por Franco Machiavelo
El caso de Tomasito no fue solo una tragedia individual. Fue el espejo brutal de una estructura social que administra el dolor con desigualdad, que jerarquiza la vida humana según territorio, apellido y poder económico. Cuando un niño muere en condiciones confusas y el aparato institucional responde con torpeza, contradicciones y opacidad, no estamos ante un simple error: estamos ante una crisis moral del Estado.
Lo ocurrido expuso algo más profundo que la negligencia. Mostró cómo las instituciones, que deberían proteger a los más vulnerables, pueden transformarse en engranajes fríos que primero fallan y luego se protegen a sí mismos. Las versiones contradictorias, los informes cambiantes y la incapacidad de dar respuestas claras a la familia no fueron solo fallas técnicas; fueron heridas abiertas a la confianza pública.
En sociedades desiguales, la verdad no circula libremente: se administra. Y cuando el dolor pertenece a sectores sin poder político ni mediático suficiente, la investigación tiende a diluirse en tecnicismos, mientras el sufrimiento se convierte en espectáculo. La cobertura mediática muchas veces reemplazó el análisis riguroso por el sensacionalismo, instalando hipótesis antes que certezas, sembrando sospechas antes que justicia.
La arbitrariedad no se mide solo en decisiones judiciales, sino en la forma en que se construyen relatos oficiales. Cuando el Estado no logra explicar con transparencia qué ocurrió, cuando no garantiza una investigación impecable, rápida y humana, la sensación de infamia se instala. Y esa sensación no es ideológica: es ética. Es la percepción colectiva de que algo esencial falló.
La dignidad humana exige más que procedimientos. Exige verdad, respeto y coherencia. La justicia no puede ser un trámite administrativo ni un comunicado ambiguo. Debe ser un compromiso activo con la vida, especialmente con la vida de quienes no tienen voz propia.
El caso de Tomasito dejó una pregunta incómoda: ¿cuánto vale realmente la vida de un niño en un sistema que reacciona tarde, comunica mal y repara poco? Si la respuesta depende del lugar donde nació, entonces no estamos ante una tragedia aislada, sino ante una estructura que reproduce abandono.
Hablar de arbitrariedad e inhumanidad no es exageración retórica; es describir el impacto que produce una investigación percibida como fragmentada y poco clara. La justicia no solo debe hacerse, debe verse y sentirse como justa. Cuando eso no ocurre, el daño se multiplica.
La memoria de Tomasito no puede reducirse a titulares ni a debates estériles. Debe ser una exigencia permanente de transparencia, de reformas institucionales y de una cultura que coloque la dignidad humana por encima de la autoprotección burocrática.
Porque cuando un niño muere y la sociedad no logra responder con verdad y humanidad, no fracasa solo un procedimiento: fracasa el pacto básico que sostiene la convivencia democrática.
