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A pesar de las cifras oficiales, los economistas asumen que el desempleo real ya alcanzó el número más alto de los últimos años. En el primer semestre, más de 250 mil trabajadores pasaron por algún tipo de seguro de paro, alrededor de 20 mil fueron despedidos y cerca de 400 mil informales esperan, como pueden, la reapertura económica. Se estima que, al finalizar el año, decenas de miles pasarán a engrosar las cifras del desempleo, mientras el BPS proyecta un déficit cercano a los 650 millones de dólares para 2020.
Venancio Acosta
Brecha, 31-7-2020
Esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió las cifras de desempleo de mayo de este año. El número –9,7 por ciento– resultó ser idéntico al del mes precedente, con lo cual, en apariencia, la cantidad de desempleados continuaría estable a pesar del freno brusco de la economía. En rigor, nada de esto es así.
La medición del desempleo es realizada a través de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) según parámetros consensuados a nivel internacional, para los cuales un desempleado es aquel que declare no haber trabajado en la última semana y, a la vez, responda que se encuentra buscando trabajo. De lo contrario es categorizado como «inactivo». Es parecido, pero no lo mismo.
Del total de la población en edad de trabajar, hubo en mayo más de 1 millón y medio de personas que fueron calificadas por la encuesta como población económicamente activa, es decir, personas que forman parte de la oferta y la demanda del mercado de trabajo. El 90,3 por ciento se categorizó como ocupada y el 9,7 como desocupada (unas 165 mil personas): de ahí la cifra del desempleo. Según algunos economistas consultados por Brecha, existen, empero, circunstancias puntuales –vinculadas con la pandemia– que permiten pensar que el número es mayor.
El primer elemento tiene que ver con las personas que cayeron en el seguro de desempleo. Dentro de la categoría de ocupados, el INE destaca la situación de los ocupados ausentes: aquellos que, sin estar trabajando, igualmente mantienen un vínculo formal con su trabajo. En mayo, los ausentes representaron un 16 por ciento de la población ocupada. Del total de ausentes de mayo, 41 por ciento contestaron que no estaban yendo a trabajar por encontrarse en seguro de desempleo. El resto se encontraba ausente por razones vinculadas a la pandemia, por licencias, entre otros motivos. Tampoco buscaban trabajo y, en su mayoría, no tenían la certeza de ser reincorporados.
El segundo elemento tiene que ver con el número de trabajadores que, aun sin trabajar, directamente no buscaron trabajo por razones relacionadas con la situación sanitaria; por ende, no calificaron como desempleados. Del total de la población en edad de trabajar, hubo más de 1 millón de personas calificadas como población económicamente inactiva. Entre ellas, hubo 91 mil que declararon estar disponibles para trabajar. Pero, por ejemplo, un 36,2 (algo más de 30 mil) dijo que no buscó trabajo «por la coyuntura de la pandemia». En otras circunstancias, contarían también como desempleadas.
En diálogo con Brecha, el economista Matías Brum, del Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de la República, hizo referencia a un tercer elemento en juego: el hecho de que la ECH, en virtud de la pandemia, pasó a ser telefónica. «Todavía no sabemos en qué medida ese elemento puede estar sesgando los datos», dijo, aludiendo al hecho –advertido por el propio INE– de que el procedimiento puede afectar la representatividad de la muestra.
Presagios y apuestas
Brum valoró que con estimaciones de contracción del PBI que van del 4,1 (Centro de Investigaciones Económicas) al 5 por ciento (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) es difícil no esperar que el empleo se vea afectado directamente: «Eso por algún lado va a pegar: la economía va a ajustar por los métodos formales, a través de los consejos de salarios, y por métodos informales. Los laburantes informales no van a ver un mango».
