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Publicado: 9 ene 2024
Los familiares de las 18 víctimas civiles se preparan para trasladar su caso a la Corte Penal Internacional.
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Cientos de seguidores del destituido presidente peruano Pedro Castillo en una marcha en Puno, sur de Perú, el 9 de enero de 2023.
Foto: Juan Carlos Cisneros / AFP
En la ciudad de Juliaca, departamento fronterizo de Puno (Perú), conmemoran este martes el primer aniversario de la protesta antigubernamental en la zona que arrojó 19 muertes, 18 civiles y un suboficial de segunda de la Policía.
El 9 de enero de 2023 hubo concurridas concentraciones de personas contra la presidenta peruana Dina Boluarte y en la tarde, según diversos testimonios, ya la ciudad era «un campo de guerra». Una jornada que luego fue catalogada como la «masacre de Juliaca».
«Hemos realizado diferentes actividades para que la ciudadanía no olvide lo que hemos vivido el 9 de enero», avanzó en la víspera el presidente de la Asociación de Víctimas de Juliaca, Raúl Samillán, en una conferencia de prensa.
Un puente de Juliaca, reconocido porque da salida a Cusco, amaneció con fotos de las víctimas. Mientras que en la ciudad de Puno develaron un monumento en memoria a todas las personas fallecidas.
Juliaca acata un paro ‘seco’ cívico y, de acuerdo a periodistas locales, el transporte se sumó a la protesta, igual que los mercados, que cerraron sus locales.
En las principales calles de Puno se movilizarán para exigir justicia. Hasta ahora ningún efectivo ha sido imputado por estos hechos, señalados incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
#PUNO| La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero Juliaca – Puno interviene el puente Bay Pass – Óvalo salida al Cusco, con las fotos de los heridos y de las familias de las víctimas que fueron asesinadas por las fuerzas militares y policiales, durante las protestas… pic.twitter.com/Hq1tMg7Y34— 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) January 9, 2024
«Demandamos la verdad, justicia», afirmó Rocío Paz, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. «Puno es el Perú, por eso estamos aquí, nosotros afirmamos que todos los peruanos y peruanas tenemos derechos», añadió.
De esa forma, Paz hizo referencia a una de las más controversiales declaraciones de Boluarte, quien en enero pasado, a menos de dos meses de asumir el cargo, aseveró que «Puno no es el Perú»., durante plena ebullición de movilizaciones en la región fronteriza con Bolivia.
«Hoy, 9 de enero, recordamos con dolor y coraje la masacre perpetrada por Dina Boluarte contra el heroico pueblo de Juliaca, en Puno», escribió el exmandatario Pedro Castillo, quien cumple actualmente una doble prisión preventiva. «Rindo homenaje a los mártires de 2022 y 2023, verdaderos héroes de nuestra patria y símbolos de resistencia popular«, agregó.
La historia
En su informe sobre las manifestaciones contra el Gobierno, la CIDH consignó que el 9 de enero de 2023 unas 24 personas fueron hospitalizadas con heridas por proyectil de arma de fuego.
Entre las personas fallecidas había ocho menores de 25 años y tres adolescentes. La CIDH condenó los hechos e instó a investigar con diligencia y enfoque étnico-racial las «graves violaciones de derechos humanos allí cometidas».
🔴🔵#HablemosClaro📣📣 Puno: Inician actividades en memoria de los 18 fallecidos en Juliaca.📻 95.5 FM📡 6.1 señal digital abierta📺 Movistar: 34 SD – 734 HD🌐 https://t.co/thokv9fFaLpic.twitter.com/VLy1QiLd4t— Exitosa Noticias (@exitosape) January 8, 2024
«La CIDH observa que en los sucesos violentos de Juliaca se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas», dijo.
A nivel internacional
La Asociación de Víctimas de Juliaca, junto a organizaciones civiles, anunciaron que llevarán este caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
«Vamos a denunciar a la CPI para que así, de esa manera, podamos encontrar justicia y no se vuelva a repetir (…) utilizaremos todos los mecanismos para llegar a foros internacionales», enfatizó Samillán.
Por su parte, el abogado de un grupo de familiares de las víctimas en Puno, César Quispe Calsín, precisó que «hay elementos suficientes para denunciar» ante la CPI.
«En Puno hay más de 23 carpetas fiscales. Tenemos ya 5 nombres de la cadena de mando de la policía y la DINOES que estaban el 9 de enero en el aeropuerto. También, hay nuevas carpetas de otros heridos por ejemplo en diciembre o sobre el caso de Manuel Quilla, torturado y luego… pic.twitter.com/zG7NJ8bPjw— CNDDHH 🇵🇪 #NiUnMuertoMás (@cnddhh) January 8, 2024
El letrado contó que hasta cinco fiscales han sido designados por el Ministerio Público. «Empezaron las investigaciones por la Fiscalía de Crimen Organizado, parece que querían endilgarle a nuestros hermanos asesinados que eran terroristas, porque ese era el mensaje», deploró.
Quispe aseguró que esto ocurrió por «obra y gracia» de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En ese sentido, abogó por un cambio en la tendencia en la gestión actual de Juan Carlos Villena, fiscal interino de Perú.
«Los miembros, sean del Ejército o de la Policía, tienen que aprender a respetar. Ya se están identificando los nombres en cada carpeta, esperamos que con este nuevo fiscal sea más célere en ese proceso de implementación de las recomendaciones de la CIDH», destacó.
