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Lucía Sepúlveda Ruiz / www.periodismosanador.blogspot.com
Una declaración pública que interpela a la Corte Suprema por negacionismo y denegación de justicia en el feminicidio empresarial de Macarena Valdés, joven mujer mapuche, ha sido dada a conocer al cumplirse estos días 3 años de su muerte, ocurrida el 22 de agosto de 2016 en el sector de Tranguil, cercano a la localidad de Panguipulli. Macarena Valdés lideraba la lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica de propiedad de RPGlobal (hoy llamada Arroyo), empresa transnacional cuya sede está en Austria. El Grupo de Información sobre América Latina, IGLA, de Viena, Austria, es uno de los firmantes de la denuncia que pone en cuestión el rol de esa empresa y de la justicia, acusando negacionismo del feminicidio.
La familia Collío Valdés, la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, la Coordinadora Feminista 8 M y el Comité Feminista Socioambiental impulsaron esta interpelación, a la cual han adherido más de cincuenta organizaciones de Chile y el mundo, entre ellas diversos colectivos mapuche del Wallmapu, así como decenas de organismos de derechos humanos activos en territorios ubicados desde Antofagasta hasta Puerto Montt. También se han hecho parte de esta denuncia organizaciones campesinas como ANAMURI, otros colectivos feministas urbanos, y organizaciones socioambientales como el MAT, Movimiento por el Agua y Territorios, así como medios de comunicación populares. Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente en Ecuador, y en Chile, Alvaro Ramis, nuevo rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano también firmaron la declaración.
En el comunicado público, los firmantes dicen que Macarena, «La Negra» para sus cercanos, «nos interpela porque es mujer, porque es mapuche, porque es pobre y también porque la mataron por no querer vivir sometida a los intereses del capital transnacional». Llaman la atención sobre el hecho que la empresa austríaca se irá de Chile, y puso en venta la central de paso inaugurada después del feminicidio. RP Global partiría sin responder tampoco a la demanda de la lamngen Julia Quillempan, de la misma comunidad de Macarena, por haber usurpado territorio ancestral al instalarse sin consulta indígena ni evaluación de impacto ambiental.
Macarena tenía 32 años, era madre de 4 niños, y su opción de vida, junto a su pareja, Rubén Collío, era vivir en el Walmapu, en contacto directo con la tierra, con el agua, con la semilla y con sus ancestros. Así dejaron Santiago unos años atrás y eran parte de la comunidad mapuche con la que lucharon en defensa de su territorio. Sólo un día antes del crimen de sicarios, a Macarena la amenazaron en su casa trabajadores de RP Global diciéndole que «algo malo le iba a pasar». Tras su muerte, RP Global se apresuró en poner el cableado eléctrico faltante para echar a andar la minicentral de Paso Tranguil.
La declaración denuncia nuevas amenazas. La empresa SAESA, la misma que como subcontratista de RPGlobal instaló el cableado eléctrico al día siguiente del funeral, ahora vulnera los derechos ancestrales de la comunidad williche Alto Fundo de Gamboa, en la isla de Chiloé, emulando las nefastas prácticas de la transnacional austríaca. El proyecto de transmisión eléctrica de SAESA también fue aprobado sin evaluación de impacto ambiental ni consulta indígena.
Esta semana se realizan diversas actividades conmemorativas en Santiago, Concepción, Temuco, Coñaripe y en otras ciudades y localidades comenzaron antes. El programa de actividades de Tres Años sin Macarena Valdés está disponible en el Facebook Justicia para Macarena Valdés y estará ligado a las luchas que se están desarrollando en cada región contra el avance del extractivismo y la usurpación del agua. Macarena, es considerada un estandarte de la lucha socioambiental feminista en Chile, desde las movilizaciones del pasado 8 de Marzo y en el 1° de mayo feminista.
