Saúl Escobar Toledo, México
El fin del sexenio reclama un conjunto de revisiones de las políticas públicas, las
enmiendas legales y sus resultados. Una de las más importantes y complejas se
refiere a la reforma laboral de 2017 – 2019. Si bien los cambios constitucionales
se llevaron a cabo en el sexenio anterior, las reformas a la Ley Federal del Trabajo
y su implementación correspondieron al periodo del presidente López Obrador.
Para tratar de analizar este asunto, propongo observarlo en diferentes planos: 1)
La ley, es decir, el texto de las reformas; 2) Las instituciones encargadas de su
implementación; 3) El entorno político y económico en que se aprobó y se ha
puesto en práctica; y 4) la respuesta de los trabajadores mexicanos a dicha
reforma.
Cada una de estas dimensiones del análisis tiene características propias, pero al
mismo tiempo están interrelacionados. De esta manera, si alguna se modifica, se
puede alterar el conjunto. Sin embargo, es necesario discutir cada una de ellas en
lo particular para después integrar el análisis y entender las posibilidades de una
transformación de las relaciones laborales y el surgimiento de un nuevo
movimiento sindical en México. Aquí un resumen de este examen:
El texto de la ley. La reforma constitucional y las enmiendas a la LFT fueron
propuestas por el presidente de la república en turno (Peña Nieto en 2017; y
AMLO en 2019) y votadas por el Congreso de la Unión. No obstante, ambas
fueron discutidas y aprobadas en un lapso relativamente breve. La participación de las organizaciones de trabajadores, abogados y especialistas fue escasa. Lo anterior fue resultado de las presiones internacionales para aprobar las reformas y
paradójicamente de algunas presiones internas para no hacerlo. En lo que toca a
las reformas a la LFT, el flamante gobierno de AMLO y los legisladores de
MORENA seguramente pensaron que era el momento propicio para poner en los
textos legales un conjunto de propuestas que se habían discutido al menos
durante veinte años por abogados y sindicalistas democráticos; incluso fueron
propuestas en la Cámara de Diputados varias veces por dirigentes de la UNT
(pilotos y telefonistas) que habían sido electos como diputados bajo las siglas del
PRD.
A pesar de la premura, los textos aprobados tienen una virtud innegable: recogen
la idea de un sindicalismo democrático y participativo, y la necesidad de una
nueva justicia laboral suprimiendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Así,
construyeron, en el papel, una realidad inédita, completamente nueva en el país.
Las Instituciones. Las reformas crearon nuevas instituciones, particularmente el
Centro de Conciliación Federal y los estatales; y los juzgados laborales del Poder
Judicial. Ninguna de estas instituciones tenía antecedentes ni legales ni prácticos
en la vida del país. Por ejemplo, los jueces laborales eran figuras completamente
ajenas a la realidad y la normatividad legal de nuestro país. De esta manera, se
habilitaron togados laborales prácticamente de un día para el otro. El resultado ha
sido dispar, aunque parecería que ha privado la actuación de jueces que poco entienden de asuntos laborales, o interpretan mal su función, o francamente han decidido apoyar a las empresas.
En cierto modo, lo anterior refleja la baja estima que el derecho laboral ha tenido
en nuestra sociedad en las últimas décadas. Y es que los asuntos del trabajo
dejaron de ser una preocupación del Estado mexicano: las relaciones obrero-
patronales y los conflictos laborales fueron sometidos a una forma peculiar de
regulación, basada en contratos de protección y sindicatos fantasma. Además, las
instituciones laborales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dejaron de
funcionar en la práctica. Los incrementos se decidían en el Banco de México y la
Secretaría de Hacienda.
Por lo anterior, el Centro de Conciliación y los juzgados laborales empezaron a
funcionar con profesionistas que no recibieron la preparación académica
adecuada ni han tenido una práctica profesional ad hoc. Sin duda, se requiere una
capacitación intensiva de nuevos funcionarios y un diálogo con las universidades
del país para que actualicen y mejoren la preparación académica de sus alumnos,
acorde con las nuevas instituciones.
A pesar de todo, la implementación de la reforma en sus primeros años consistió
en la desaparición de miles de contratos colectivos y sindicatos ficticios, lo que a
mi modo de ver puede considerarse un gran logro ya que removió estos
instrumentos que eran legales, pero al mismo tiempo un obstáculo para la
organización libre de los trabajadores.
