La fiscalía del despojo
En la capital mexicana ya no hace falta una sentencia judicial para vaciar una vivienda. Desde 2016, la fiscalía ambiental ganó potestad para investigar las denuncias por despojo de inmuebles en la capital y usó ese poder para expulsar vecinos sin permitirles defenderse y entregar sus casas al capital inmobiliario.
Eliana Gilet/Ernesto Álvarez/Quinto Elemento Lab, desde Ciudad de México
Brecha, 31-3-2023
Cuando escuchó las patadas en la puerta se alarmó y miró la hora: pasaba las once de la mañana. Abrió la puerta y dos policías de investigación encapuchados entraron a la sala, apuntando a su mujer y a su hijo. Se metieron al apartamento, gritando que de una vez les dijeran dónde estaban las armas, las drogas. Antes de que los sacaran de su casa sin explicación, el padre identificó a quien traía la operación a cargo. Encaró al agente del Ministerio Público, Juan Carlos Díaz Alamilla, vestido de traje y corbata, con un fajo de hojas en un expediente:
—¿Dónde está tu orden?
—No tengo por qué tener una orden.
—¡Claro que tienes que tener una orden para desalojarnos!
—¿Sabes una cosa? ¡Me vale madre!
Díaz Alamilla encarna el poder que desde 2016 tiene la fiscalía ambiental de la Ciudad de México para investigar denuncias por despojo de inmuebles. En dos meses, octubre y noviembre de 2017, el funcionario firmó el acuerdo de aseguramiento del viejo edificio de Leonardo da Vinci 129 tras recibir una denuncia anónima, facilitó su demolición y entregó el predio vacío a un abogado. Para diciembre, el edificio había sido demolido con las cosas de la gente aún dentro. Hoy hay una torre de apartamentos de alta plusvalía construida por la empresa GDC Desarrollos.
El mecanismo del despojo
Desde que fue bautizada como Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (Fedapur) bajo el mandato como jefe de gobierno de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), hemos reporteado 36 casos de edificios asegurados por esta autoridad; en diez casos, fueron expulsados vecinos en situación precaria que llevaban años buscando la regularización de su tenencia ante el Instituto de Vivienda de la capital (INVI). A partir de la revisión de cinco expedientes de la fiscalía ambiental, identificamos una forma de desalojar extrajudicialmente, ignorada hasta el momento en las discusiones sobre gentrificación y recambio poblacional de la capital. Opera así:
1. Aseguramiento exprés. La puesta en custodia de objetos vinculados a crímenes bajo investigación es una potestad que tiene cualquier agente del Ministerio Público. Pero, cuando lo «asegurado» es un edificio habitado, tras el eufemismo se encubre un desalojo extrajudicial. Asegurar un edificio es tomarlo por la fuerza, y en los expedientes analizados se evidencia cómo esta decisión no pasa por ningún control externo a la fiscalía ambiental, como sí ocurre en los juicios civiles que hasta el momento monopolizaban la emisión de órdenes de desalojo.
Al asegurar un edificio, la fiscalía ambiental pone sellos que indican el número de expediente. De allí extrajimos la fecha de inicio de las investigaciones en cada caso y la comparamos con la fecha del aseguramiento. Así evidenciamos que la medida de fuerza es tomada prematuramente, al inicio de las investigaciones. En Isabel la Católica 245 registramos el plazo más breve: la averiguación inició el 14 de noviembre de 2018 y el edificio fue asegurado el 3 de diciembre de 2018, tras menos de un mes de haber recibido una denuncia anónima contra los vecinos por haber tirado escombros en la vía pública. Aún sin pruebas del delito denunciado, la fiscalía lo mantiene «preservado» y bajo su control hace cuatro años.
La rapidez del aseguramiento tomó a los vecinos por sorpresa y les impidió defenderse, antes de someterlos a esta novedosa forma de «desalojo extrajudicial». En cambio, la autoridad no actuó con esa misma rapidez al recibir la denuncia por falsificación del certificado de uso de suelo del Colegio Enrique Rébsamen, de Coapa, materia que también le compete a la fiscalía ambiental. En este caso, durmió la decisión por seis meses, hasta que el sismo del 19 de setiembre de 2017 mató allí a 19 niños y siete adultos. La fiscalía recién retomó su investigación días después del sismo.
