El vocero de No+AFP, candidato a la convención por el distrito 10, señala que la nueva Carta Magna debe reconocer «el derecho inalienable de todos los habitantes de nuestro territorio a la seguridad social» pero que el nuevo sistema previsional que propone -un organismo público que administre los fondos de pensiones- debe ser discutido en el Congreso.
¿Qué ha significado para usted competir en el distrito 10?
Bueno, muchos esfuerzos. En primer lugar porque es un distrito muy competitivo, además es muy grande, con una extensa población. Quizás la sorpresa que nos hemos llevado es que siendo parte de un movimiento social que presenta una demanda tan importante como la seguridad social, hemos tenido la fortuna de ser muy bien recibidos a la ciudadanía. Creo que esa ha sido la característica que nos sorprendió más de lo que esperábamos nosotros.
¿Qué implica para usted realizar una restitución a rango constitucional de los derechos sociales?
Parece complejo, pero es muy simple. En la Constitución se reconoce el tema de los derechos como la salud, la educación, la seguridad social y que estas prestaciones están garantizadas por el Estado a través de organismos públicos y privados. Cuando en esta Constitución se incorporó a los organismos privados, se entendió como un negocio y que es la lógica que ha predominado. Eso hay que erradicarlo de manera contundente y con eso se simplifica el tema, de forma tal que el debate posterior a la aprobación de la Constitución Política tenga que ver con efectivamente garantizar que estos derechos se cumplan eficientemente.
En ese sentido, ¿qué influencia podría tener en los derechos sociales si se establece un Estado solidario?
Seguramente ha escuchado a candidatos que quieren cambiar a un Estado garantista de derechos y acabar con el Estado subsidiario. Es correcto pero no basta solamente con esa parte de la declaración. Creo que hay que bajar una segunda fase que es cómo se financian esos derechos.
¿Cómo se imagina que debe quedar el tema previsional en la nueva Constitución?
En la nueva Constitución debiera establecerse el derecho inalienable de todos los habitantes de nuestro territorio a la seguridad social. Y que esta garantía el Estado la entregará a través de un organismo público cuya expresión será reflejada en una norma de menor cuantía, que deberá resolverse en el Congreso. No creo que sea en la Constitución Política donde quede establecido esta nueva propuesta previsional.
¿Qué otros pilares cree que deben estar presentes y ser incorporados al momento de escribir la Carta Fundamental?
Esta nueva Constitución tiene que asignarle al trabajo una importancia predominante de reconocimiento constitucional, de forma que el trabajo como derecho debe estar garantizado también a toda la sociedad. Lo que supone además reconocer el trabajo y al portador de éste sus derechos. Por ejemplo, el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva más allá de la instancia limitada que están establecidas en el actual Código del Trabajo. Creo que esto va a ser fundamental en este debate.
¿Cómo podría construirse un Estado con un semi federalismo, tal como lo ha planteado en su propuesta?
Sí, nosotros estamos intentando primero acabar con esta idea del Estado unitario. Lo hemos dicho muchas veces. Esta suerte de Estado unitario está dominado por la oligarquía de los Matte, los Larraín, los Walker, los Zaldívar. Hemos dicho también que no tenemos una postura acabada pero sí una idea general que esta suerte de macrozonas en el fondo se parece un poco al tema organizacional que tiene España, en la forma de organización de las regiones. Estas macrozonas pueden tener efectiva autonomía jurídica, política y económica. Eso significaría también querer reconocer en este nuevo Estado un carácter plurinacional.
La actual Constitución plantea que “la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso”. ¿Cuáles podrían ser las razones de que esta descentralización no haya sido funcional en la práctica?
El Estado centralizado y unitario supone que la decisión financiera del Estado radica única y exclusivamente en el Presidente. Cuando cambiemos el régimen político, que espero que se haga, hay que imaginarnos una nueva forma de funcionamiento del Estado chileno. Insisto que el tema de la macrozona es una idea que no parece tan descabellada, que además permita asignarle potencialidades a los sectores que efectivamente tienen la posibilidad única de poder hacerlo.
