El gobierno mexicano comenzó el año con una medida impopular que causó centenas de movilizaciones en 30 ciudades del país, cuando decidió ajustar hasta en un 20 por ciento el precio de venta al público de los combustibles. Catedráticos afirman que el ajuste es un requisito para avanzar en la privatización de un mercado hasta entonces estatal y monopólico.
Eliana Gilet, desde Ciudad de México
Brecha, 10-3-2017
El gasolinazo fue anunciado como una decisión del gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, para alinear los precios internos del combustible (naftas y gasoil) con los del mercado internacional. Así, se fijó un cronograma de ajustes de precios de venta al público que comenzó con un aumento de hasta 20 por ciento, continuó con dos ajustes en febrero que no se hicieron, y a partir del 18 de ese mes el precio de las gasolinas fluctúa día a día, con una diferencia ya anunciada de hasta 50 centavos por litro.
“La decisión fue tomada de cara al proceso de integración energética con Estados Unidos, pero no sólo generó irritación social, sino una preocupación fundada en los impactos inflacionarios que tendrá, de manera profusa, en otros precios de la economía mexicana”, explica el maestro en políticas públicas Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía de la Unam.
“En enero ya se rebasaron las perspectivas de inflación quincenal de 1,5 por ciento, cuando anualizada para el año 2017 era de cuatro puntos porcentuales. Para el cierre del mes la inflación se ubicó en 1,8 por ciento, y se espera que la anualizada, con el alza del precio de los combustibles, rebase los seis puntos en el año. Esto significa malas noticias durante todo el año para el bolsillo de los mexicanos”, agregó.
El catedrático argumentó que otro cantar sería si el aumento se hubiese planificado como parte de una política pública que pretendiera corregir cuestiones como el cambio climático, pero afirma que la decisión está directamente relacionada con el proceso de apertura a las importaciones de nafta y gasoil, cuya producción hasta el 1 de enero era monopolio de Petróleos Mexicanos, Pemex.
Sigue el director de la Facultad de Economía: “Cuando el gobierno aprobó la reforma energética, en 2014, decidió abrir el mercado de combustibles a la inversión privada, argumentando que al haber otros productores que compitieran con Pemex se daría un abatimiento de los precios. Ahora vemos que está sucediendo todo lo contrario”.
¿El gasolinazo es el primer paso tangible de esta reforma estructural? “Sí, aunque el discurso del gobierno sea distinto y lo explique como una respuesta a la coyuntura de los precios internacionales.”
El día que el precio de las gasolinas comenzó a ajustarse diariamente, Peña Nieto convocó a una inédita reunión en Los Pinos, en el salón donde suele reunirse con sus secretarios de Estado, con una parte de los periodistas y directores de los medios masivos de comunicación. Treinta y un “líderes de opinión” escucharon las explicaciones del primer mandatario sobre cómo funciona la fórmula para ajustar los precios diariamente. Se hace con base en dos variables: el precio internacional del petróleo y la relación entre el peso mexicano y el dólar, dijo.
“La coyuntura de enero fue devaluatoria para el peso, lo que incrementa los precios de todo lo importado. Es posible que la situación del gasolinazo se repita, porque ahora estamos dejando que el mercado internacional decida el precio de venta interno”, agregó Vega López.
Alejandro Álvarez Béjar prefiere presentarse como “socioeconomista”, es también profesor de la Unam y está asociado al Comité 68. Explicó que aunque el esquema del gasolinazo sea complicado de entender, la gente vio que ese aumento brusco impactará en cascada sobre el resto de los precios, principalmente en los de los productos de primera necesidad. Y sostuvo que en realidad el anuncio adelantó la liberalización del precio de las gasolinas, algo que originalmente la Secretaría de Hacienda tenía previsto para 2018 y que nunca se explicó públicamente por qué se hizo un año antes.
“El gobierno argumentó que era necesario cambiar la forma en que se fija el precio de la gasolina diciendo que la ley de la oferta y la demanda (y ya no un precio controlado monopólicamente por Pemex) va a bajar a la larga los precios al consumidor, pero se eligió para hacerlo un momento en que el peso tiene una devaluación significativa.” Por otra parte, explica Álvarez Béjar, en el mercado de Texas, de donde se abastece la mayor parte de México, el petróleo está especialmente bajo (es el más barato de Estados Unidos) desde hace siete u ocho años. “Atendiendo al mecanismo previsto, resulta inexplicable por qué un aumento tan drástico. Lo que está realmente detrás es que los nuevos grupos que van a distribuir la gasolina, los privados que entran en este mercado, exigieron una especie de cobertura del riesgo cambiario, haciendo que el ajuste del precio de venta al público sea el que cubra sus inversiones futuras. Se están adelantando a lo que pueden llegar a perder: el gasolinazo es el colchón que exigieron los empresarios privados para entrar al negocio local.”
