Manuel Aguilar Mora *
Ciudad de México, 5-4-2023
La atroz tragedia sucedida en la norteña ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo conmocionó a México y al mundo entero. 39 migrantes murieron incinerados o asfixiados y otros 29 resultaron heridos algunos gravemente (uno de los cuales falleció en el hospital), en el incendio de un supuesto albergue de migrantes que era en realidad una cárcel, ha puesto al desnudo la infamia de la política migratoria del gobierno de Washington, de la cual el radical cambio de la política migratoria decidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2019 convirtió a su gobierno en la principal prolongación de la Border Patrol en el propio suelo mexicano. La Guardia Nacional desde entonces ha detenido a más migrantes que los otros gobiernos precedentes de Fox, Calderón y Peña Nieto. (1). Tal resultado es la consecuencia de una reunión a mediados de 2019 en la que AMLO al decir de Donald Trump “se dobló” de inmediato ante las amenazas de éste de subir los aranceles a las exportaciones si su gobierno no se involucraba aún más en la contención en sus fronteras del flujo creciente de migrantes centroamericanos y caribeños con destino a Estados Unidos (EUA). De este modo AMLO en vez de poner en práctica su plan expuesto en la campaña electoral de reorientar por completo la política de migración de hecho agravó y profundizó el giro de la política migratoria de Peña Nieto que se había traducido en la colaboración cada vez mayor del ejército y la Marina con la política migratoria de Washington de contención de los flujos crecientes de migrantes.
Así las 68 migrantes víctimas del incendio en el albergue-cárcel de Ciudad Juárez son una pequeña pero macabra muestra de la condición de represión, de xenofobia, de racismo, de violencia, de humillaciones y sufrimientos de esos cientos de miles de migrantes. El villano inmediato de esta tragedia es el siniestro Instituto Nacional de Inmigración (INM) el encargado oficial por parte del gobierno mexicano de ocuparse del problema, pero la situación, como es evidente no sólo en el caso de la frontera entre México y EUA sino en todos los procesos migratorios del mundo, corresponde a una de las llagas más purulentas del capitalismo mundial cuyas víctimas son los más pobres y explotados de todos los países. De las 39 víctimas mortales 28 eran de Guatemala, 13 de Honduras, 13 de Venezuela, 12 de El Salvador, 1 de Colombia y 1 de Ecuador.
La reacción oficial
La reacción gubernamental obradorista ha sido, como era de esperarse, lenta e hipócrita. Empezando por el presidente AMLO quien en su primera mención de la tragedia un día después de sucedida sólo le dedicó breves minutos y detalló que habrían sido “algunos extranjeros quienes iniciaron el incendio que provocó la tragedia al prender fuego a colchones como protesta para evitar ser deportados”. Según él, los propios migrantes habían provocado su desgracia y pasó a comentar otros temas con risas y puntadas. El escándalo que subía en los medios nacionales y extranjeros ante las dimensiones terribles del bárbaro acontecimiento obligó a AMLO a cambiar su enfoque. En las mañaneras de los siguientes días prometió ir hasta el fondo del asunto y castigar a los culpables de la criminal negligencia cuando un video que fue presentado en las pantallas de todo el mundo mostraba con horror como se iniciaba el incendio con los migrantes encerrados protestando y se veía a los guardianes que en lugar de abrir las rejas para que salieran del encierro corrían para afuera y abandonaban a los migrantes a su atroz destino. La insensibilidad manifiesta de las autoridades comenzó a salir a la superficie. El propio secretario de Gobernación reconoció que el video mundialmente difundido lo habían conocido ellos pero que para evitar “confusiones” no lo habían dado a conocer. También se supo que el director del albergue-cárcel, un almirante retirado, había ordenado dejar encerrados a los migrantes. AMLO debió de organizar una comisión especial con la secretaria encargada de seguridad, una de las más importantes de su gabinete y decidió el 31 de marzo volar a la propia Ciudad Juárez.