2. Penalización de lo civil. Rogelio León Fortanel supo qué era la Fedapur cuando ya estaba preso. Fue uno de los primeros procesados por despojo en la capital y pasó dos años injustamente detenido en el Reclusorio Sur hasta que fue absuelto. Logró probar que, el día que la fiscalía lo acusó de cometer el despojo, él estaba en Chiapas. Su nombre fue tomado de un pleito archivado en la justicia civil, cuando Fortanel defendió legalmente a la comuna okupa Chanti Ollin, un espacio de gestión colectiva que resistió 13 años hasta que se topó con la fiscalía ambiental.
En el aseguramiento del Chanti, en la madrugada del 22 de noviembre de 2016, intervinieron 800 agentes de choque (según la tarjeta informativa) que tomaron el edificio trepando por la fachada para luego irrumpir en la asamblea que ocurría en el primer piso. La Fiscalía detuvo a 26 personas y las liberó sin cargos, pero Fortanel fue apresado dos días después por policías de civil que lo metieron en un automóvil sin placas.
En entrevista, Fortanel describió con claridad el mecanismo del despojo: «Esta fiscalía parece tener todos los poderes que pueda tener una autoridad en el país, porque tienen la facultad de aseguramiento y, con eso, de desalojarte, algo que antes solo podía hacer un juez. Llegué a entender que esta fiscalía fue creada justamente para esto: para anular procesos civiles que pueden ser muy largos en favor de quienes teníamos la posesión, en este caso, el colectivo Chanti Ollin».
Durante el primer año de acción del mecanismo, las denuncias por despojo de inmuebles se multiplicaron por siete. Crecieron de 484 carpetas de investigación en 2015 a 3.242 en 2016. En 2019, el despojo de inmuebles pasó de ser considerado un delito de bajo impacto a estar penado con diez años de cárcel cuando se comete con el agravante de «agrupación delictuosa». Este es el caso de la comunidad indígena mazahua, que hoy pelea su permanencia en la colonia Juárez.
La amenaza de ir a la cárcel inhibió a la gente afectada de pelear por sus derechos y logró que, en la mayoría de los casos, los implicados hablasen solo a condición de anonimato, como los vecinos de Da Vinci. No solo eso: la marca de la fiscalía ambiental es hacerles perder todas sus pertenencias, porque las «asegura» junto con el edificio.
A los de Da Vinci se les permitió que dos personas por familia entraran brevemente a sacar algunas cosas, pero la mayoría de los muebles se perdieron en la demolición del lugar. Además de la posesión, se les despojó de cómo probar que alguna vez la tuvieron. Ni se diga del daño económico que les implicó quedarse sin nada.
3. El suelo cambia de manos. En relación al total de denuncias por despojo recibidas, la cifra de 268 edificios asegurados entre 2019 y 2021 es baja. Sin embargo, el 61 por ciento de ellos fue entregado a los denunciantes. Para esto tampoco intervino ningún juez, ya que los expedientes muestran que esta decisión depende del agente del Ministerio Público que lleva el caso.
Este superpoder se concentró a inicios del año 2016 en la sede central de la Fiscalía General de Justicia y se gestó en dos normativas cuando Miguel Ángel Mancera fue procurador y luego jefe de gobierno de la ciudad. Pero el mecanismo ha seguido gozando de buena salud en el gobierno de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno desde 2018. Aunque cambió de nombre a Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, mantiene sus potestades intactas.
Desde 2022, una decena de autoridades de alto nivel del gobierno capitalino conforman la «Mesa de Despojos» y respaldan el mecanismo como un pilar del Plan de política criminal de este año: «El aseguramiento de inmuebles por parte de esta institución inhibe la intención de los grupos delictivos de continuar con la ejecución del delito, permitiendo la entrega y devolución a la persona que se encuentra legitimada», según el citado documento.
Una vez «restituidos» (como la fiscalía llama al cambio de manos tras el aseguramiento) los edificios quedaron abandonados o fueron derrumbados. Salvo Cuauhtémoc 166, donde los vecinos frenaron la demolición ilegal gracias a tres clausuras de obra entre 2020 y 2021. El esqueleto del edificio permanece medio de pie, medio caído, como un fantasma entre las colonias Roma y Doctores, que recuerda que no todo conflicto se resuelve por la fuerza.