Teniendo en cuenta lo anterior, lejos (muy lejos) del 9,7 difundido por el INE, varios son los actores políticos que han arriesgado porcentajes que superan con creces esa cifra. El presidente del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Fernando Pereira, ha insistido con que el número podría sobrepasar el 16 por ciento. El mismo número fue manejado, por ejemplo, por Daniel Porcaro –representante de la cámara que aglutina empresas de la salud privada–, quien se mostró temeroso de una pérdida de 130 mil afiliaciones al Fondo Nacional de Salud. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, por su parte, aventuró esta semana que la cartera maneja un porcentaje de «alrededor del 14 o 15» por ciento.
Mientras tanto, la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) informó que –de enero a los últimos días de julio– 270 mil trabajadores pasaron por algún tipo de seguro de desempleo. Hasta febrero, el número se mantuvo estable (48 mil), pero desde marzo la cantidad se disparó alcanzándose un pico de aproximadamente 193 mil en mayo, que luego comenzó a bajar hasta alrededor de los 135 mil de julio. La situación de quienes se encuentran cubiertos durante el paro es sumamente dinámica (algunos vuelven a trabajar, otros no, unos cambian de modalidad, otros continúan cumpliendo los meses reglamentarios, a otros se les renuevan las solicitudes, etcétera). En tanto, cerca de 25 mil ya fueron directamente despedidos.
«Si se compara la tasa de empleo del trimestre de marzo a mayo con el mismo período del año pasado, se perdieron unos 100 mil puestos de trabajo. En los cinco años previos se habían perdido unos 53 mil», dijo al semanario Hugo Bai, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Según el economista, aproximadamente un 80 por ciento de los trabajadores que perdieron el empleo durante la pandemia son informales. La caída interanual referida por Bai, sin embargo, no toma en cuenta qué puede pasar con las decenas de miles de trabajadores que fueron al seguro durante el mismo período.
«La primera incertidumbre que tenemos es la velocidad con la que este proceso de normalización se va a consolidar. Hoy en día, situación sanitaria de por medio, es difícil saberlo. Y la segunda tiene que ver con los cambios que se están procesando sobre todo en aquellos sectores que son proclives al teletrabajo. Es posible que, aun en una situación de normalización, el año que viene encuentres que, en algunos casos, el empleo se va a recuperar en menor medida que en otros». Las dos incertidumbres fueron planteadas a Brecha por el economista Gabriel Oddone, integrante de la consultora CPA Ferrere.
A principios de junio, la consultora realizó proyecciones sobre los datos de desempleo del INE. Estimaron que la recuperación, que podría comenzar en el tercer y cuarto trimestre del año, arrojará una pérdida de unos 50 mil puestos de trabajo, con una tasa de desempleo del 15 por ciento. La estimación detalla: «Entre marzo y abril se perdieron 100 mil puestos en total; en junio se habrían recuperado unos 10 mil puestos y en el tercer trimestre se recuperarían unos 40 mil». Según la consultora, la caída del empleo se concentrará en Montevideo y la zona costera, y afectará principalmente a los rubros del turismo y el comercio, sin consecuencias graves para el sector agropecuario. Oddone estima una caída de la economía cercana al 6 por ciento, lo que le permite concluir: «No veo perspectivas favorables a la recuperación del empleo. Vamos a pasar un año o un año y medio con el empleo muy afectado. Es el telón de fondo de lo que sucedió con los consejos de salarios y va a ser el principal tema económico en este período de gobierno».
«Mientras Mieres siga firmando extensiones de seguros de paro, vamos a seguir viendo tasas más bajas de desempleo oficial. Pero si me das a elegir, prefiero que Mieres firme todas las extensiones del mundo antes que cierre la canilla», afirmó uno de los economistas consultados por el semanario. En efecto, esta semana el propio ministro asumió que «todos los días» está firmando solicitudes de extensión de seguro de paro. Al mismo tiempo, el BPS divulgó en estos días el dato de que se llevan gastados 537 millones de dólares en el curso de la pandemia. Al margen de esta cifra –que sería cubierta por el Fondo Coronavirus– esta semana la gerencia del banco proyectó una asistencia financiera de Rentas Generales de 648 millones de dólares para 2020. Según el presupuesto aprobado por el directorio, este déficit será un 12 por ciento mayor el año que viene.
