Le Monde Diplomatique
Muchos dedujeron que ganaría el “apruebo” –entre ellos quien escribe–, observando los últimos resultados electorales. En efecto, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre de 2021 votaron algo más de 8 millones de electores, la mejor participación de los últimos años: Boric obtuvo 4,62 millones de votos; Kast 3,75. Nueve meses después el plebiscito debía arrojar un resultado similar, tal vez con un poco de desgaste, pero no más allá del 10%.
Con una incógnita. Esta vez el voto era obligatorio y la abstención sancionada con multa. Lo que traería a las urnas al gran segmento del electorado que no había votado los últimos años, tal vez nunca. Estos abstencionistas eran sobre todo de jóvenes de sectores populares, categoría que, a primera vista, parecía más bien inclinada a votar “apruebo”. La participación efectivamente subió bastante: de 8,3 millones en 2021 pasó a 13 millones en 2022. Hubo algo más de 4,5 millones de nuevos electores.
La primera parte del análisis fue correcta: Boric obtuvo 4,62 millones de votos en 2021; el “apruebo” 4,86 millones en 2022. Un resultado bastante próximo. Pero lo segunda parte no. Kast consiguió 3,75 millones de votos; el “rechazo” 7,88 millones. Esto significa que, de los 4,5 millones de nuevos electores, 4,1 votaron rechazo.
Este cálculo ha sido corroborado por los resultados detallados por comuna. En las acomodadas se mantuvo la tendencia: ganó el rechazo en la misma proporción que Kast en 2021. Pero en las comunas humildes, donde vive el 20% más pobre y donde aumentó fuertemente la participación, el rechazo ganó con porcentajes de 70% a 90%, igual que en las comunas con mayoría mapuche. Conclusión: sobre 10 nuevos electores, 8 o 9 votaron rechazo. Y se trata de sectores populares.
¿Cómo explicar el “rechazo” popular?
La “campaña del terror” para desprestigiar la Convención y el proyecto de constitución efectuada a través de los medios dominantes y de las redes sociales, ha sido sin duda la más virulenta de la historia. Tuvo efectos importantes. Una notable investigación de CIPER identificó 29 cuentas Facebook e Instagram, no declaradas al Servel, que durante cinco meses emitieron mensajes afirmando que el proyecto de Constitución amenazaba los ahorros en los fondos de pensión privados, la vivienda propia, los colegios privados subvencionados y la atención en los hospitales.
No obstante, los mismos medios se han comportado de la misma manera desde hace décadas, y no siempre han conseguido su objetivo. Campañas similares existieron en 1938 contra el Frente Popular diciendo que iba a fusilar como en la guerra de civil española, y después contra las candidaturas de Allende asociándolo con un “paredón como en Cuba”. Esta vez el “terror” mediático tuvo influencia, pero no explica todo.
También es cierto que la derecha clásica (la que hizo parte de la dictadura) tuvo la habilidad de ponerse en segunda línea, sin dejar de financiar. La campaña por el rechazo fue protagonizada por los liberales de la ex Concertación, dándole un halo reformador, hasta “progresista”. Pero esto tampoco es nuevo ni decisivo.
En realidad, el voto “rechazo” consiguió unificar diferentes rechazos. Muchos votaron “rechazo” para expresar un malestar contra el Gobierno por incumplimientos, reales o no, pues la administración Boric aparece como patrocinadora del proyecto de constitución. De hecho, el porcentaje del “rechazo” coincide con el desapruebo al Gobierno.
También votaron rechazo los que están contra la legalización del aborto y de la eutanasia por motivos religiosos. Los que se oponen a transformar al Senado en una Cámara de Regiones, disminuyendo sus poderes. Algunos frustrados por no ver en el proyecto la nacionalización del cobre, del litio… y por otras razones.
Otro argumento para rechazar fue la desconfianza hacia la “plurinacionalidad”, la justicia indígena, y las zonas con autonomía para los pueblos autóctonos. Muchos chilenos humildes fueron sensibles al “argumento” que “el indio” tendría más derechos que el chileno ya que en Chile ha existido –y sigue existiendo– una dosis de racismo hacia “los indios”.
Y, por último, el texto sometido al voto era un proyecto inacabado. Contenía errores de redacción, ambigüedades, repeticiones, y demasiados adjetivos. A tal punto que sus pro-motores reconocieron insuficiencias, pero llamaron a “aprobar para reformar”, relegando así la propuesta a la condición de un borrador.
Queda el argumento que este proyecto, con sus defectos, es mejor que la actual constitución de Pinochet y Lagos, pues declara derechos democráticos y sociales, introduce mecanismos de transparencia y democráticos como los referéndums de iniciativa popular, locales y nacionales, entre otros. Pero lo asimilaba a un mal menor, lo que no convence.
