Lic. José A. Amesty Rivera
08 julio, 2022
El pasado 2 de julio 2022, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvo que rechazar las declaraciones injerencistas de la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, al declarar sobre que en Venezuela existían violaciones a los derechos humanos.
Agregando, además, hay que facilitar los diálogos entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, con el objetivo de que se celebren “elecciones libres y democráticas” en 2024, de acuerdo con los estándares en la materia”.
La vicepresidenta venezolana, además de repudiar tales declaraciones, señalo que su par chilena, debe de ocuparse de los problemas de su país, no interfiriendo en los asuntos internos de otros. Precisó además que la ministra chilena actúa como “buena empleada del secretario general de la OEA, Luis Almagro”.
A su vez, ante tales declaraciones, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, instó a Urrejola a responder a los asuntos de su país, en referencia a los hechos de violencia que se registran en la nación suramericana, así como a la situación inflacionaria, que en el mes de mayo registró su mayor nivel en 28 años, así como a un gobierno que va en caída veloz.
El gobierno chileno y sus portavoces deberían tener cuidado y mesura al hablar de violación de derechos humanos en otros países, cuando en Chile hay una historia larga de violación de ellos, como por ejemplo con sus indígenas Mapuches.
No en balde, el propio presidente chileno, Gabriel Boric, ha solicitado la mediación de la ONU, para bregar con el problema de los pueblos originarios, incluido los indígenas mapuches. Afirmando, “Sabemos que la restitución de las tierras es una de las demandas más sentidas por los pueblos indígenas. Estamos diseñando, con responsabilidad, una propuesta que nos permita resolver esta situación y que involucre a todos los actores de la zona”.
En este sentido, Boric, al parecer, aplaude que, en el borrador de la nueva Constitución chilena, aparezca el reconocimiento de Chile como un Estado Regional, Plurinacional e intercultural. Aunque todos estos son temas controversiales, ya que estos están en la actual Constitución de Chile, solo que no se ejecutan.
Y, por ejemplo, la Revista Confrontaciones, en su artículo “El socialismo y la cuestión mapuche”, nos da un ejemplo de lo difícil de este tema constitucional, “Pongamos una situación hipotética. ¿Qué pasaría si mañana cualquiera de los pueblos y naciones reconocidos por la Constitución (el Rapa Nui, por poner el caso) decidiera, “en virtud de su libre determinación”, ¿separarse del Estado chileno? ¿Qué primaría? ¿El derecho a la “autonomía y al autogobierno” del artículo 5 o la “unidad del Estado” del artículo 4? O aún peor, si dicho pueblo decidiera no solamente separarse del Estado chileno, sino pasar a formar parte del Estado peruano, ya sea porque la nacionalidad peruana ofrece mejores beneficios o cualquier otra razón, ¿en qué quedaría el derecho a “libre determinación”, en vista y considerando que la decisión (libre y soberana) del pueblo en cuestión atenta contra los intereses geopolíticos de la burguesía chilena, encarnados en el Estado, favoreciendo de paso a una de sus históricas rivales en la región: la burguesía peruana?”.
A su vez, el presidente chileno, hizo promesas de campaña que no ha cumplido, como lo señala la periodista chilena Cecilia Vergara Mattei, en su artículo “Boric desistió de la vía del diálogo y militarizó el Wallmapu, ¿más de lo mismo?”, al indicar, “Boric había prometido desmilitarizar los territorios donde hay asentamientos mapuches y resolver los conflictos por la “vía política”, pero volvió, al igual que los gobiernos de derecha anteriores, a decretar el “estado de emergencia” y enviar nuevamente militares a la zona de la Araucanía y otras provincias cercanas, el “Wallmapu”, que los mapuches no reconocen como territorio chileno”.
Veamos ahora, en perspectiva histórica, el carácter violatorio de derechos humanos en Chile, en contra de los indígenas mapuches.
Como también señala Vergara Mattei, los “primeros habitantes de Chile y Argentina, los mapuches son la principal etnia chilena. Algunas comunidades asentadas en el sur del país reclaman, desde hace décadas, la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos en su mayoría de empresas forestales”.
