Arturo Alejandro Muñoz
En materias de escándalos políticos parecía que en América del Sur el patrimonio lo disputaban Brasil y Argentina, ello según los principales medios de información que hay en el subcontinente, aunque, claro, ya lo sabemos, todos pertenecen a la misma cofradía internacional de la hermandad de la derecha, pero de la rancia, la cipaya del FMI, del Banco Mundial y de los EEUU.
Muchos latinoamericanos llegaron a pensar que era poco probable igualar siquiera la saga de ilícitos, robos y componendas desglosadas del escándalo de PETROBRAS, la gigantesca compañía petrolera brasileña cuyas onerosas irregularidades abrieron las puertas a las investigaciones del “Lava Jato” (Lavado de Dinero), armando un rompecabezas de dimensiones insospechadas en el que decenas de empresarios, políticos y autoridades fueron descubiertas realizando acciones ilegales, cuál de ellas más voluminosa y reprochable, criminal incluso.
Muchos parlamentarios, ex ministros y empresarios dieron con sus huesos en la cárcel. En una de sus aristas principales se comprometió la honra y dignidad de quienes administraban la nación desde el sitio de mayor alcurnia. Lula da Silva y Dilma Roussef fueron acusados de corrupción y graves delitos. El gobierno de la Roussef cayó, y quien entonces tomó a cargo la conducción de la nación, Michel Temer (interesado acusador de la ex presidenta), se encuentra hoy día tanto o más involucrado que todos los anteriores en el “lava jato”.
Si allá en Brasil el puntapié inicial lo dio el escándalo de la PETROBRAS, acá en Chile lo ha dado SOQUIMICH (SQM), empresa otrora estatal, privatizada por la dictadura y en manos –aseveración sin margen de error- de quien fuera yerno del dictador Pinochet, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou.
SOQUIMICH se convirtió en una especie de ‘caja pagadora’ para un significativo número de parlamentarios, tanto de oposición como oficialistas (en eso hubo cero discriminación por parte de la empresa), comprándoles conciencias y votaciones cuando en la respectiva Cámara legislativa se discutían leyes en las que SQM –o sus socios- poseía intereses. Pero, esta escandalera ha sido muy diferente a lo acontecido en Brasil, en especial en lo referido a justicia propiamente tal.
Es cierto que en Chile hubo juicios, imputados, algunos formalizados… sin embargo, la situación ha seguido tal como si nada anómalo ni ilegal hubiese acaecido jamás, pues los responsables principales continúan en libertad pontificando sobre moral, sobre honestidad y, para colmo de males, algunos presentan sus candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados, e incluso a la mismísima presidencia de la república.
Que en Chile la justicia es una dama de exigua voluntad para realizar las acciones que la sociedad le ha encargado, no es una cuestión desconocida ni mucho menos. Sometida a los arbitrios de los dueños del capital y cooptada por los representantes políticos de aquel, la dama baja su vista cuando debe juzgar a tales patrones. Ello permite entender (aunque nunca aceptar) la irresponsable liviandad con que fiscalías, tribunales y cortes actúan en los eventos donde están claramente involucrados los actores que mencionamos líneas atrás. Hay una especie de intocabilidad jurídica que viste con ropajes de acero a ciertos megaempresarios y a muchos políticos del duopolio gobernante, ya que se les permite realizar jugosos negociados en materias que las mismas leyes prohíben.
El caso de la gran minería es ejemplo activo. No solamente referida al cobre. También al salitre y, ahora, al Litio, ese metal alcalino que no existe en estado libre en la naturaleza, sino solamente en compuestos. Metal blanco plateado, blando, dúctil y muy ligero, que se corroe rápidamente al contacto con el aire, y que se utiliza en la fabricación de acero, en esmaltes y lubricantes, y en medicina bajo la forma de carbonato de litio.
Chile es el mayor productor del mundo, con 41% de la producción mundial, seguido por Australia (20%), China (14%) y Argentina (11%). Se ha llegado a decir que Chile es “la Arabia Saudita del Litio”. Aclaremos esto. En Sudamérica se localiza la mayor reserva de este mineral. Aquí se encuentra lo que se ha bautizado como “El Triángulo del Litio”, cuyos ejes o vértices lo forman el Salar del Hombre Muerto, ubicado en Argentina, el Salar de Uyuni, en Bolivia, y el Salar de Atacama en Chile; a ellos se suman los otros salares que se ubican dentro de esa gran área y se localizan en altura, más precisamente en la región de la Puna de Atacama.