Muchas imperfecciones son imputables a la falta de tiempo. Tres o seis meses suplementarios habrían permitido presentar un texto claro, bien redactado, con autonomías mejor delimitadas.
Ante la disyuntiva de votar en bloque un texto inacabado, que habrá que reformar, discrepando con algunas de sus partes y/o o con el actual gobierno, donde no figuran claramente las demandas de la revuelta popular de 2019, la mayoría de los nuevos electores optó por el rechazo.
Lo que permite concluir que hay dos “rechazos”: el primero son los derechistas que antes votaron por Kast y están por una constitución similar a la actual. El segundo son los que quisieron expresar descontento contra el Gobierno y/o contra algunos contenidos del texto y su forma. Esta última postura no puede ser considerada de derecha.
Un error, tal vez el principal La Convención debió trabajar regida por la regla de adoptar acuerdos con una mayoría de dos tercios, impuesta por el Parlamento.
Aunque es razonable que las normas constitucionales sean votadas por una mayoría especial, esta regla no preveía ninguna salida a las propuestas que obtenían más del 50% y menos del 66%. El Foro por la Asamblea Constituyente propuso que, en este caso, la ciudadanía dirimiera a través un referéndum. La norma fue en apariencia adoptada por la Convención, pero condicionada a la aprobación de dos tercios del Congreso, lo que era inoperante e imposible. No hubo referéndums intermediarios.
Si se hubiesen realizado, la ciudadanía habría podido pronunciarse caso por caso sobre aspectos cruciales del proyecto como las autonomías de los pueblos originarios; la cámara de las regiones; el aborto, la eutanasia, y otros. La opción de limitar la consulta a un paquete completo, contribuyó a rechazar todo cuando se rechazaba algo.
¿Y ahora?
Las campañas del terror tienen un antídoto: más medios progresistas o, dicho de otra manera, más pluralismo en el paisaje mediático. Otrora, la movilización contra dictadura de los años 1980 consiguió crear varios periódicos de oposición como Análisis, Apsi, Hoy, Cause, La Bicicleta, La Época, Fortín Mapocho. Todos desaparecieron durante los gobiernos de Aylwin y Frei, que organizaron su desmantelamiento negando toda ayuda. Paradójicamente, hubo más pluralismo mediático los últimos años de la dictadura que durante los 30 años de “transición”, marcados por el reino de El Mercurio, La Tercera y las TV derechistas.
El actual Gobierno dispone una ocasión “en oro” para reintroducir algo de pluralismo en los medios. En mayo de este año el juzgado 101 de Madrid, ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización de 520 millones de dólares a los propietarios del diario Clarín, el de mayor circulación hasta el golpe de 1973, cuando fue clausurado y confiscado por la dictadura. Los herederos de su propietario, Víctor Pey, han proseguido su lucha por recuperarlo para reeditar un medio progresista. Pero los seis últimos gobiernos se han negado a pagar la indemnización que corresponde. ¿Lo hará el gobierno de Boric?
Con la victoria del rechazo, sigue rigiendo la constitución de Pinochet retocada por Lagos, según las disposiciones de la reforma constitucional que instauró la Convención y los plebiscitos. El presidente Boric se ha pronunciado por un nuevo proceso constitucional que requiere dos tercios del Parlamento donde la derecha dispone de la mitad de los escaños. Lo que la coloca en una confortable posición de fuerza.
Estos días se está negociando el nuevo proceso. Pero la tendencia fundamental es que se está conformando una mayoría liberal. Un antecedente mayor es que, en 2005, el entonces presidente Ricardo Lagos se negó a remplazar la constitución de Pinochet. Consideró suficiente hacerle un lifting, retirar la firma del dictador, poner la suya y la de sus ministros, para presentarla como “la” constitución del siglo XXI. Esto fue posible –y lo sigue siendo– porque los principios liberales inscritos en la actual constitución son compartidos, con algunos matices de diferencia, por la derecha y numerosos dirigentes socialistas, democristianos, PPD, e incluso algunos del Frente Amplio.
La victoria del rechazo marca una derrota del movimiento social iniciado en octubre de 2019, lo que allana el camino a un acuerdo entre liberales. Pero no es una derrota histórica como en 1973. El movimiento está en condiciones de recuperarse y proseguir la movilización por una constitución que no solo declare derechos democráticos y sociales, sino que además los garantice. Esto requiere un Estado con recursos, es decir propietario de las riquezas básicas del país, como el cobre, el litio, el mar, y otras.
Hace 51 años la unanimidad de diputados y senadores inscribió la nacionalización de las cinco grandes minas el cobre en la Constitución, medida que ha aportado más de 120.000 millones de dólares a la nación, lo esencial del financiamiento de los progresos de las últimas décadas. Si fue hecho una vez, puede volver a hacerse con las seis nuevas minas de cobre y financiar así una nación más solidaria.
Jorge Magasich, historiador