El entorno político y social. Las reformas constitucionales y a la LFT fueron
resultado de un conjunto de circunstancias históricas que se presentaron en corto
tiempo y que propiciaron una situación inédita: la presión de los socios
comerciales de un tratado que construyó EU para tratar de frenar la influencia de
China; la sorpresiva derrota de los demócratas en las elecciones de 2016 en ese
país frente a un candidato ajeno al establishment político; luego, el propio fracaso
del personaje, Trump, para reelegirse; y la victoria de Biden, el cual tuvo que
rehacer sus relaciones con los sindicatos y redefinir sus políticas públicas en
materia de trabajo y economía. Uno de los resultados de estos cambios, fue el
nuevo TMEC y su capítulo laboral. Por otro lado, ocurrió el triunfo de AMLO en las
elecciones de 2018, lo que trajo una nueva política, sobre todo en materia de los
salarios mínimos. Posteriormente, con la presión de EU, el gobierno presentó un
proyecto de reformas a la LFT en materia de democracia sindical y justicia laboral.
Esta sucesión de mudanzas reflejó algo más profundo. El mundo sufrió una
transformación en la medida en que los gobiernos de los países desarrollados,
principalmente EU, abandonaron el esquema del libre comercio para adoptar el del
comercio regulado por razones políticas internas y su creciente pugna con China.
En el caso de México, con el TMEC, dicho cambio se tradujo en que, ahora, el
gobierno de EU vigila que las empresas multinacionales respeten los derechos de
los trabajadores en México. Un fenómeno imposible de imaginar hace muy poco
tiempo.
El problema es que la integración económica con Estados Unidos ha sido afectada
por los vaivenes de la política interna de nuestro vecino norteño. Las elecciones
de noviembre y el triunfo de Trump podrían cambiar radicalmente la relación
bilateral incluyendo los asuntos laborales.
Así las cosas, el avance de la reforma laboral no depende exclusivamente de las
políticas internas del gobierno de México. Sin embargo, la opinión de los
trabajadores y sus organizaciones sindicales serán indispensable para la toma de
decisiones del futuro gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre todo, si se
presenta una grave confrontación con Estados Unidos.
La respuesta de los trabajadores. La reforma laboral, como hemos expuesto, se
construyó en una coyuntura excepcional. Por ello, los trabajadores han asimilado
muy lentamente las oportunidades que abrieron los cambios ocurridos entre 2017-
- A lo anterior hay que agregar la existencia de una “cultura” laboral que se
fomentó durante décadas debido a la existencia de sindicatos ficticios o
acostumbrados a pactar con las empresas dócilmente sin consultar a sus
agremiados. También, con una política laboral que trató de mantener un mercado
de trabajo controlado con bajos salarios, pobres condiciones de trabajo y cero
conflictos. En este contexto, los sindicatos se convirtieron en organizaciones ajenas a los
trabajadores, distantes de sus problemas cotidianos (sus condiciones de trabajo:
accidentes, insalubridad, abusos patronales, impago de horas extras, inmovilidad del escalafón, etc.) e incapaces de proporcionar una mejoría de sus ingresos laborales.
Bajo estas circunstancias, los trabajadores se acostumbraron a la inmovilidad, el
conformismo e incluso el rechazo a la organización colectiva. Se generalizó la
cultura de la resignación, el individualismo y la ignorancia de la Ley y las
experiencias de lucha sindical.
Cambiar esa cultura es indispensable para el avance de la reforma laboral. Para
ello se requiere una acción concertada entre las organizaciones democráticas y el
gobierno federal para difundir los derechos laborales. Pero también y, sobre todo,
las organizaciones sindicales tienen que demostrar que son capaces de conquistar
nuevos logros, como la semana de 40 horas. Asimismo, que pueden renovarse y
abrir espacios para las nuevas generaciones. Y que la toma de decisiones
colectivas debe ser un modo de vida cotidiano.
En cualquier caso, debe quedar claro que la democratización de los sindicatos no
dependerá de la voluntad de las autoridades laborales sino de la movilización de
los trabajadores. La reforma laboral abrió un camino. Después de tantos años de
silencio, la voz de los trabajadores empieza a escucharse. Para algunos
débilmente, para otros con mayor claridad que en el pasado inmediato. Lo que
parece innegable es que se ha iniciado una ruta de cambio. Ya veremos quienes
se estacionan en el pasado y aquellos que apuestan al futuro.
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