Despojo y desalojo
Laura Frías fue la agente del Ministerio Público que firmó la suerte de Cuauhtémoc 166: mandató el aseguramiento tras dos meses de investigación y ordenó el desalojo del plantón (con la presencia del exfiscal José Espinosa Nolasco), que las afectadas sostuvieron dos años y medio junto al predio, el 5 noviembre de 2019. Y entregó el lugar a los denunciantes: Antonio Omar Abud Cardona, hijo de Antonio Abud Nacif, un arquitecto de 90 años, y al abogado Roberto Sánchez Rocha, quien firmó junto a Frías el documento de recepción de Cuauhtémoc, fechado el 28 de noviembre de 2019, que forma parte de esta investigación.
La primera vez que fuimos a Cuauhtémoc, el 9 de junio de 2017, nos desconcertó que no hubiese cosas ni gente en la calle. Dos chavitos nos confirmaron que sí habían sido expulsados, pero que todo estaba dentro, salvo los vecinos que buscaban respuestas en distintas oficinas de gobierno. Los encontramos en la sede de la fiscalía, donde pidieron ver el expediente y se los negaron. Solo si aceptaban la imputación por despojo, les dijeron, les darían una copia.
Desde entonces acompañamos el proceso que terminó por darles la razón. El último documento que se agregó a esta investigación está fechado el 24 de junio de 2022 y reconoce, cinco años después del aseguramiento de Cuauhtémoc 166, que la fiscalía no tiene evidencia del delito con que justificó la expulsión de la gente: «Hasta este momento procedimental, los medios de prueba son insuficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del probable responsable».
Sin embargo, según consta en el Programa de persecución penal 2023, la autoridad promueve que se modifique el delito de despojo y se «permita detener al despojante en flagrancia» en el momento del aseguramiento. La propuesta implica que, en vez de mejorar su capacidad para probar el delito, bajarán las garantías individuales para detener a quien se encuentre en el lugar. Si esto hubiese estado vigente al inicio de nuestra investigación, los vecinos expulsados con los que conversamos estarían injustamente presos.
En los siete años que llevamos trabajando también reporteamos una ola de desalojos arbitrarios ordenados por la justicia civil, concentrada en la alcaldía Cuauhtémoc. En los 53 casos de desalojo de múltiples departamentos que cubrimos en esa demarcación, ningún vecino tuvo aviso previo a ser desalojado, un requisito del proceso judicial que, en 2019, se incluyó en la Constitución Política de la Ciudad de México.
En un caso del Centro Histórico, Zapata 68, entendimos por qué nadie era notificado: las demandas estaban dirigidas a otras personas, algunas ya fallecidas, por deber rentas de contratos falsos que ni ellos ni los muertos habían firmado. Organizados desde 2001 en una asociación civil para defender su permanencia, los vecinos de Zapata habían resistido desalojos en 2006, pero, una década después, como si hubiera cambiado el viento, sufrieron 11 desalojos arbitrarios y fueron denunciados por despojo ante la fiscalía en enero de 2019.
Su caso evidenció cómo, más que atacar mafias invasoras, la «fiscalía del despojo» actúa contra vecinos sin papeles, con largas posesiones y procesos de regularización abiertos ante el INVI, institución que canalizó la política de acceso a la vivienda popular en la Ciudad de México desde fines de los años noventa. La carpeta del INVI de Cuauhtémoc fue abierta en 1999 y la de Zapata en 2002.
Desde el terreno se ve cuánto tienen en común los despojos de la fiscalía ambiental y los desalojos judiciales: la falta de aviso previo a los afectados, su nulo acceso a los documentos que causaron su expulsión y la imposibilidad de defenderse antes de ser evacuados. Sobre todo, se asemejan en cómo la violencia institucional fue usada contra las personas más vulnerables, en su mayoría mujeres, que habían invertido una vida en esos sitios para tener un lugar digno donde vivir.
Los desalojos extrajudiciales de la «fiscalía del despojo» hicieron de la criminalización su arma para extinguir décadas de lucha. Camuflados en la arbitrariedad que campea en los desalojos civiles, se destacan por privar a la gente de todo, incluso de la triste fortuna de ver sus cosas regadas en la calle.
