta, y muy lento se ha ido con el cannabis medicinal y el desarrollo del conocimiento científico. Ha habido una falta de audacia para avanzar en algo que es innovador y que está dando buenos resultados”. Si el problema actual se tratara de defectos en la ley, el diputado adelantó que “se harían los cambios que hagan falta, pero hasta ahora lo único que hay es una decisión (del Brou) por un planteo que viene desde Estados Unidos, y lo que tenemos que hacer valer son las leyes de Uruguay”.
Porque comparten ese análisis, los legisladores de la 609 solicitaron que se convoque a las autoridades del Brou, del Banco Central y de la Junta Nacional de Drogas a la bancada del Frente Amplio, ya que son funcionarios que ocupan cargos políticos de confianza y hasta el momento no han rendido cuentas a su fuerza política.
“El Brou es una institución dirigida por cargos políticos de confianza” y las autoridades “están puestas por nosotros, por todos nosotros. ¿Cómo tomaron una decisión que no tiene el respaldo político del Frente Amplio? ¿Quién la tomó, en función de qué? Pido transparencia”, dijo la senadora Constanza Moreira. El tema “se ha manejado horrible. Esto nunca estuvo sobre la mesa, que no me vengan a decir que lo habían advertido (como dijo el presidente del Banco Central, Mario Bergara). No, no, no: jamás estuvo presente que se iban a tomar medidas restrictivas”, aseguró, y se preguntó cómo es posible que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sostenga que no estaba al tanto de esta situación: “Los bancos dependen de él, y el Poder Ejecutivo tiene que tener una sola voz en esto, no puede ser que la Junta Nacional de Drogas diseñe esta política y el Ministerio de Economía no la respalde. El banco público tiene que tomar las políticas que nosotros decidimos, no está para aplicar las políticas de Estados Unidos. Si nosotros no podemos domar a nuestros propios bancos, ¿entonces qué?”.
La senadora recordó que en este momento se cuestiona la obligatoriedad de la inclusión financiera, ley que afectará duramente a las farmacias si se quedan sin cuentas bancarias, “y vamos a defenderla sólo si sirve al proyecto nacional. Tienen que cambiar la decisión, no encontrar una solución parche. Y si no, no van a encontrar respaldo en el sistema político para defender la inclusión financiera, así de simple. Si la banca no responde a los propósitos políticos, ¿a qué responde? Yo estoy indignada”.
Con “parche” Moreira se refiere a las alternativas que está explorando el Ejecutivo para lograr que el dinero que las farmacias recauden por la venta de cannabis no ingrese al sistema financiero (véase recuadro).
Pero por ahora ni siquiera se arriesga cuánto tiempo demorará el Ejecutivo en encontrar esa salida que exigió Mujica y ahora también demandan las organizaciones y los legisladores. Ante las preguntas de Brecha, las autoridades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, la Junta Nacional de Drogas y el Banco Central se negaron a dar “una línea de tiempo precisa” y a hacer cualquier tipo de declaración. En este sentido, para el diputado del Partido Socialista Gonzalo Civila “faltó previsión” y “debemos buscarle una solución rápida para no convertir una conquista en una derrota. A esta altura no es sólo una necesidad para la aplicación de la ley, sino también una cuestión de soberanía”. Mientras tanto, la temprana crisis que enfrenta la venta de marihuana va envolviendo en otra, esta vez política, al propio partido de gobierno
La actitud de Estados Unidos frente al negocio interno
En la cuna del lío
Jorge Bañales
Brecha, 24-8-2017
En Estados Unidos el comercio de marihuana, ya sea con fines medicinales o recreativos, está legalizado en 29 estados y en el distrito de Columbia bajo leyes estatales, pero sigue siendo ilegal para las leyes federales. Y, al igual que en los casos de la producción, comercio y consumo de drogas ilegales y la prostitución (ilegal en todos los estados excepto Nevada), quienes participan en el negocio se enfrentan a la paradoja de que deben pagar impuestos pero no tienen acceso fácil al sistema bancario.
El negocio hace circular unos 6.700 millones de dólares al año y se calcula que para 2021 el giro rondará los 21.000 millones. Un informe de New Frontier Data señala que la industria de la marihuana creará un cuarto de millón de empleos para 2020, que es más de lo que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos espera de las industrias manufactureras, empresas de servicios públicos o gobiernos estaduales y municipales en todo el país. Se calcula que la industria crecerá a una tasa anual del 17 por ciento.
Se espera que el estado de California colecte anualmente 1.000 millones de dólares en impuestos sobre la venta de cannabis una vez que se abran los dispensarios de marihuana recreacional en 2018.
Pero, en virtud de las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos (Irs), y dadas las dificultades para abrir cuentas bancarias, quienes participan en el negocio legal de la marihuana deben pagar sus tributos, según la sección 280E del Código Impositivo Federal, en efectivo. Y en las oficinas del Irs los empleados tienen que contar ese dinero.
Tal ha sido el volumen de contribuciones que el Irs tuvo que incrementar la vigilancia armada y su capacidad para contar billetes en las oficinas de Seattle (Washington) y Denver (Colorado). En este último estado el tributo marihuanero superó los 670 millones de dólares.
La carencia de servicios bancarios crea dificultades enormes en las operaciones cotidianas de los comerciantes de marihuana, que en muchos casos deben contratar los servicios de transportes blindados, con guardias armados, para efectuar sus negocios y pagar impuestos.
En abril el representante demócrata Ed Perlmutter, de Colorado, presentó un proyecto de ley que permitiría que los bancos den servicios a los negocios relacionados con la marihuana sin temor a sufrir penalidades por parte del gobierno federal.