“La tragedia en Ciudad Juárez ha sido uno de los episodios más dolorosos de mi gobierno […] lo confieso me ha dolido mucho. Me ha dañado […] Me partió el alma”, expresaba su cambio de actitud. (La Jornada, 30.03.2023). La situación obligaba a recurrir a la retórica arrogante de los discursos ante las multitudes de las plazas, pero AMLO no pudo velar la incongruencia de su “humanismo mexicano” con la realidad aberrantemente inhumana desplegada por las instancias oficiales de migración de su gobierno: migrantes de hecho encarcelados, a los que se les trata humillante y despóticamente por guardianes que son en la práctica policías de empresas privadas contratadas por el gobierno, sin concederles la debida alimentación llegando incluso a privarles de agua para saciar su sed, amontonados en celdas asfixiantes, yaciendo en colchones contraindicados para dichas celdas por su material inflamable y otras más terribles circunstancias.
La corrupción imperante
Los hechos fueron sucediéndose a partir de las realidades que mostraban, expandiéndose y comprometiendo a figuras de todos los niveles del gobierno, desde los más bajos hasta los más altos. Lo que de inmediato fue constatado transformándose en uno de los primeros escándalos del acontecimiento fue que la tragedia afectaba directa e inequívocamente a dos de los secretarios más importantes del gobierno, señalados desde hace dos años por el propio AMLO como posibles sucesores suyos en la presidencia de la República: Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López secretario de Gobernación. De acuerdo al organigrama gubernamental el INM es una dependencia de Gobernación lo cual hizo que las miradas se dirigieran al jefe institucional del ramo, Adán López quien de inmediato eludió responsabilidades y reiteró que en el gobierno de AMLO se había decidido que los asuntos migratorios serían encargados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea de Marcelo Ebrard, su competidor en la carrera por lograr la candidatura obradorista a la presidencia de la República en las elecciones de 2024. Por supuesto, Ebrard no tardó en responder pero la cuestión estaba ya en la polémica pública: ¿en dónde, en quién recaía la responsabilidad política de tamaña atrocidad?
La respuesta está gestándose y como consecuencia están saliendo a la superficie hechos que señalan los negocios y las corruptelas de siempre, tradicionales. En primer lugar, tenemos la hipocresía del gobierno de AMLO cuando se dice vanguardia de la lucha contra el neoliberalismo económico y ha seguido recurriendo a la práctica neoliberal fundamental de la privatización de los servicios públicos. Fue el propio AMLO quien declaró que el sistema de albergues-cárceles se convirtió en un multimillonario negocio de empresas privadas. A partir de 2020 se trató de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) de un tal Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul del gobierno de Daniel Ortega de Nicaragua en las ciudades norteñas de Saltillo y Monterrey. Los contratos obtenidos con el gobierno llegan a más de 3 mil millones de pesos. Pero no sólo con Gobernación, SEICSA tuvo y tiene contratos, los tiene también con la Fiscalía General de la República, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el IMSS y quince instituciones gubernamentales más. Se ha denunciado que a los empleados se les pagan salarios irrisorios por jornadas diarias de 12 horas de trabajo con penalizaciones cuando faltan. En 2022 el INM cambió de empresa y adjudicó un contrato de 165 millones de pesos al Grupo de Seguridad Privada CAMSA, cuyo nombre comercial es Grupo Tank. (“Francisco Garduño: una gestión de opacidad y derroche” en Proceso, 02.04.2023). Junto a Ebrard, AMLO entregó la política migratorio a un viejo amigo suyo, Francisco Garduño durante años uno de los administradores del sistema nacional de cárceles. Con Garduño la opacidad y el derroche de los enormes recursos, no autorizados por la Cámara de Diputados, del INM son manejados bajo el común denominador de la corrupción y la ineficiencia. “[La] Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) etiqueta para el INM los gastos en sueldos y salarios, mientras la dependencia financia sus gastos de operación con los ingresos derivados del cobro de cuotas migratorias. […] En 2021, según la Auditoria Superior de la Federación, el INM gastó 3.5 veces el monto que le fue asignado por la SHCP y autorizado por la Cámara de Diputados”. (Ibidem). Con Garduño a la cabeza y a la sombra de Ebrard la política migratoria ha sido la fuente de negocios vinculados a las operaciones del INM tanto reales como de papel de cientos de millones de pesos.
