Por Juan Fran Torres
Santiago de Chile, 7 de diciembre de 2025. Esta semana finalmente se zanjó uno de los mayores dolores de cabeza para el Ejecutivo, la Megatoma de San Antonio. El plazo para el desalojo total vencía el 4 de diciembre y se trata de la “toma más grande de Chile”, con alrededor de 4 mil familias y más de 10 mil personas que habitan en ella.
Después de una larga presión popular y de la permanente insistencia de distintos dirigentes y dirigentas por el derecho a la vivienda en la Región Metropolitana, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, avanzó con la decisión de la expropiación de 100 hectáreas, un mecanismo legal utilizado para fines de interés público, como la construcción de infraestructuras, desarrollo de proyectos estatales o la redistribución de la tierra.
Esta acción, quizás sea la decisión más importante que haya tomado este gobierno. El ministro, Carlos Montes, además anunció el impulso de un proyecto habitacional destinado a las familias afectadas, con el fin de mitigar el impacto social. Tanto el Ministerio de Vivienda como el SERVIU ya habían avanzado en diferentes formas de organización, entre ellas la creación de 40 cooperativas, para poder dar respuesta a la compleja situación en la Megatoma de San Antonio.
Ante la negativa de los propietarios de los terrenos de llegar a un acuerdo y luego de meses de intensos diálogos con el apoyo de una comisión técnica independiente cuyo informe también fue rechazado por los dueños del terreno, el MINVU y el SERVIU de Valparaíso activaron las facultades legales para expropiar 100 de las 215 hectáreas correspondientes al Lote 1-A del Cerro Centinela, comuna de San Antonio, donde hoy se concentra la mayoría de las familias asentadas. El costo estimado de la expropiación es de $11 mil millones, pagando el Estado 0,25 UF por metro cuadrado.
Lo cierto, es que, la derecha intenta alardear, cuando en realidad el Estado desde hace mucho tiempo debió intervenir para impedir que un negocio millonario terminara perjudicando a miles de familias. Iván Poduje, asesor en materia de vivienda de José Antonio Kast, fue uno de los primeros en criticar la medida, pese a ser ampliamente conocido por sus estrechos vínculos con el sector inmobiliario y por operar, además, con una red de trolls dedicada a difundir información falsa y de promover ataques contra dirigentes sociales y populares. Poduje es, hoy por hoy, la principal carta de José Antonio Kast para asumir el Ministerio de Vivienda en un eventual gobierno, lo que ha generado preocupación entre diversas organizaciones sociales.
Su historial tampoco ayuda, tanto él como la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro con quien mantiene una estrecha relación, se opusieron a la construcción de viviendas sociales en esa comuna de la zona sur de Santiago. Afortunadamente, la presión social y la movilización popular permanente de las y los pobladores lograron revertir esas maniobras, permitiendo que los proyectos de viviendas sociales siguieran adelante.
Es importante recordar que, el exalcalde de Recoleta y especialista en urbanismo, Daniel Jadue, fue el primero en proponer al Gobierno que avanzara con la expropiación de los terrenos de la Megatoma de San Antonio. En ese momento fue duramente criticado por sectores del gobierno, de la oposición y por los grandes medios de comunicación, que lo acusaron de ser “irresponsable”, “populista”, “fuera de la realidad” y de promover un supuesto modelo “extremo” similar al del expresidente Hugo Chávez en Venezuela.
Esta trascendental decisión constituye una de las acciones más importantes de las y los pobladores de Chile, quienes gracias a la presión popular lograron que el Gobierno aprobara una medida que beneficiará a miles de familias en Chile.
