Columna de opinión por Luciana Ghiotto
Diario Universidad de Chile Miércoles 21 de septiembre 2022
Luciana Ghiotto[1]
En las últimas semanas, especialmente a partir de la victoria del rechazo al texto de la Constitución, se ha visto una presión descomunal de la derecha económica sobre el gobierno de Gabriel Boric para que apure la aprobación del Tratado Transpacífico (TPP-11) en el pleno del Senado. Ese último paso para la aprobación ha quedado en suspenso desde 2019, cuando la sociedad civil chilena movilizada logró frenar dicho proceso. Mostrando técnica y políticamente los problemas del TPP-11, parecía haberse generado un consenso tácito progresista de que este tratado iría en contra de cualquier proyecto de cambio de la matriz neoliberal en el país.
Por ello ha provocado sorpresa el anuncio de algunos sectores del gobierno de que este sería el momento para volver a poner el TPP sobre tablas. Pero lo que más ha llamado la atención es la reciente extraña convicción de los funcionarios, quienes sostienen que con algunas “cartas adjuntas” (side letters como se conocen en inglés) el tratado podría ser “mejorado”. Se ha hecho foco en particular en el “mecanismo de resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Eso es algo que nosotros sí lo pusimos explícitamente en nuestro programa de gobierno”, como señaló el Senador Juan Ignacio Latorre[2].
Lo más notorio es que el gobierno está compuesto por una gran cantidad de integrantes que conocen los problemas profundos del TPP. Por ejemplo, en 2015 Carlos Figueroa, actual asesor de la Presidencia en temas internacionales retomaba las palabras de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, acerca de cómo el TPP “perjudicaría a las naciones en vías de desarrollo como Chile, en áreas como medio ambiente y derechos digitales”[3]. Por su parte, el actual Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, sostuvo ante esta Radio en 2021 que “no es correcto que se vaya a reactivar la economía con el TPP-11 (…) los accesos de mercado que genera el TPP son mínimos, en tanto ya tenemos un acuerdo comercial con todos los países miembros”[4]. Sin embargo, y a pesar de la mirada crítica al tratado en su conjunto, los funcionarios sostienen que con la firma de las cartas adjuntas se lograría “poder cumplir con nuestro programa de gobierno” [5]. ¿Es esto posible?
Qué son las cartas adjuntas y por qué no alcanzan para modificar la esencia del TPP-11
La firma de side letters a los tratados de libre comercio se ha vuelto una práctica cada vez más común, dado que estos tratados incorporan tantas disciplinas diferentes (que van mucho más allá del simple “comercio” y acceso a mercados), que algunos Estados solicitan ciertas salvaguardas para algunas temáticas.
Con respecto al TPP-11, la experiencia de cartas adjuntas existe porque Nueva Zelanda firmó cinco cartas adjuntas con Perú, Australia, Brunei, Malasia y Vietnam, para limitar el acceso de los inversores provenientes de estos países al mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS por su sigla en inglés) contra Nueva Zelanda. Este mecanismo permite a los inversores extranjeros demandar a Estados en foros arbitrales internacionales si comprenden que una política pública afecta de cualquier modo su propiedad o su ganancia. Dicho mecanismo está incluido en el Anexo B del Capítulo 9 sobre Inversiones del tratado.
¿Qué podemos concluir de la experiencia de Nueva Zelanda? Sin dudas, este país logró restringir el acceso a un mecanismo perjudicial para la capacidad regulatoria estatal. Este mecanismo ISDS ha sido el motivo de demandas contra países latinoamericanos en 327 ocasiones, según un reciente informe[6]. Sin embargo, mientras que el mecanismo de cartas adjuntas es válido, su efectividad práctica se encuentra minada por diversos factores: Nueva Zelanda ya contaba con otros tratados que otorgan a los inversores el mecanismo ISDS, incluso tratados de protección de inversiones bilaterales con algunos de estos países; los inversores tienen la capacidad de saltar este tipo de restricciones haciendo lo que se conoce como “shopping de tratados”, donde estos eligen qué tratado usar para demandar a un Estado; y tercero, la posibilidad de que nuevos países accedan al TPP-11 en el futuro, como Gran Bretaña que ha comenzado negociaciones formales para sumarse al bloque.
Entonces, ¿son suficientes las cartas adjuntas para modificar la esencia de todo el TPP? La respuesta es no.
El TPP está compuesto por 30 capítulos. De estos, sólo 7 capítulos refieren a temas específicos de comercio (comercio de bienes, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros). Un capítulo específico sobre Inversiones incluye también el mecanismo ISDS mencionado. Entonces, ¿qué incluyen los otros 22 capítulos? Incluyen compromisos en materia de compras públicas, servicios, comercio electrónico, telecomunicaciones, propiedad intelectual, servicios financieros, coherencia regulatoria, medio ambiente, asuntos laborales. La cantidad de disciplinas cubiertas convierten al acuerdo en una especie de pulpo que atrapa todo aquello del espacio público que pueda ser convertido en privado, dando libre acción a las empresas y empujando el modelo primario-exportador, y restringiendo la acción de la política pública en todos los sectores mencionados.
Los impactos que tendrá el TPP-11 entonces deben ser analizados de modo integral, no por capítulos. Hace años que desde diversos sectores académicos y sociales venimos explicando que acuerdos como el TPP son negativos en su integralidad[7]. Nada modifica que el TPP-11 sea el peor tratado de libre comercio de la historia; ni siquiera restringiendo el acceso al mecanismo ISDS para los inversores extranjeros. Como los propios funcionarios sostienen, no hay modo que el tratado colabore en la construcción de un modelo de desarrollo diferente para Chile, uno que empuje niveles de industrialización a la vez que respete derechos humanos, laborales y de la naturaleza.
Confiar en estas cartas adjuntas es entonces no sólo un error técnico, sino una tremenda burla política. Parece increíble que después de tantos años de debate tengamos que sacar nuevamente a relucir argumentos técnicos. No hay nada que no se haya discutido ya sobre el TPP-11. Pero como vemos, el problema a esta altura no es técnico, sino político. Esperamos entonces que el gobierno “resista archivo” y se encuentre a la altura de las circunstancias de lo que su propia ciudadanía exigió en las protestas de 2019: no al TPP-11.
[1] Luciana Ghiotto es investigadora de carrera en CONICET-Argentina, con sede en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Profesora adjunta de Economía Política Internacional. Es colaboradora del Transnational Institute (TNI) y coordinadora de la Plataforma América Latina mejor sin TLC.
[2] https://www.cnnchile.com/pais/latorre-tpp11-votos-senado-aprobacion-independiente-postura-apruebo-dignidad_20220915/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=pMd_Ssyr3kg
[4] https://radio.uchile.cl/2021/01/10/jose-miguel-ahumada-por-tpp-11-la-salida-de-mas-libre-comercio-en-un-contexto-en-el-cual-el-comercio-esta-mermado-no-se-sustenta/
[5] https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2022/09/12/ministra-urrejola-y-subsecretario-ahumada-exponen-estrategia-de-side-letters-y-di%C3%A1logo-por-tpp-11-al-comit%C3%A9-pol%C3%ADtico
[6] https://isds-americalatina.org/
[7] https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/09/17/las-9-razones-de-la-agrupacion-chile-mejor-sin-tlc-para-rechazar-el-tpp-11.html