Vinculado directamente a lo anterior está la cuestión de los dólares que seguramente Washington envía para sufragar parte de los gastos del programa “Quédate en México” de los miles de migrantes con destino a EUA que son detenidos en el país. La total oscuridad rodea a este asunto. En una mañanera AMLO declaró que algo que le ayuda a enfrentar esta situación es que “hemos venido haciendo mucho por los migrantes”. Aseguró que “hay constancia de que México ha insistido con los presidentes estadunidenses Donald Trump en su momento y ahora con Joe Biden de invertir para atender las causas de la migración; sin embargo, hay la visión en la Unión Americana de atender problemas sociales sólo con el uso de la fuerza. Hay que estar duro y dale pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos, porque ya cuando salen, cuando algunos llegan a acuerdos con traficantes de personas, los llamados polleros, es muy difícil que se queden en México, ya traen el propósito de llegar Estados Unidos”. (La Jornada, 31.03.2023).
El salpicadero del escandalazo macabro no ha sido posible detenerlo a pesar de los intentos oficiales. Por ejemplo, en el Senado, antes de entrar en el periodo vacacional de primavera, se propuso llamar a comparecer a los responsables de la política y la administración de los albergues-cárceles, o sea a Ebrard, a Adán López y al jefe del INM Francisco Garduño. La votación para llamar a los tres personajes se perdió por sólo dos votos de diferencia. Se produjo una división de la bancada morenista, con su jefe Ricardo Monreal, también aspirante a suceder a AMLO en la presidencia, votando por llamar a comparecer a sus competidores ante el Senado. Sólo se aceptó llamar a Garduño.
Calderón, Peña Nieto y López Obrador: semejanzas y diferencias
A pesar de la conversación política dominante, con la omnipresencia cotidiana de las mañaneras del presidente, la cuestión millonariamente verbalizada por los dichos de AMLO, de sus funcionarios y seguidores de todo tipo, la noción de que “en el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no somos iguales a los anteriores” no impidió que la atrocidad ocurrida en Cd. Juárez de inmediato fuera relacionada con las atrocidades emblemáticas de sus predecesores. Con Calderón el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora en junio de 2009 y con Peña Nieto la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014. Se trata en los tres casos de crímenes de Estado, pero dentro de esta semejanza existen las diferencias, en especial una entre las dos primeras atrocidades y la actual ocurrida en Cd. Juárez. La reacción popular ante un hecho inaudito que cayó por afuera de las mentalidades dominantes, incluso en los sectores avanzados. Pero la implacable realidad ha sacudido a todo un pueblo, hasta los obradoristas han debido enfrentarse a ella, como lo demuestra Epigmenio Ibarra, uno de los más inteligentes y articulados propagandistas de López Obrador, quien afirmó en su cuenta de Twitter: “Ante la dolosa tragedia migrante no habrá ocultamiento como lo hubo en la Guardería ABC y en Ayotzinapa, ni una operación de Estado para encubrir a los responsables; se llegará a fondo, se castigará a los culpables, no habrá impunidad”. Sus palabras son sonoras y tajantes en la narrativa justificadora del presidente, pero absolutamente insinceras, sino es que francamente cínicas. Mucho más evidente que los casos anteriores, en estos días presenciamos como AMLO proyecta el mismo film ya visto. Francisco Garduño, que debía de haber renunciado automáticamente el día siguiente de la tragedia, ni siquiera ha hecho una declaración oficial. Pero lo más escandaloso es el comportamiento del propio AMLO con sus dos secretarios directamente responsables Adán López y Marcelo Ebrard, a los que protege y arropa. “En el gobierno trabajamos unidos” ha declarado sin inmutarse. Así las señales indican que como en los casos de la guardería y de Ayotzinapa la culpabilidad quedará finalmente abajo e incluso muy abajo de la escalera burocrática, sin tocar a ningún personaje cercano al Palacio Nacional.
Pero también ha habido diferencias, en especial una fundamental que es determinante en la definición del momento político tan complejo y contradictorio por el que atraviesa la política mexicana. Después del incendio de la Guardería ABC en el que murieron 49 niños menores de cinco años y resultaron heridos más de 100, la investigación fue atraída por la Suprema Corte días después de ocurrida la tragedia y se señaló al ex director del IMSS Juan Molinar Horcacitas y al entonces gobernador priista de Sonora Eduardo Bours como responsables principales de la misma. El litigio siguió durante meses, pero la inmediata consecuencia política fue que, meses después en las elecciones a la gubernatura de Sonora, el PRI que monopolizó el poder estatal durante décadas perdió las elecciones siguientes. El movimiento de solidaridad con las familias afectadas por la desgracia de la perdida de sus hijos se hizo masivo y las movilizaciones solidarias se dieron en Hermosillo, en otras ciudades sonorenses e incluso en la Ciudad de México.
