Es el segundo día de paro en medio de la crisis política y social
Crónica desde Ayacucho, una ciudad golpeada por la represión
Familiares de víctimas de la violencia policial marchan con ataúdes de cartón con los nombres de los asesinados. Reclaman desde el cierre del Congreso, pasando por la renuncia de Dina Boluarte y la libertad de Pedro Castillo,
Marco Teruggi, desde Ayacucho
Página/12, 12-1-2023
Perú pide justicia. Cuarenta y seis personas fueron asesinadas en un mes de protestas. Comenzaron cuando asumió Dina Boluarte el pasado 7 de diciembre y nadie sabe ahora cuándo podrían terminar. Ocurren en particular en el sur del país, andino, marcadamente indígena, lejos en todo sentido de Lima, donde se encuentra el poder central en su edificación virreinal. Dieciocho de las 46 muertes tuvieron lugar esta semana: ocurrieron en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, de mayoría aymara, vecina de Bolivia, en lo que fue la masacre más grande desde el inicio de la crisis.
La anterior ocurrió en Ayacucho el pasado 15 de diciembre donde fueron asesinadas 10 personas. Ahora marchan con ataúdes de cartón con los nombres de las víctimas por las calles de la capital, Huamanga. “Puno, Juliaca, Ayacucho está contigo” dicen mientras avanzan por la ciudad a 2.760 metros, rodeada de montañas y barrios empinados. Es el segundo día de paro consecutivo y todo está cerrado: las 33 iglesias, los mercados de puca picante, ceviches y artesanías, los comercios, y el transporte que casi no circula. Una ciudad detenida, como varias en el sur país, mientras nuevamente ocurren represiones, esta vez con mayor fuerza en Cusco con varios manifestantes heridos.
La movilización fue convocada por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que nuclea a diferentes gremios. “Están trabajadores campesinos, del comercio ambulatorio, maestros, estudiantes, feriantes, y la población activista, la ciudadanía”, explica Estefanía Alanya, vicepresidenta del Frente, megáfono en mano en una columna de señoras con sombreros, polleras y aguayos, jóvenes, familiares de víctimas, banderas con las demandas: cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte, libertad a Pedro Castillo, Asamblea Constituyente.
Alanya cuenta de intimidaciones recientes: “los dirigentes han recibido llamadas de amenazas puesto que han salido a dar declaraciones pidiendo justicia para sus parientes asesinados o heridos, la presidenta del Frente ha sido citada ante la Fiscalía, amenaza prácticamente de que si hay algún desborde de la situación ella será condenada o de terrorismo o de disturbio”. Lo que ocurre en Ayacucho también pasa en los demás sitios donde ocurren protestas, con acusaciones de terrorismo -“terruqueo” como se conoce en Perú- y detenciones.
Los dos países
Perú parece disociado. Dos tiempos, dos países, dos realidades. Por un lado las protestas, huelgas indefinidas, ataúdes en las calles, llantos en quechua, carreteras bloqueadas, aeropuertos tomados, gases lacrimógenos, balas del Ejército calibre 5.56, estado de emergencia, ciudades militarizadas. Un país que demanda una refundación nacional, un nuevo pacto social para terminar con el que fue redactado bajo la dictadura de Alberto Fujimori en 1993 y aparece a todas luces agotado.
Por otro lado un poder centralizado en Lima aferrado a defender ese orden impugnado, que no reconoce al país movilizado. “Protestas de qué, no se está entendiendo claro qué están pidiendo (…) lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos”, afirmó Boluarte el lunes luego de conocerse la primera de las 18 muertes en Juliaca. El premier, Alberto Otárola, calificó esa misma noche a quienes se manifestaban como “hordas delincuenciales”, negó las reivindicaciones y justificó la represión.
Otárola era ministro de Defensa cuando ocurrieron las 28 muertes en diciembre. Este martes fue aprobado como premier por parte del Congreso Nacional que le dio el llamado “voto de confianza” al gabinete de Boluarte. La aprobación dejó ver la alianza entre la mandataria y las fuerzas mayoritarias de derecha en el Legislativo, las mismas que durante el año y cinco meses del gobierno de Pedro Castillo buscaron destituirlo una y otra vez: tres para ser más exactos, la última el 7 de diciembre, cuando efectivamente sucedió. Castillo había ordenado disolver el Congreso y convocar a otro con facultades constituyentes tres horas antes.
Castillo está ahora con prisión preventiva por 18 meses. En Ayacucho muchos piden por su liberación, como Regina Tinojo, “pobladora, docente”, que marcha este miércoles por Huamanga, y estuvo el 15 de diciembre en la masacre que costó la vida de 10 ayacuchanos. Quedó marcada, como muchos, en esta región que sabe trágicamente de tanta muerte: acá tuvo lugar el 40% de las casi 70.000 muertes que dejó el conflicto interno de 1980 a 1999 entre Sendero Luminoso, el Ejército, grupos paramilitares y Comités de Autodefensa.
Movilización a Lima
Varias de las organizaciones de las regiones tienen previsto movilizar a Lima, como en el caso de Ayacucho. “El señor Otárola en su discurso a la Nación señaló que no iba a permitir el ingreso de las provincias hacia la capital, entonces es necesario organizarnos mejor porque es posible que se den detenciones, impedimentos de ingreso a la capital, el pueblo de Ayacucho quiere ir masivamente”, explica Alanya. Una información similar llega de otras provincias, como Puno y Cuzco, que también buscan ir a protestar a Lima.
La posible movilización de regiones al centro del poder político forma parte de un tablero incierto. El Gobierno parece apostar a que el tiempo, el desgaste, las muertes y la criminalización terminen por tener un efecto desmovilizador. No se trata solo del Ejecutivo, sino de quienes se muestran al mando de Perú: las mayorías de derecha en el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y Policiales que adquirieron un peso cada vez mayor con la crisis. Todos parecen dispuestos a mantenerse en sus sitios aunque el número de muertos ascienda semana tras semana.
Ante esa situación son cada vez más las voces que plantean que la salida es a través de la renuncia de Boluarte. En caso de ocurrir debería también darse un cambio de mesa directiva en el Congreso, con obligación de convocar a elecciones para un máximo de nueve meses. Sería una salida electoral más cercana a la que aprobó en primera instancia el Congreso para abril de 2024, una fecha que resulta lejana en esta situación. ¿Resolvería una nueva votación la crisis que llega a los cimientos del sistema político peruano? Algo dejó claro el año y medio naufragado de Castillo: las élites limeñas no están dispuestas a permitir que un outsider haga peligrar el statu quo.
Boluarte, sin bancada ni partido propio, debe también considerar su propia situación a esta hora. Tanto ella como Otárola son ahora parte de una investigación por parte del Ministerio Público por “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes producto de la represión en diciembre y enero. La visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en curso podría arrojar nuevos elementos para esclarecer qué ocurrió en las masacres acontecidas en una de las mayores crisis del país, que nadie sabe cómo ni cuándo puede terminar.