Ante esta situación, en mayo pasado 2022, la situación se ha recrudecido hasta el punto que, por ejemplo, “la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización indígena que se ha atribuido decenas de ataques desde la década de 1990, llamó a la “resistencia armada” ante la posibilidad de una militarización.
El líder de grupo, Héctor Llaitul, hizo un llamado a “preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía”, a lo que el Ejecutivo respondió anunciando que presentará una querella en su contra”.
En el portal de noticias Nodal, hay un artículo llamado “Los Mapuches en Chile: historia, cultura y conflicto”, del cual tomaremos algunas evidencias de la violación de los derechos humanos a los indígenas mapuches de Chile.
Los Mapuches son el pueblo indígena más numeroso de Chile. Casi un millón de personas se consideran miembros de esta cultura.
“La sociedad chilena del siglo veintiuno, no ha resuelto aún su relación con la sociedad mapuche. El pueblo originario de Chile, sigue siendo el grupo social más discriminado, pobre y marginalizado del país”.
Por ejemplo, se valora la “platería araucana”, ciertos tejidos y artículos de valor arqueológico, pero no se acepta siquiera la idea de que se trate de un pueblo, con derechos específicos y diferenciados a los de los chilenos.
Sus principales reivindicaciones, y que el Estado y pueblo chileno llama “emergencias mapuches», son: “nuevos liderazgos, conflictos ambientales, exigencias de participación y protagonismo, revitalización de costumbres, introducción de la educación bilingüe en las escuelas y la salud intercultural en los hospitales, municipalidades en manos de alcaldes mapuches, gran cantidad y presencia de profesionales, intelectuales y poetas mapuches, son algunas de las expresiones de esta emergencia indígena”.
Los mapuches sufrieron el despojo de sus tierras. Despojo es, según el diccionario, “lo que se ha perdido”. Es, igualmente, “la presa y el botín del vencedor”. Es también la acción de desposeerle a una persona o grupo de personas, “un bien con violencia”. A fines del siglo diecinueve, fueron “reducidos” y buena parte de la tierra del sur de Chile, se entregó a colonos.
“Los mapuches vivieron en estado de libertad hasta 1881”. Luego, “entre 1881 y 1927 se produjo un proceso de expropiación de las tierras indígenas y sometimiento a reducciones. Durante buena parte del siglo veinte, los líderes “araucanos”, que así se autodenominaban, luchan por una “integración respetuosa” a la sociedad chilena. Participan activamente en política, llegan al Congreso nacional, donde denuncian el despojo de que son objeto, buscan por todos los medios institucionales obtener un lugar en la sociedad. Pero son rechazados”.
Más adelante, “El Golpe Militar de 1973 fue extremadamente duro en el mundo mapuche, y ahí está la lista de detenidos desaparecidos y exiliados como mudo testimonio. Luego de un período altamente represivo, la dictadura de Pinochet, el año 1978, procedió a la división de las comunidades indígenas. Durante esos años, se dividen todas las tierras comunales, entregándose a cada familia un certificado de “propiedad privada”.
En la actualidad, hay toda una lucha de los pueblos indígenas mapuches en Chile, que bregan por ser reconocidos como pueblos originarios de Chile y no seres humanos de segunda categoría; a su vez, son reprimidos cuando reclaman sus derechos ancestrales y reivindicaciones; como también su lidia con el racismo. Es la milenaria disputa de los pueblos indígenas de América Latina.
Finalmente, surgen algunas preguntas: “¿Es posible una convivencia en Chile, de una sociedad criolla moderna, o que se autoconsidera camino a una modernidad avanzada, y formas de expresión autónomas de la sociedad indígena mapuche? ¿O cómo dicen algunos, se los obligará a la pertenencia a la común ciudadanía sin apelación? ¿O simplemente, como dice otro comentarista también anotado, se los deberá reprimir y “encerrar” hasta que se extingan?”.