Las pertenencias del Estado de Chile en el Salar de Atacama, dada sus cualidades únicas y las potencialidades económicas que encierran, resultan estratégicas para el desarrollo del país. La gran mayoría de esas pertenencias el estado chileno las administra a través de la CORFO, pero actualmente se encuentran entregadas en arrendamiento a SOQUIMICH. Junto a ello es importante anotar que el decreto ley 2.886 de 1979 declara al Litio “reserva estratégica del estado”, y desde hace un tiempo CORFO maneja el proyecto de explotar los yacimientos mediante una conexión (asociación) con la empresa canadiense ROCKWOOD, cobrando por cierto un royalty que, en honor a la verdad, es casi risible.
Resumiendo el asunto, en nuestro país operan dos empresas productoras de litio: SQM, empresa chilena privatizada en dictadura controlada por Julio Ponce Lerou, y ALBERMARLE, transnacional de EEUU que adquirió ROCKWOOD. Para esta transnacional el negocio es redondo, ya que en un sólo año obtiene ventas superiores a US$1.300.000.000 (mil trescientos millones de dólares).
La Empresa Transnacional ROCKWOOD, SOQUIMICH y el Estado chileno a través de la CORFO, son las únicas empresas que explotan el Litio (aunque CORFO sólo licita los yacimientos). Obviamente, el negocio es redondo para la transnacional ya que en un sólo año la empresa obtendría ventas por 1.300.000 (mil trescientos millones de dólares). Es decir en un sólo año recupera la inversión total, le paga una miseria al Estado y aún sale ganando 600 millones.
Las preguntas brotan espontáneamente. ¿Por qué no hace esa inversión el Estado, y por qué se autoriza una explotación que la Constitución prohíbe?
Efectivamente debería ser así, pues la Constitución de 1980 estableció -al igual que las reformas del año 1971 (año de la nacionalización del cobre)-, que no podían concesionarse los minerales con aplicación en energía (petróleo y litio), pero como el convenio con la anterior empresa transnacional fue firmado antes de 1980, quedó legalizado. Sin embargo, el negociado de SOQUIMICH fue abiertamente ilegal, pero los gobiernos de la Nueva Mayoría y de ChileVamos hicieron vista gorda. El duopolio se hermana y se asocia cuando hay dólares a su favor de por medio. De ello ya nadie duda.
La explicación es clara: esa empresa (SQM) financia a muchos políticos –de todos los pelajes- y con tal ‘aporte’ económico administra desde las sombras el entramado legal chileno. La corrupción galopa montada en una silla llamada “democracia protegida, o de los acuerdos”, siendo altamente lesiva para los intereses superiores del país.
Nuestros representantes políticos ya traicionaron la letra y el espíritu de la ley que a través de la aprobación unánime de los parlamentaros de todas las tiendas partidistas existentes en el Congreso, el mes de julio del año 1971, nacionalizó el cobre, pues aceptaron sibilinamente la postura explicitada años más tarde, durante la dictadura, por José Piñera, quien aseguraba que esa ley de 1971 estaba referida “únicamente” a los yacimientos que se explotaban en aquella época, y no a los que surgiesen después, mismos que bien podían ser privatizados, como efectivamente ocurrió y que hoy conforman una realidad insoportable en la cual el 70% del cobre nacional se encuentra en manos de mega empresas transnacionales que, además, pagan exiguos impuestos y provocan gravísimos daños al ecosistema de ciertas regiones.
Con tamaña burla a la ley, los gobiernos duopólicos insisten ahora en repetir lo anterior, esta vez con el Litio. Por supuesto, será extremadamente difícil que los actuales legisladores (la mayoría de ellos) opongan resistencia a tamaña inmoralidad, ya que si de inmoralidades hablamos, es un hecho de la causa decir que esos parlamentarios se encuentran franca y abiertamente “comprados” por SQM, lo que equivale a asegurar que están cooptados por la transnacional ROCKWOOD…
En castellano simple, la corrupción y la traición les clasifica como inaptos e ineptos…. pero continúan legislando gracias a la desinformación (y desinterés, es cierto) de una gran parte de la sociedad chilena.
Ahora, usted que ha leído estas líneas, ya está al tanto de lo que ocurre. En sus manos y en su conciencia se encuentra entonces la respuesta necesaria. ¿O permitiremos una vez que otro recurso natural de nuestros suelos sea entregado a la voracidad de manos privadas?