El problema, coinciden ambos expertos, es que casi un tercio del ingreso del gobierno federal proviene de la renta petrolera. Así, el otro gran flanco que abre el gasolinazo está asociado a las finanzas públicas. “En México se decidió, décadas atrás, que más del 40 por ciento del presupuesto federal se respaldara con recursos provenientes de la venta del petróleo. Ahora, al abrir la importación desmedida de combustibles, Pemex va a dejar de captar los recursos que antes captaba, entonces ¿de dónde se va a financiar el gasto público?”, cuestionó Vega. Lo van a financiar los consumidores de las gasolinas, los que salieron a protestar a las calles en más de 30 ciudades mexicanas, que van a pagar de más.
“Con ese nivel de aumento el gobierno podrá captar unos 300 millones de pesos en recursos fiscales que necesita para tener margen de acción en 2018, año electoral. Pasó directamente la carga de la financiación pública a la población y pretende que eso pase sin disconformidad”, dijo Álvarez Béjar.
Así, el gasolinazo se explica de manera doble: fue un ajuste ocasionado por la presión del lobby empresarial del petróleo y, a la vez, la nueva fuente de ingresos para el presupuesto federal.
Chau Pemex
La parte conflictiva de todo esto, entiende Álvarez Béjar, es que mientras la liberalización avanzaba en los planes gubernamentales, se le iban imponiendo recortes a la empresa estatal. “La actividad en la zona petrolera del sureste está paralizada desde hace meses porque Pemex dejó de pagar a sus proveedores. Estos ajustes ya han provocado el despido de miles de trabajadores en Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, y provocaron una contracción de la actividad económica en esa región”, agregó. Mientras, en el norte, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, como en Mexicali, Baja California, la respuesta social también ha sido muy fuerte porque el transporte público es malo y todo el mundo depende de los autos para trasladarse.
“Pemex ya trabaja a la mitad de su potencial, está sobreendeudada, y si atendemos a que el dinamismo de una región entera depende de esa empresa, la situación se vuelve una locura completa. ¿Quién sobreendeudó a Pemex? ¿Quién acabó con las reservas del petróleo mexicano? Decidieron exportar el crudo a Estados Unidos, dejaron de invertir en refinerías, estancaron la producción nacional. El deterioro de la capacidad productiva de Pemex fue deliberado”, afirma Álvarez Béjar.
¿Pemex está siendo desmantelada? Responde Vega López: “En 2009 se tomó la decisión de construir una refinería en el estado de Hidalgo, se hizo la licitación pero nunca se llevó a cabo. Las inversiones no han llegado de manera masiva al país como se especulaba, y las que llegaron están usando la infraestructura de Pemex. No hay inversión directa nueva porque las trasnacionales están arrendando las estaciones, los ductos, todo lo ya existente para suministrar los combustibles que ellos importan. La importación desregulada de gasolinas y diésel no incentiva la inversión directa”.
Álvarez Béjar no duda de que la economía mexicana ya vive una situación de fragilidad, en la que crece la deuda y decae el producto bruto interno. “Llevamos más de dos meses con protestas populares que se van a mantener. El segundo ajuste del gasolinazo fue congelado por temor a la protesta social. El mecanismo propuesto para ajustar el precio a futuro es enredado y falso. Están comprando la gasolina más barata que nunca y la venden más cara que nunca. ¿Quién les cree ya?”
Lo que también aparece en el horizonte como “daño colateral” del gasolinazo, apunta el director de la Facultad de Economía, es que se están sentando las bases para que México se vuelque –como lo ha hecho Estados Unidos durante los últimos diez años– a la explotación del shale gas en lugar del petróleo.
“Desde el punto de vista energético y ambiental eso sería poco recomendable. La extracción del gas de lutitas (también llamado de esquisto) no es como sacar petróleo. Es más difícil acceder a él porque implica fracturar rocas muy profundas del subsuelo para extraerlo”, advierte Vega. El fracking es la técnica utilizada para esto, y requiere grandes inversiones y tecnología de punta que sólo manejan los grandes conglomerados mundiales de energía. Una vez más, los beneficiados son los emporios trasnacionales. “Lo peor de esta técnica es que lleva a inyectar miles de metros cúbicos de agua por segundo en el subsuelo, en un país donde la escasez de este recurso ya está generando problemas”, concluyó Vega.
Mientras tanto, en el primer día de marzo, el quilo de tortillas de maíz –base de toda la comida mexicana– costaba 16 pesos. Hace un año costaba 11.