[resumen.cl] La totalidad de los y las 17 constituyentes de escaños reservados para pueblos originarios más tres electos de manera convencional paro pertenecientes a primeras naciones, firmaron un comunicado en que exigen la renuncia de Francisco Encina, secretario técnico y representante del Gobierno para Convención Constitucional, por su falta de compromisos mínimos para aceptar la forma de trabajo propia de los pueblos indígenas para la redacción de la nueva carta magna.
En la misiva, las y los convencionales constituyentes señalan que desde el momento mismo de su elección como representantes han sostenido reuniones con autoridades de gobierno, principalmente con Francisco Encina Morales, para señalar los «requerimientos individuales y colectivos que tenemos como convencionales de las primeras naciones, tanto de logística como para la instalación de la Convención Constituyente Plurinacional.»
En la reunión sostenida este sábado 26 de junio, la machi Francisca Linconao Huircapan comunicó que, en tanto autoridad ancestral del pueblo-nación Mapuche, exigió ser acompañada por su Zugu Machife y por su Yancan «quienes NO SON ASESORES, sino personas que deben acompañar a la Machi en su calidad de autoridad ancestral» como puntualiza el comunicado. Asimismo, Isabella Brunilda Mamani Mamani, exigió como Warmi (mujer) del pueblo-nación Aymara, realizará la ceremonia de una Phawa, donde es fundamental la dualidad de «chacha warmi» (pareja).
Sin embargo, indican, Francisco Encina, secretario técnico y representante del gobierno de Sebastián Piñera, «mostró una falta de voluntad en el cumplimiento de compromisos adquiridos en reuniones previas con el ministro y el subsecretario de la SEGPRES, demostrando su falta de capacidad de diálogo intercultural, preparación técnica y
desconocimiento en materia de interculturalidad y respeto a los derechos de primeras naciones» mostrando su negativa a las peticiones señaladas, así como a poner interpretes de sus idiomas.
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«Afirmamos, que la participación es un principio en derechos humanos y también un derecho en sí mismo, que debe ser garantizado por el Estado y por tanto, en el proceso de instalación de la convención constitucional resulta imperativo que las primeras naciones definan, bajo sus ordenamientos culturales y de derecho propio, lo necesario para el funcionamiento de ésta. Según el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Estado está obligado a ‘tomar medidas hasta el máximo de recursos disponibles’, no realizarlo compromete la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos» señalan.
Además, indican que la negativa de Encina representa una violación al Artículo 133 de la Constitución en retirada, en consideración que el Ejecutivo debe «prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención».
Es por esto que exigen la renuncia inmediata de Francisco Encina como secretario ejecutivo de la Convención Constitucional y que se nombre a un persona idónea al cargo que comprenda los requerimientos que debe tener un funcionario del Estado para relacionarse con los pueblos originarios.
Asimismo, requieren el cumplimiento inmediato de los reclamos expresados «teniendo presente las particularidades territoriales, culturales y políticas propias, de cada uno y una de nuestros hermanos y hermanas que han sido electo, teniendo siempre presente, que queda una semana para la instalación de la convención constitucional» y que de no cumplirse, pone en riesgo la asistencia y participación de las primeras naciones en la ceremonia de instalación.