El caso de los 43 desaparecidos y asesinados en Ayotzinapa en 2014 conmovió a México y al mundo. Sucedió cuando el gobierno de la restauración priista de Peña Nieto no tenía ni dos años, pero significó prácticamente el fin político de su sexenio y la preparación de la acumulación de las condiciones que permitieron el arrollador triunfo de AMLO en las elecciones de 2018. La reacción nacional fue enorme con movilizaciones masivas en varias ciudades de la República, incluida la Ciudad de México, destacando en especial una realizada diez días después de los hechos que concentró a varios centeneras de miles en el Zócalo. La oposición al decrépito PRI era universal y aunque ya muy mermada existía una izquierda claramente antipriista.
Muy diferentes son los acontecimientos posteriores al incendio del albergue-cárcel de los migrantes de Cd. Juárez. Los hechos han pasmado a una gran parte de la población. Por supuesto, la xenofobia y el racismo se han enseñoreado en la mente de amplios sectores. En la propia Cd. Juárez no se han registrado movilizaciones masivas de repudio al gobierno federal de quien dependía directamente el cuidado de los migrantes. La visita de AMLO a la ciudad fue menos que bienvenida. De hecho el presidente municipal juarense Cruz Pérez Cuellar, un antiguo panista reciclado hoy como morenista, es uno de los provocadores más notorios del odio contra los migrantes, siendo sus acciones represivas contra ellos realizadas días antes del incendio anuncios macabros de la tragedia, Y al nivel nacional el pasmo y la confusión reinante ante la constante provocación oficialista de un gobierno concentrado ante todo en los acuerdos con los diversos protagonistas políticos que le garanticen victorias electorales, con la mira puesta en “la grande” o sea las elecciones presidenciales de 2024 para garantizar la hegemonía autoritaria del obradorismo. Todo ello combinado con la casi total ausencia de una izquierda socialista y por la dominación de una mentalidad colectiva muy individualista y estrechamente nacionalista ajena al pensamiento crítico y a la solidaridad. Por ejemplo, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, la “corcholata” preferida de AMLO, una antigua estudiante universitaria izquierdista Claudia Sheinbaum, organizó en el Zócalo cinco días después de la tragedia, una multitudinaria fiesta para bailar al ritmo de Cumbia con varios conjuntos musicales.
El internacionalismo de los pueblos
La crisis de los movimientos migratorios en América, en Europa, en Asia, en África ante todo se ceba sobre la vida y el destino de los millones de seres humanos, hombres y mujeres, más oprimidos, humillados y sufridos del mundo, se da por arriba de las fronteras nacionales. Es un proceso de dimensiones mundiales, sistémico y estructural en las condiciones prevalecientes de las sociedades capitalistas cuyas causas profundas están en su naturaleza explotadora, en su afán insaciable de acumular riqueza a costa del empobrecimiento de las mayorías trabajadoras y oprimidas. Son movimientos por arriba de las fronteras nacionales cuya solución sólo puede ser también por arriba de ellas. Sin embargo, las condiciones dominantes capitalistas, en particular sus expresiones imperialistas, se yerguen como obstáculos insuperables de una solución hasta la raíz de los movimientos migratorios. De hecho, la real solución de esta crisis migratoria sólo será posible al nivel de una transformación social internacional. Una solución internacionalista en la que prive la solidaridad y la justicia necesariamente tendrá que ser anticapitalista.
Mientras tanto es necesario luchar por demandas que pongan fin a las condiciones inhumanas y represivas de las que son víctimas los migrantes. Migrar no es delito, por tanto, no se trata de un problema judicial sino de solidaridad y generosidad humanas.