Los riesgos de vincularse con este negocio son mucho mayores para los grandes bancos de Estados Unidos, como el Bank of America o Citicorp, y han sido hasta ahora los bancos menores y las cooperativas de ahorro y crédito los que han provisto algunos servicios.
Otra opción que se estudia en varios estados es el establecimiento de bancos públicos. En Estados Unidos hay uno solo, el Bank of North Dakota, creado en 1919 para atender las necesidades de los agricultores y otros residentes con dificultades para operar en bancos comerciales. Sus transacciones están respaldadas por el estado, en lugar de la Corporación Federal de Seguros de Depósito, lo que significa que no están sujetas a regulaciones federales.
En California, el Banco de Oakland y la ciudad de Los Ángeles consideran la posibilidad de crear bancos administrados por la municipalidad.
El gobierno de Barack Obama adoptó una política de “mirar para el costado”, enfocando la acción policial en la producción, tráfico y venta ilegales de marihuana, pero ha habido indicios de que el gobierno del presidente Donald Trump, por medio del secretario de Justicia, Jeff Sessions, podría aplicar estrictamente las leyes federales.
El ex gobernador de Minnesota Jesse Ventura advirtió que si Trump va contra las leyes estatales sobre el cannabis “arruinará, si no empuja a la bancarrota, a los estados que han legalizado la marihuana. Esto iría no sólo contra la gente que votó para legalizar la marihuana, sino que causaría otro colapso económico”.
El “estratega político” conservador Roger Stone, que al igual que Ventura es un aliado de Trump, anunció en junio que formaría “una coalición de republicanos y demócratas, progresistas y libertarios, liberales y conservadores para recordarle al presidente que mantenga sus promesas de campaña, cuando tomó una posición clara y directa sobre este asunto”.
Durante la campaña en 2016 Trump dijo que la legalización de la marihuana debería ser objeto de leyes estatales, pero desde que asumió la presidencia se ha mostrado ambiguo sobre el asunto.
La legalización, y la necesidad de regulaciones bancarias que normalicen el negocio, son a esta altura asuntos que han pasado a segundo plano en el caos que es la presidencia de Trump.
Ello no quita que el presidente, quien cada semana encuentra un lío nuevo para mantener distraída la atención pública mientras avanza lenta y metódicamente la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, decida pescar del remolino la controversia sobre la marihuana.
Alternativas en danza
Más allá del hermetismo del Ejecutivo, las opciones que se manejan para esquivar al sistema financiero internacional van en la línea de apelar a las cooperativas de intermediación financiera, o que el Estado monte una estructura para administrar directamente el dinero que surja de la compra-venta de cannabis.
Esta última estrategia fue aportada por el consultor en prevención y gestión de riesgo de lavado de dinero Ricardo Sabella: la estructura involucraría a una o más instituciones del Estado e implicaría que los usuarios compraran el cannabis en las farmacias a través de cupones o dinero electrónico. Esos pagos, que quedarían dentro de la órbita de instituciones públicas y no de los bancos, se utilizaría para que las farmacias salden sus impuestos (con la Dgi, el Bps y/o las intendencias), además de cubrir sus gastos en servicios públicos (como Ose, Ute y Antel).
En la misma línea, el senador oficialista Rafael Michelini propuso que los compradores paguen el cannabis en redes de cobranza, de las que obtendrían un “papel” que entregarían a las farmacias. Esos cupones serían utilizados por las farmacias para abonar el cannabis que reciben de los productores, y con el sobrante deducirían impuestos, por ejemplo de la Dgi.
Si bien esta segunda opción sería más simple, porque el Estado no debería montar una estructura que administrara el dinero, Sabella sostiene que cualquier camino que implique abonar el cannabis en una red de cobranza no soluciona el problema, porque tanto Abitab como Red Pagos depositan el dinero en cuentas bancarias.
“Hay muchas metodologías que se podrían diseñar para implementarlo, el tema es a cuántas instituciones del Estado se quiere involucrar, qué tan centralizado o descentralizado sería el modelo, lo que implica tener conversaciones con esas instituciones. Además implica toda una estructura de controles para mantener ese dinero lo más separado posible del sistema financiero. Hay que ver también si a las farmacias les convence, porque tal vez preferirían manejar ese dinero en efectivo, lo que sería otra posibilidad”, explicó Sabella.
Aun así, los corresponsales de los bancos podrían plantear reparos. En ese sentido, Sabella dijo que su solución debe ser conversada con los corresponsales, “porque aunque el dinero lo administre el Estado, si toca una caja de seguridad, un cofre fort, siempre hay algún tipo de vínculo con el sistema financiero”. Por su parte, Michelini sostuvo que “el problema va más allá de lo financiero. Los bancos no quieren tener nada que ver con cuentas de empresas que comercializan marihuana, aunque el dinero de la venta de cannabis no pase por los bancos. El Ejecutivo está muy, muy limitado por las cuestiones internacionales. Ese es el problema que tenemos”.
Como advirtió el secretario general de Aebu (sindicato de empleados bancarios) Fernando Gambera, en la conferencia de prensa del lunes, “normalmente cuando la cosa es de un débil ante un fuerte lo que tenés que tratar de tener es un paraguas”. Por eso el sindicalista cree que “mientras se producen los cambios de largo plazo Uruguay debe abrir una negociación que desde el comienzo le dé cobertura a los bancos para operar con cualquier farmacia”, según replicó a quienes insistían sobre si se podía hacer algo sin viajar a Washington.
