Por Gustavo Espinoza M.
Al unísono, los voceros más obsecuentes del neo fascismo – han puesto el grito en el cielo por los informes recientes de los organismos de Derechos Humanos, y referidos al proceso peruano de los últimos meses. Para unos, el documento de la CIDH “blinda a los terroristas”. Para otros, genera “rechazo total”.
Pero, en general, para todos los que responden a la misma monserga, el texto es “sesgado” y se deja llevar por un prejuicio “ideológico”. Así, buscan amparar al dúo Boluarte-Otarola tras un muro de expresiones sin sentido que parten de un error capital: niegan la realidad.
En verdad se trata de dos documentos, los más recientes, igualmente categóricos: el de Human Rihhts Wacht y el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del primero, han asegurado que “no tiene importancia” porque se trata de una ONG. Y del segundo, han denostado con amargura exigiendo que el Perú se aparte de la CIDH porque de ella “nada bueno se puede esperar”. Los que nada pueden esperar -salvo sanciones- son Dina, ministros Congresistas y uniformados, Nadie se salva.
Es claro que ambos informes contienen imprecisiones y que incluso, se pierden en vaguedades. Pero son importantes sus conclusiones no sólo por lo que dicen, sino también por lo que callan; por lo que no se atreven a afirmar ahora de modo categórico -aunque les consta- y optan entonces, por remitirse a una “investigación ” a futuro con la idea que ella echará luces sobre lo que ellos prefieren esquivar.
Por lo pronto, la CIDH, en el afán de “mostrar imparcialidad” y admitir la razón de ciertos “excesos”, señala como punto inicial de la crisis peruana, el “Golpe de Estado”, de Pedro Castillo, la mañana del 7 de diciembre. En verdad, debió registrar por lo menos, dos Golpes ocurridos en esa circunstancia: uno, un intento que resultó frustrado y se quedó en el papel; y el otro, que fue letal, categórico y efectivo, que derribó al mandatario elegido y cambió radicalmente el escenario nacional entregando el Poder a quienes perdieran las elecciones el 2021.
Y debió señalar además, que este segundo golpe -que contó con la complicidad de la cúpula castrense- se consumó con graves violaciones al Orden Constitucional, las leyes de la República y hasta el mismo Reglamento del Legislativo, que tiene rango de ley. Fue, por tanto, ilegal
No obstante, más allá de las debilidades que se pudo registrar en los documentos, es claro que confirman 4 verdades 0inobjetables: 1) Se registraron graves violaciones a los DD.HH, 2) Hubo ejecuciones extrajudiciales, 3) Se hizo uso de armas de guerra con efectos letales y 4) se consumaron masacres, como ocurrió en Ayacucho y en Juliaca.
Pretendiendo “rebatir” el tema de los Derechos Humanos, la prensa ultra derechista suele aludir aviesamente a los “derechos humanos” de policías y militares. Solo olvida que estos, van uniformados, protegidos y en posesión de armas a circunstancias como las registradas; en cambio la población civil, va inerme y carece de toda protección o amparo.
Además, los hombres de uniforme pueden argüir que “cumplen órdenes” y buscan “restaurar el orden público”, Adicionalmente, cuentan con el aval del régimen, el amparo de la Fiscalía y la protección de la ley. Y por si eso fuera poco, los que mandan les ofrecen Impunidad.
Cuando se habla de ejecuciones extrajudiciales, se alude a asesinatos. Y estos pueden ser directos, cara a cara, como suele ocurrir cuando se producen homicidios; o a distancia, como sucede cuando la policía mata haciendo uso de armas y sin quisiera tener idea de quién es la víctima. No hay, por cierto en la circunstancia, disposición sensata que proteja al agresor, y sí -hasta el sentido común- que ampare al agredido o a sus familiares, dada la desigualdad objetiva que registra la acción.
El uso de armas, por parte de los uniformados, no está prohibido. Está reglamentado. Se puede hacer uso de ellas, pero en determinadas condiciones y ateniéndose a ciertas normas: es el último recurso y se evita su acción letal: se dispara al aire o al suelo, y no a la cabeza ni al corazón de la víctima. ¿Es tan difícil entender eso?. Pero, además está proscrito el genocidio, las matanzas o las masacres; vale decir, el asesinato colectivo de gentes que formen parte de la población civil.
Hay quienes dicen –para justificar crímenes como estos- que “estamos en guerra” contra el terrorismo: pero aquí caben dos advertencias: los manifestantes no son terroristas. Pero además, si admitiéramos por un momento que ésta, es una guerra; tendríamos que aplicar las Leyes de la Guerra, que precisamente proscriben acciones de esta naturaleza.
En la Argentina de Videla para justificar crímenes de este orden, solía sostenerse: esta es una guerra, pero no formal. Se trata -aseguran- de una “guerra no convencional”.
En otras palabras, no caben aquí siquiera las leyes de la guerra. Todo vale. Si esto fuese así tendríamos que admitir que todo lo avanzado por la humanidad, fue inútil. Volvemos a la Edad de Piedra. Por eso lo de Ayacucho o Juliaca, nos exime de comentarios
Lo real es que estos documentos -los dos- ponen a Dina y a los suyos, en un callejón sin salida. Podrán eludir la cosa mientras sean gobierno, pero aunque les duela, eso tendrá un fin. Más temprano que tarde, la tortilla se dará vuelta, y tendrán que pagar por los delitos que se les imputa. Aquí no hay prescripciones ni fronteras.
El caso se podrá abrir aquí, o en Kalimantan del Norte, allí donde los encuentre la justicia. Por ahora, están contra la pared.