En primer lugar hay que romper con la política migratoria de Washington, puesta en práctica por la Casa Blanca ya sea ocupada por los demócratas o los republicanos. Hay que dejar de ser acólitos de la Border Patrol y liquidar el siniestro INM. Aparentemente, según lo declaró el presbítero Alejandro Solalinde al salir del Palacio Nacional después de un entrevista con AMLO, se discute la cuestión, así como que los militares dejarán de ser partícipes el nuevo proyecto. (La Jornada, 05.04.2024). La reivindicación de los más elementales derechos humanos es absolutamente necesaria, vigente, impostergable. Los migrantes son hombres y mujeres con derechos a ser alimentados, a estar en alojamientos habitables no en cárceles, a transitar libremente por el territorio, a disponer de los servicios médicos adecuados y residir en la sociedad en donde fueron acogidos no para explotarlos y reprimirlos.
Al otro lado de la línea fronteriza, activistas de Texas y Nuevo México se manifestaron con carteles que decían a los migrantes “No están solos” e impugnaban el trato criminal que los gobiernos de Biden y su cómplice mexicano les daban. La colaboración con las fuerzas que en EUA se oponen a la política migratoria de Washington es crucial en esta lucha de defensa y de solidaridad con las masas de migrantes de mexicanos, centroamericanos, caribeños y sudamericanos. Esta movilización internacionalista es la expresión de vanguardia de la lucha revolucionaria de los pueblos. En América las luchas de liberación y emancipación ya no son sólo “nacionales”. Una revolución guatemalteca natural e inmediatamente será salvadoreña y hondureña, en la práctica la expresión de la revolución centroamericana. La revolución en cualquier país de América del sur será la representación de la revolución sudamericana. Y la revolución en México repercutirá en el acto en los pueblos hermanos centroamericanos y en el norte en su principal aliado, el p ueblo de EUA, o mejor, en el multiétnico pueblo negro, blanco, asiático y latinoamericano de EUA. Será, ya es la lucha internacional por un mundo sin fronteras.
Resumiendo, en México, los acontecimientos de la tragedia de Cd. Juárez inciden en el periodo final del sexenio del gobierno obradorista en donde se acumulan entre otras varias difíciles cuestiones, las que van desde una completa y radical transformación de la política migratoria al escándalo del mayor fraude en la historia del gobierno (que supero a la llamada “Estafa maestra” del gobierno de Peña Nieto) en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) cifrado en más de 10 mil millones de pesos cometido durante 2019-21 efectuado cuando el organismo estaba bajo la dirección de Ignacio Ovalle, un amigo de AMLO, pasando por los problemas de seguridad que ya son motivo de fricciones cada vez más graves con el gobierno de EUA por la circulación de las drogas (en esta ocasión la droga en disputa es el fentanilo), por parte de los carteles delincuentes mexicanos hacia el país vecino. Cuestiones que se agravarán en el próximo periodo que en junio de 2024 coincidirán con las elecciones presidenciales mayores de la historia del país que cada vez más son numerosas las señales que anuncian serán las más complicadas y tensas de la historia reciente mexicana. El clima de intolerancia se despliega al ritmo de los ataques que constantemente expresa AMLO en sus declaraciones cotidianas más que informativas propagandísticas, empezando con sus ya molestas mañaneras, por donde uno a uno pasan por la crítica, el sarcasmo y la mala fe manifiesta de AMLO los cada vez más numerosos opositores, que él llama “sus adversarios”, que están surgiendo por todo México..
* Manuel Aguilar Mora, militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS), profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), En 1968 integró el Comité de lucha de Filosofía y Letras al lado de José Revueltas. Autor de numerosos libros sobre la historia política, económica y social de México.
Nota
1) “De enero a noviembre de 2022, la Patrulla Fronteriza registró alrededor de 2 millones 300 mil arribos. De esa cantidad, 750 mil son mexicanos (32.6%). De los migrantes extranjeros, una parte importante proviene de Guatemala (alrededor de 200 mil), El Salvador (80 mil) y Honduras (180 mil). Además, se disparó el flujo de solicitantes de refugio provenientes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, incluso superando a los provenientes de países centroamericanos. Sólo de enero a noviembre de 2022, los cubanos detenidos en la frontera sumaron alrededor de 264 mil, los de Nicaragua 180 mil y los de Venezuela unos 160 mil”. (Información de Diego Badillo, investigador de El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, publicada en su artículo “Estados Unidos y México privilegian contención de migrantes”, El Economista, 15/01/2023
