Sithu Aung Myint
A l’encontre, 18-3-2021
Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa
El 17 de marzo quedará como el día en que la junta gobernante eliminó todos los periódicos impresos independientes. Además, desde finales de febrero muchos periodistas han sido detenidos: 39 periodistas fueron arrestados entre el 1 de febrero y el 15 de marzo. Diez de ellos fueron acusados de violar el artículo 505A del código penal, que fue modificado el 14 de febrero de 2021 para penalizar cualquier declaración sobre la ilegitimidad del golpe de Estado del 1° de febrero y todo tipo de denuncia del gobierno. Las penas de prisión por estos motivos pueden ser de hasta tres años. Cinco de los periodistas encarcelados están retenidos sin que se hayan presentado cargos concretos en su contra. Algunos de ellos están recluidos en la prisión de Insein (en Yangon) y en varios casos no se conoce el lugar de detención. La prensa digital sigue siendo el único canal de información independiente.
Los ataques a los manifestantes por parte de la policía y del ejército tienen como objetivo matar y sembrar el terror. Por ejemplo, en Kalay, una ciudad de la región de Sagaing, en el oeste de Birmania, el miércoles 17 de marzo, la policía y el ejército mataron a cinco jóvenes manifestantes y «secuestraron» a cinco heridos de cuyo estado de salud y paradero no se sabe nada. Por el momento, esa política de terror no ha podido frenar las manifestaciones. La Junta está aumentando la presión sobre los bancos privados para que reabran sus servicios y un número importante de empleados se ha sumado al Movimiento de Desobediencia Civil (MDC, por sus siglas en inglés).
El juicio por «corrupción», además de otros cargos, contra los dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia (LND) fue nuevamente aplazado hasta el 24 de marzo. La Junta sólo permitió que dos abogados asesoraran a Aung San Suu Kyi, e ignoró otras demandas. (Redacción A l´encontre)
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El movimiento de desobediencia civil de Myanmar contra el régimen militar ha adoptado múltiples formas, como la huelga de funcionarios, las protestas callejeras masivas y el boicot a las empresas vinculadas al ejército (Tatmadaw). Pero en las últimas semanas se ha abierto un nuevo frente en la lucha: una campaña de «castigo social» contra las familias de los altos cargos del régimen.
A través de las redes sociales han sido identificados los familiares de los generales, indicando dónde viven, qué trabajos desempeñan y a qué universidades extranjeras asisten sus hijos. Luego invitan a la gente a condenarlos al ostracismo, a humillarlos y a boicotear sus empresas.
Entre las personas que han sido identificadas hasta ahora figuran Ma Khin Thiri Thet Mon, hija del jefe del Tatmadaw, el general de división Min Aung Hlaing, y fundadora de la productora de películas de gran presupuesto 7th Sense Creation, así como la nuera del generalísimo, Ma Myo Yadana Htike, fundadora de la productora de telenovelas y concursos de belleza Stellar Seven Entertainment.
Desde la toma del poder por parte de los militares, algunas de las personalidades del mundo del cine y la música que habían sido contratadas por esas y otras empresas de comunicación vinculadas a los militares han declarado que ya no trabajarán para las mismas.
Los activistas han identificado también a los hijos de los generales que asisten a escuelas y universidades en el extranjero, instando a los expatriados de Myanmar y a la población local a condenar al ostracismo a esos estudiantes.
Ma Nan Lin Lae Oo, que estudia en la Universidad japonesa de Toyo [en Tokio], es la hija del general Kyaw Swar Oo. Los activistas lo consideran responsable de los disparos mortales contra manifestantes pacíficos en Mandalay, entre ellos Ma Kyal Sin, de 19 años, que se convirtió en la «mártir prodemocrática» más destacada de Myanmar desde su muerte el 3 de marzo. A través de internet, le pidieron a la universidad japonesa que le retirara la beca a Nan Lin Lae Oo y al gobierno japonés que le cancelara la visa.
Los esfuerzos de sanción social han sido muy importantes, al punto de que algunos de los destinatarios cerraron sus cuentas de Facebook o buscan pasar desapercibidos. Otro efecto de esas campañas es que otras personalidades vinculadas a los militares condenan enérgicamente el golpe de Estado, ya sea por convicción o por el deseo de proteger su notoriedad y de conservar a sus adeptos. La actriz y bloguera de belleza Nay Chi Oo, que es la hija del ex oficial del Tatmadaw y empresario U Myo Myint Sein, ha apoyado públicamente y donado dinero al Movimiento de Desobediencia Civil (MDC). A principios de febrero, escribió un mensaje en Facebook en el que le pedía disculpas a su padre y le rogaba que comprendiera su posición.
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En circunstancias normales, las tácticas de la campaña probablemente equivaldrían a un ciberacoso, o al menos a una violación flagrante de la privacidad. Pero las circunstancias actuales no son normales, y aunque la ética de la campaña pueda debatirse, hay que entenderla en el contexto de la larga y oscura historia del gobierno militar en Myanmar. Para algunos ex presos políticos y activistas prodemocráticos de larga data, que sufrieron en carne propia el castigo social por parte de la junta anterior, la campaña es una forma de revancha.
Son disidentes que no sólo estuvieron encarcelados durante años y fueron torturados; tras su liberación, tanto ellos como sus familias fueron deliberadamente marginados, por lo que en muchos casos no pudieron reintegrarse en la sociedad. Los miembros de sus familias que trabajaban en la administración pública fueron despedidos o se les negó cualquier oportunidad de ascenso. También se les retiró o negó el pasaporte, lo que les impedía huir al extranjero, y la inteligencia militar presionó a los directores de las escuelas para que no aceptaran a sus hijos. Los maestros y profesores de esos niños fueron también invitados a discriminarlos, y se les pedía abiertamente a sus compañeros de clase que no se relacionaran con ellos. Ese ostracismo se mantuvo durante décadas.
Mientras tanto, los generales y los suyos, enriquecidos gracias a las diversas formas de corrupción, podían enviar a sus hijos a escuelas y universidades para la élite en el extranjero. De vuelta en su país, esos estudiantes contaban con los contactos de sus padres y con las riquezas obtenidas por éstos mediante el saqueo para crear grandes empresas en Myanmar.
En cambio, los hijos de la mayoría de los ciudadanos de Myanmar no tienen acceso a una educación adecuada ni a oportunidades económicas y a menudo acaban trabajando para empresas que son propiedad de los generales y sus aliados. Así, se sienten sometidos a una clase dirigente compuesta por familias de militares.
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Ahora, el pueblo de Myanmar se defiende boicoteando los productos de las empresas controladas por los militares, con actos de desobediencia civil y con la campaña de castigo social. Los budistas de Myanmar ven la vergüenza pública como un castigo kármico [relacionado con el karma] por las malas acciones de los generales.
En una sociedad justa, ningún hijo debería pagar por las faltas de sus padres, pero esta campaña es el producto natural de décadas de injusticia y de resentimiento. Este legado nefasto sólo puede superarse con el fin de la dictadura militar y con el resurgimiento de la democracia y de los derechos humanos en Myanmar. (Artículo publicado en Frontier Myanmar, 18-3-2021: https://www.frontiermyanmar.net/)
